La diputada Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México, señaló que el 64.2 por ciento de las mujeres desaparecidas oscilan entre los 10 y 24 años, en el caso de los hombres, la mitad de los desaparecidos tiene entre 20 y 40 años de edad.
Agregó que las causas probables de la desaparición en el caso de las mujeres, 45 por ciento que se señala que salió de su casa y nunca más volvió, es decir, “prácticamente 4 de cada 10 de estas jovencitas salieron y la familia nunca supo qué paso con ellas”.
Durante una reunión de trabajo con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer las acciones emprendidas respecto de la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó si instrumentarán algún programa de prevención, búsqueda e identificación.
La directora general de Cooperación Internacional de la PGR, Jessica de la Madrid Tellez, explicó que trabajan en continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, aplicables a los casos de desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres de acuerdo con estándares internacionales.
Se ha solicitado, dijo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un apoyo extraordinario de la Unión Europea para poder contratar expertos que conozcan del sistema de administración y procuración de justicia mexicana, perspectiva de género y una opinión experta que auxilie a llevarlo al sistema acusatorio.
“Estamos llevando a cabo una serie de reuniones para poder adecuar de acuerdo a estándares internacionales una página que pueda ser compartida con todas las procuradurías de los estados para que cada estado pueda tener noticias de las denuncias que se están haciendo y poder iniciar las investigaciones correspondientes para la localización de las personas”, dijo.
También se trabaja en crear o actualizar una base datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y una base de datos de la información personal, principalmente genética, tanto de familiares de las victimas como de las desaparecidas, particularmente de niñas o mujeres que fueran privadas de la vida en Chihuahua y el resto del territorio nacional.
Precisó que en la base de datos genético participan agentes internacionales. “Nos dimos a la tarea de buscar en el mundo cuál sería la mejor forma de tener una base de datos confiable, segura y de un rigor técnico investigativo pericial absoluto; en este sentido se solicitó al FBI la donación de un software denominado CODIS, en el cual un perito especializado en medicina forense tendrá que llenar 17 campos para poder determinar la personalidad y el ADN de la persona que está siendo atendida”.
Abundó que el FBI está donando a México un sistema CODIS, el cual responde a la Ley de Identificación de ADN de 1994 de los Estados Unidos. Mencionó que ya se firmó el acuerdo, por lo que a más tardar en un mes la PGR ya contará con el equipo.
“En el momento de estar buscando la mejor forma de poder contar con un código genético para dar cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero y perfeccionar los sistemas de investigación criminal en cuanto a técnica pericial-investigativa y de acuerdo a los recursos del país, fue que se solicitó la intervención del FBI y se le pidió el código, ya que es el más completo”.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA) precisó que la instancia a su cargo no tiene competencia en cuanto a los casos de niñas y mujeres desaparecidas, pero sí actúa en colaboración con la Procuraduría de Chihuahua.
Refirió que de 2008 al día de hoy, la oficina norte de la Fiscalía ha recibido un total de 56 reportes de mujeres desaparecidas. De ellas: 23 fueron en 2008; 24, en 2009, y de enero al 22 de junio de 2010 van 9.
En 2008, agregó, fueron localizadas 15; en 2009, 12; hasta junio del presente año, se han encontrado a 8, por lo que, de 56 reportes de mujeres desaparecidas han sido localizadas un total de 35.
Respecto a las acciones para coadyuvar con las investigaciones del secuestro, violencia sexual y asesinato de las víctimas del Campo Algodonero, de acuerdo a los estándares establecidos, “estamos con la procuraduría de Chihuahua en colaboración, porque FEVIMTRA, ya no tiene la competencia”.
Destacó que la Fiscalía analiza la posibilidad de perfeccionar el Protocolo Alba, en el sentido de que no sólo sea cuando una mujer desaparece sino extenderlo a niñas y jóvenes.
“Nuestro único interés es encontrar a esa mujer o niña desaparecida, no hay intereses ocultos ni económicos y de ningún tipo, pero sí pensamos que si convocamos a la sociedad civil y a las organizaciones que ya trabajan el tema podemos establecer redes en donde las primeras 48 horas de desaparecidas son vitales, por ello, es que vamos a pedir la intervención de todos los que formamos esta sociedad”.
Respecto del sistema Codis que se comparte con los Estados Unidos, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), cuestionó el plan para extenderlo al total de las entidades federativas, el plazo y los mecanismos de evaluación que se están implementando tanto para el área de estandarización como para la parte del registro de datos genéticos y el impacto de la capacitación.
Dijo que muchas de las desapariciones y algunos de los homicidios de mujeres están relacionados con el fenómeno de la trata, ya que el patrón de mujeres que desaparecen con el novio la mayor parte de las veces son ganchos de las organizaciones para secuestrar y apoderarse de una menor para fines de explotación sexual.
Más adelante, la diputada Adriana Terrazas Porras (PRI), opinó que lo más lamentable del caso Campo Algodonero es que haya sido la Corte Interamericana la que vino a dar justicia a las mujeres de Ciudad Juárez. “No es posible que a estas alturas se siga regateando el cumplimiento de la sentencia”.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) señaló que la impartición de justicia tiene que estar por encima de cualquier tinte político, por lo que no importa qué tan encumbrado esté un funcionario si se trata de impartirla y lo que se busca es fincar responsabilidad a todos los involucrados.
Tampoco –dijo- podemos esperar a que la renuncia por responsabilidad de un funcionario se deje a criterio del mismo funcionario.
Respecto a la indemnización, mencionó que a estas alturas no se ha podido indemnizar a las víctimas por la pérdida de un ser querido y menos que se hable de que no hay recursos o que están etiquetados.
Aunque precisó que Chihuahua fue en 2009 uno de los estados que presentó uno de los mayores subejercicios de recursos en materia de seguridad pública: 11 millones de pesos.
Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cuestionó el hecho de que el FBI done un software para establecer un código nacional de ADN y se utilice en el esclarecimiento de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Parece que para poder resolver un caso tienen que estar solicitando ayuda de todo mundo y recursos: qué bueno que ya vamos a tener forenses tipo las series de televisión”.
Preguntó si en el tema de la capacitación real a los funcionarios en cuanto a la perspectiva de género, el titular de la PGR, “ya tomó un curso que lo sensibilice; es de vital importancia en este país que el procurador asuma que las mujeres son seres humanos y que no nada más envíe representantes”.
Agregó que las causas probables de la desaparición en el caso de las mujeres, 45 por ciento que se señala que salió de su casa y nunca más volvió, es decir, “prácticamente 4 de cada 10 de estas jovencitas salieron y la familia nunca supo qué paso con ellas”.
Durante una reunión de trabajo con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para conocer las acciones emprendidas respecto de la Sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó si instrumentarán algún programa de prevención, búsqueda e identificación.
La directora general de Cooperación Internacional de la PGR, Jessica de la Madrid Tellez, explicó que trabajan en continuar con la estandarización de todos los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, aplicables a los casos de desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres de acuerdo con estándares internacionales.
Se ha solicitado, dijo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un apoyo extraordinario de la Unión Europea para poder contratar expertos que conozcan del sistema de administración y procuración de justicia mexicana, perspectiva de género y una opinión experta que auxilie a llevarlo al sistema acusatorio.
“Estamos llevando a cabo una serie de reuniones para poder adecuar de acuerdo a estándares internacionales una página que pueda ser compartida con todas las procuradurías de los estados para que cada estado pueda tener noticias de las denuncias que se están haciendo y poder iniciar las investigaciones correspondientes para la localización de las personas”, dijo.
También se trabaja en crear o actualizar una base datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y una base de datos de la información personal, principalmente genética, tanto de familiares de las victimas como de las desaparecidas, particularmente de niñas o mujeres que fueran privadas de la vida en Chihuahua y el resto del territorio nacional.
Precisó que en la base de datos genético participan agentes internacionales. “Nos dimos a la tarea de buscar en el mundo cuál sería la mejor forma de tener una base de datos confiable, segura y de un rigor técnico investigativo pericial absoluto; en este sentido se solicitó al FBI la donación de un software denominado CODIS, en el cual un perito especializado en medicina forense tendrá que llenar 17 campos para poder determinar la personalidad y el ADN de la persona que está siendo atendida”.
Abundó que el FBI está donando a México un sistema CODIS, el cual responde a la Ley de Identificación de ADN de 1994 de los Estados Unidos. Mencionó que ya se firmó el acuerdo, por lo que a más tardar en un mes la PGR ya contará con el equipo.
“En el momento de estar buscando la mejor forma de poder contar con un código genético para dar cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero y perfeccionar los sistemas de investigación criminal en cuanto a técnica pericial-investigativa y de acuerdo a los recursos del país, fue que se solicitó la intervención del FBI y se le pidió el código, ya que es el más completo”.
Por su parte, Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (FEVIMTRA) precisó que la instancia a su cargo no tiene competencia en cuanto a los casos de niñas y mujeres desaparecidas, pero sí actúa en colaboración con la Procuraduría de Chihuahua.
Refirió que de 2008 al día de hoy, la oficina norte de la Fiscalía ha recibido un total de 56 reportes de mujeres desaparecidas. De ellas: 23 fueron en 2008; 24, en 2009, y de enero al 22 de junio de 2010 van 9.
En 2008, agregó, fueron localizadas 15; en 2009, 12; hasta junio del presente año, se han encontrado a 8, por lo que, de 56 reportes de mujeres desaparecidas han sido localizadas un total de 35.
Respecto a las acciones para coadyuvar con las investigaciones del secuestro, violencia sexual y asesinato de las víctimas del Campo Algodonero, de acuerdo a los estándares establecidos, “estamos con la procuraduría de Chihuahua en colaboración, porque FEVIMTRA, ya no tiene la competencia”.
Destacó que la Fiscalía analiza la posibilidad de perfeccionar el Protocolo Alba, en el sentido de que no sólo sea cuando una mujer desaparece sino extenderlo a niñas y jóvenes.
“Nuestro único interés es encontrar a esa mujer o niña desaparecida, no hay intereses ocultos ni económicos y de ningún tipo, pero sí pensamos que si convocamos a la sociedad civil y a las organizaciones que ya trabajan el tema podemos establecer redes en donde las primeras 48 horas de desaparecidas son vitales, por ello, es que vamos a pedir la intervención de todos los que formamos esta sociedad”.
Respecto del sistema Codis que se comparte con los Estados Unidos, la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), cuestionó el plan para extenderlo al total de las entidades federativas, el plazo y los mecanismos de evaluación que se están implementando tanto para el área de estandarización como para la parte del registro de datos genéticos y el impacto de la capacitación.
Dijo que muchas de las desapariciones y algunos de los homicidios de mujeres están relacionados con el fenómeno de la trata, ya que el patrón de mujeres que desaparecen con el novio la mayor parte de las veces son ganchos de las organizaciones para secuestrar y apoderarse de una menor para fines de explotación sexual.
Más adelante, la diputada Adriana Terrazas Porras (PRI), opinó que lo más lamentable del caso Campo Algodonero es que haya sido la Corte Interamericana la que vino a dar justicia a las mujeres de Ciudad Juárez. “No es posible que a estas alturas se siga regateando el cumplimiento de la sentencia”.
La diputada María Antonieta Pérez Reyes (PAN) señaló que la impartición de justicia tiene que estar por encima de cualquier tinte político, por lo que no importa qué tan encumbrado esté un funcionario si se trata de impartirla y lo que se busca es fincar responsabilidad a todos los involucrados.
Tampoco –dijo- podemos esperar a que la renuncia por responsabilidad de un funcionario se deje a criterio del mismo funcionario.
Respecto a la indemnización, mencionó que a estas alturas no se ha podido indemnizar a las víctimas por la pérdida de un ser querido y menos que se hable de que no hay recursos o que están etiquetados.
Aunque precisó que Chihuahua fue en 2009 uno de los estados que presentó uno de los mayores subejercicios de recursos en materia de seguridad pública: 11 millones de pesos.
Por el PT, la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, cuestionó el hecho de que el FBI done un software para establecer un código nacional de ADN y se utilice en el esclarecimiento de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Parece que para poder resolver un caso tienen que estar solicitando ayuda de todo mundo y recursos: qué bueno que ya vamos a tener forenses tipo las series de televisión”.
Preguntó si en el tema de la capacitación real a los funcionarios en cuanto a la perspectiva de género, el titular de la PGR, “ya tomó un curso que lo sensibilice; es de vital importancia en este país que el procurador asuma que las mujeres son seres humanos y que no nada más envíe representantes”.
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