Tras declararse en sesión permanente, la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, aprobó un punto de acuerdo que presentará mañana ante la Comisión Permanente como de urgente y obvia resolución, a través del cual pide la salida inmediata de la fuerza pública de la mina de Cananea y del municipio, así como la instalación urgente de una mesa de diálogo y de construcción de acuerdos.
Del mismo modo, plantea citar a comparecer a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Hacienda, para que expliquen el origen y destino, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, de las inversiones anunciadas en el orden de los 113 mil millones de pesos para la reactivación económica de la mina de Cananea, así como el esquema de participación del Grupo México en este compendio financiero y los plazos específicos para su aplicación.
El presidente del órgano legislativo, Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI) refirió que en su comparecencia, el secretario del Trabajo deberá presentar, “con ánimo de conciliación y acuerdo”, un proyecto del esquema de contratación en la mina de Cananea bajo el antecedente y consideración de los logros sindicales conseguidos.
Agregó que también se cita al secretario de Gobernación a que comparezca a fin de que explique la razón de no establecer una mesa de diálogo y construcción de acuerdos durante el conflicto laboral, conforme al acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y para que demuestre la agenda de acuerdos nacionales sobre los problemas políticos derivados de los conflictos mineros.
“Fernando Gómez Mont deberá explicar el esquema público para resolverlos y el aprecio por la resolución de conflictos por la vía civil y democrática en rechazo al uso de la fuerza del Estado”.
El punto de acuerdo exhorta a los procuradores general de la República y al de Justicia de Sonora, a que liberen de forma inmediata a obreros mineros y ciudadanos detenidos en la ocupación y desalojo de las instalaciones mineras de Cananea, Sonora y se proceda a su indemnización por los daños y perjuicios causados.
También hace un llamado al Ejecutivo federal para que se comprometa a respetar la libertad sindical y a que garantice la no persecución por motivos políticos o laborales, o ambos, de trabajadores sindicalizados en las minas del país y garantice el amparo de los derechos humanos en todo momento, además de detener el hostigamiento por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (Infonavit) que ha contratado bufetes particulares para cobro de carteras vencidas.
La Comisión Especial demandó la protección de los derechos de los ciudadanos detenidos “luego del desafío por la ocupación de las fuerzas federales en la minera de Cananea”.
Por otra parte, exhorta al Ejecutivo federal para que gire instrucciones y se inicie la recuperación de los cuerpos de los 65 mineros fallecidos en la mina 8, de Pasta de Conchos, en 2006, “por la irresponsabilidad gubernamental, al no cumplir con estándares mínimos de seguridad, así como definir un esquema de indemnización justo para las familias de los deudos”.
De acuerdo con la Comisión Especial, el domingo 6 de junio se puso en marcha una acción concertada y premeditada para el uso de la fuerza pública en las minas de Cananea y Pasta de Conchos.
“En Cananea, la mina se encontraba resguardada por los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quienes desde 2007 ejercieron el derecho de huelga exigiendo mejoras y adecuaciones en las condiciones industriales y de seguridad laboral para preservar su vida y salud”.
Agregó que en la mina de carbón Pasta de Conchos había el resguardo por parte de los familiares de los 65 mineros que murieron en 2006 durante el accidente industrial al carecer de garantías contenidas en disposiciones internacionales de seguridad mínimas para el desempeño de sus trabajos y cuyos restos no han sido recuperados.
Los diputados Pompa Corella y Onésimo Mariscales (PRI) Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez López (PRD) coincidieron en que las acciones emprendidas por el Gobierno federal “exhibieron en estos dos casos, una penosa y desproporcionada acción al servicio del consorcio empresarial Grupo México y sus subsidiarias”.
Argumentaron que el titular del Ejecutivo federal y los responsables de los despachos del Trabajo y Previsión Social y Seguridad Pública, minimizaron y despreciaron el llamado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados para establecer una mesa de diálogo y construcción de acuerdos, en la que se conminó a la empresa aludida y al gobierno federal a participar en la resolución, por la vía pacífica, de los conflictos mineros suscitados en Cananea, Sombrerete y Taxco.
Añadieron que la presencia de elementos de las fuerzas federales es un indicador preocupante en la vida política, económica y social de las entidades mineras en conflicto.
“La detención de las fuerzas del orden y la ofensa por los ataques cometidos en la integridad física de personas heridas en los enfrentamientos, son una afrenta para un Estado que dice buscar el desarrollo y que protege, a costa de la seguridad de los trabajadores, los bienes y activos del Grupo México”, indicó Pompa Corella.
Dijo que la reparación de daños de quienes haciendo uso legítimo de sus derechos laborales han sido agredidos, debe ser repuesta inmediata y garantizar la no persecución por motivos laborales.
“El ilusorio éxito de la empresa minera Grupo México, sintetiza graves saldos que hoy son evidentes: un Gobierno de derecha que se encuentra al servicio de los grupos más conservadores al servicio de un sector de la opulencia mexicana, carente de miras y estrechas metas en el desarrollo económico, político y social de los mexicanos”.
Hizo referencia a las declaraciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en torno a que los mineros serán incorporados conforme a un nuevo contrato colectivo que superará y mejorará las condiciones del anterior.
Asimismo, cuestionó el anuncio de una inversión de 113 mil millones de pesos para reactivar la mina, toda vez que dicha inversión, al parecer es con recursos fiscales no contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2010.
“Ante esto, se formula el rechazo tajante a que la aportación prevista se haga con fondos correspondientes al Fideicomiso de Fomento Minero, ya que su existencia y aplicación suponen cumplir con el objetivo de apoyar a la pequeña y mediana minería y no a los grandes corporativos”, concluyó.
Del mismo modo, plantea citar a comparecer a los secretarios de Trabajo y Previsión Social, de Economía y de Hacienda, para que expliquen el origen y destino, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, de las inversiones anunciadas en el orden de los 113 mil millones de pesos para la reactivación económica de la mina de Cananea, así como el esquema de participación del Grupo México en este compendio financiero y los plazos específicos para su aplicación.
El presidente del órgano legislativo, Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI) refirió que en su comparecencia, el secretario del Trabajo deberá presentar, “con ánimo de conciliación y acuerdo”, un proyecto del esquema de contratación en la mina de Cananea bajo el antecedente y consideración de los logros sindicales conseguidos.
Agregó que también se cita al secretario de Gobernación a que comparezca a fin de que explique la razón de no establecer una mesa de diálogo y construcción de acuerdos durante el conflicto laboral, conforme al acuerdo establecido por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y para que demuestre la agenda de acuerdos nacionales sobre los problemas políticos derivados de los conflictos mineros.
“Fernando Gómez Mont deberá explicar el esquema público para resolverlos y el aprecio por la resolución de conflictos por la vía civil y democrática en rechazo al uso de la fuerza del Estado”.
El punto de acuerdo exhorta a los procuradores general de la República y al de Justicia de Sonora, a que liberen de forma inmediata a obreros mineros y ciudadanos detenidos en la ocupación y desalojo de las instalaciones mineras de Cananea, Sonora y se proceda a su indemnización por los daños y perjuicios causados.
También hace un llamado al Ejecutivo federal para que se comprometa a respetar la libertad sindical y a que garantice la no persecución por motivos políticos o laborales, o ambos, de trabajadores sindicalizados en las minas del país y garantice el amparo de los derechos humanos en todo momento, además de detener el hostigamiento por parte del Instituto Nacional de la Vivienda (Infonavit) que ha contratado bufetes particulares para cobro de carteras vencidas.
La Comisión Especial demandó la protección de los derechos de los ciudadanos detenidos “luego del desafío por la ocupación de las fuerzas federales en la minera de Cananea”.
Por otra parte, exhorta al Ejecutivo federal para que gire instrucciones y se inicie la recuperación de los cuerpos de los 65 mineros fallecidos en la mina 8, de Pasta de Conchos, en 2006, “por la irresponsabilidad gubernamental, al no cumplir con estándares mínimos de seguridad, así como definir un esquema de indemnización justo para las familias de los deudos”.
De acuerdo con la Comisión Especial, el domingo 6 de junio se puso en marcha una acción concertada y premeditada para el uso de la fuerza pública en las minas de Cananea y Pasta de Conchos.
“En Cananea, la mina se encontraba resguardada por los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quienes desde 2007 ejercieron el derecho de huelga exigiendo mejoras y adecuaciones en las condiciones industriales y de seguridad laboral para preservar su vida y salud”.
Agregó que en la mina de carbón Pasta de Conchos había el resguardo por parte de los familiares de los 65 mineros que murieron en 2006 durante el accidente industrial al carecer de garantías contenidas en disposiciones internacionales de seguridad mínimas para el desempeño de sus trabajos y cuyos restos no han sido recuperados.
Los diputados Pompa Corella y Onésimo Mariscales (PRI) Francisco Hernández Juárez y Ramón Jiménez López (PRD) coincidieron en que las acciones emprendidas por el Gobierno federal “exhibieron en estos dos casos, una penosa y desproporcionada acción al servicio del consorcio empresarial Grupo México y sus subsidiarias”.
Argumentaron que el titular del Ejecutivo federal y los responsables de los despachos del Trabajo y Previsión Social y Seguridad Pública, minimizaron y despreciaron el llamado de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados para establecer una mesa de diálogo y construcción de acuerdos, en la que se conminó a la empresa aludida y al gobierno federal a participar en la resolución, por la vía pacífica, de los conflictos mineros suscitados en Cananea, Sombrerete y Taxco.
Añadieron que la presencia de elementos de las fuerzas federales es un indicador preocupante en la vida política, económica y social de las entidades mineras en conflicto.
“La detención de las fuerzas del orden y la ofensa por los ataques cometidos en la integridad física de personas heridas en los enfrentamientos, son una afrenta para un Estado que dice buscar el desarrollo y que protege, a costa de la seguridad de los trabajadores, los bienes y activos del Grupo México”, indicó Pompa Corella.
Dijo que la reparación de daños de quienes haciendo uso legítimo de sus derechos laborales han sido agredidos, debe ser repuesta inmediata y garantizar la no persecución por motivos laborales.
“El ilusorio éxito de la empresa minera Grupo México, sintetiza graves saldos que hoy son evidentes: un Gobierno de derecha que se encuentra al servicio de los grupos más conservadores al servicio de un sector de la opulencia mexicana, carente de miras y estrechas metas en el desarrollo económico, político y social de los mexicanos”.
Hizo referencia a las declaraciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, en torno a que los mineros serán incorporados conforme a un nuevo contrato colectivo que superará y mejorará las condiciones del anterior.
Asimismo, cuestionó el anuncio de una inversión de 113 mil millones de pesos para reactivar la mina, toda vez que dicha inversión, al parecer es con recursos fiscales no contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 2010.
“Ante esto, se formula el rechazo tajante a que la aportación prevista se haga con fondos correspondientes al Fideicomiso de Fomento Minero, ya que su existencia y aplicación suponen cumplir con el objetivo de apoyar a la pequeña y mediana minería y no a los grandes corporativos”, concluyó.
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