Critican el fallo del TEPJF que ordenó al IFE retener recursos, luego de un conflicto legal con una empresa presuntamente de Carlos Ahumada
El PRD analiza la posibilidad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el fondo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concedió a un juez la posibilidad de ordenar al IFE el retener recursos públicos de un partido político, lo que podría violentar el principio de equidad durante las campañas electorales.
Rafael Hernández, representa del PRD ante Consejo General del IFE, consideró como arbitraria la sentencia del Tribunal que validó un acuerdo del organismo electoral para retener 13.1 millones de pesos al financiamiento, luego de un conflicto legal entre el partido y una empresa particular, presuntamente relacionada con el empresario Carlos Ahumada.
"Esta sentencia establece un precedente negativo para el sistema de partidos de nuestro país, porque admite la posibilidad de que cualquier juez de cualquier materia pueda ordenar al IFE la retención de las prerrogativas legales de los partidos para la liquidación de asuntos mercantiles, civiles y laborales", dijo.
Hernández dijo que esta acción podría dañar el principio de equidad en las contiendas políticas por factores externos a los procesos electorales.
El perredista explicó que el origen de la deuda es de septiembre de 2003 cuando la entonces presidencia de Rosario Robles Berlanga, por medio de su oficial mayor José Ramón Zebadúa, suscribió pagarés por 36 millones de pesos con empresas para la compra de material electoral.
Recordó que su partido denunció penalmente a Zebadúa ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pero hasta el momento no se ha ejercido acción alguna.
Ciudad de México
El PRD analiza la posibilidad de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el fondo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que concedió a un juez la posibilidad de ordenar al IFE el retener recursos públicos de un partido político, lo que podría violentar el principio de equidad durante las campañas electorales.
Rafael Hernández, representa del PRD ante Consejo General del IFE, consideró como arbitraria la sentencia del Tribunal que validó un acuerdo del organismo electoral para retener 13.1 millones de pesos al financiamiento, luego de un conflicto legal entre el partido y una empresa particular, presuntamente relacionada con el empresario Carlos Ahumada.
"Esta sentencia establece un precedente negativo para el sistema de partidos de nuestro país, porque admite la posibilidad de que cualquier juez de cualquier materia pueda ordenar al IFE la retención de las prerrogativas legales de los partidos para la liquidación de asuntos mercantiles, civiles y laborales", dijo.
Hernández dijo que esta acción podría dañar el principio de equidad en las contiendas políticas por factores externos a los procesos electorales.
El perredista explicó que el origen de la deuda es de septiembre de 2003 cuando la entonces presidencia de Rosario Robles Berlanga, por medio de su oficial mayor José Ramón Zebadúa, suscribió pagarés por 36 millones de pesos con empresas para la compra de material electoral.
Recordó que su partido denunció penalmente a Zebadúa ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pero hasta el momento no se ha ejercido acción alguna.
Ciudad de México
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