· Tras la liberación en España del líder de Casitas del Sur, el diputado federal Agustín Castilla y familiares de los menores desaparecidos acudieron a la embajada de España en México.
Derivado de la liberación provisional de Antonio Domingo Paniagua Escandón por parte de las autoridades españolas, el Dip. Agustín Castilla Marroquín acompañado de la señora Ardelia Martínez Estrada, abuela materna de Ilse Michel Curiel Martínez, niña desaparecida del albergue “Casitas del Sur”, acudió a la embajada de España en México con el objeto de externar su preocupación ante la posibilidad de que el inculpado se fugue, dada la alta capacidad económica y de operación de la Iglesia Cristiana Restaurada y de la Asociación Civil Reintegración, mismas que preside.
Derivado de la liberación provisional de Antonio Domingo Paniagua Escandón por parte de las autoridades españolas, el Dip. Agustín Castilla Marroquín acompañado de la señora Ardelia Martínez Estrada, abuela materna de Ilse Michel Curiel Martínez, niña desaparecida del albergue “Casitas del Sur”, acudió a la embajada de España en México con el objeto de externar su preocupación ante la posibilidad de que el inculpado se fugue, dada la alta capacidad económica y de operación de la Iglesia Cristiana Restaurada y de la Asociación Civil Reintegración, mismas que preside.
El diputado Agustín Castilla solicitó la intervención de la Embajada para que por su conducto se transmita a las autoridades españolas encargadas de este caso, la necesidad de que se adopten medidas adicionales de aseguramiento del inculpado y se lleve a cabo un proceso expedito de extradición para que pueda ser juzgado ante las autoridades mexicanas y se pueda obtener la información necesaria que conduzcan a la localización de los 22 menores de edad que hoy en día continúan desaparecidos.
Por otra parte, el legislador mencionó que también les debería preocupar la lectura que pudiera estar dando la comunidad internacional en el sentido de que al parecer para el Estado Español el tráfico de menores no es considerado un asunto grave.
En el documento entregado a la embajada española, se hace mención de las acciones orquestadas por parte de esta organización, dentro de las cuales está la creación de un modelo psicológico de sometimiento y alienación parental con el que eran capacitados los responsables de los albergues para que fuera implementado en los mismos y que pretendía que paulatinamente las niñas y niños se fueran alejando de sus familiares e incluso los denunciaran por supuesto abandono, maltrato físico o abuso sexual a fin de que pudieran solicitar y obtener la guarda y custodia o hasta la patria potestad, para presuntamente entregarlos en adopción ilegal sin descartar que pudieran ser también víctimas de delitos de índole sexual.
Castilla Marroquín informó que se tiene conocimiento de que los menores eran objeto de sedación a través de medicamentos, adoctrinamiento y fanatismo religioso, así como severos castigos como el dejarlos a la intemperie durante la noche, encerrarlos en cuartos obscuros por largo tiempo u obligarlos a realizar esfuerzos físicos desmedidos cuando incumplían con las instrucciones que les daban.
Cabe resaltar que este es un tema de preocupación nacional, ya que el modus operandi de esta organización delincuencial es sofisticado y sus principales víctimas son familias vulnerables y con un alto nivel de marginación, advirtió.
En este sentido, el legislador panista mencionó que a Paniagua se le identifica como presidente de la Asociación Civil “Reintegración Social”, según consta en la escritura 10712, de fecha 7 de mayo de 2003, dada por el notario número 237 del Distrito Federal, lo que constata vínculo entre la Asociación Religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, Reintegración Social (figura legal que administraba los albergues) y Casitas del Sur.
Asimismo, reiteró el llamado a la Secretaría de Gobernación para que se cancele de inmediato el registro de la Iglesia Cristiana Restaurada, así como de la Iglesia Cristiana México Nuevo, ya que existe un estrecho vínculo entre ambas y se les identifica como parte de una misma organización. Cabe resaltar que los estatutos de ésta última, establecen en su artículo IV, inciso quinto: “el impedimento de acusar ante la Ley al hermano para obtener la salvación", lo cual demuestra la ilegalidad en que se funda dicha iglesia.
Por último, afirmó que se tiene conocimiento de la existencia de 24 albergues vinculados con la Iglesia Cristiana Restaurada que operan en los estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Coahuila y el DF, por lo que hizo un llamado a los Gobiernos Locales y Federal para que establezcan operativos de supervisión sobre las condiciones de los albergues y se investigue si existen más desapariciones en dichas entidades.
Por otra parte, el legislador mencionó que también les debería preocupar la lectura que pudiera estar dando la comunidad internacional en el sentido de que al parecer para el Estado Español el tráfico de menores no es considerado un asunto grave.
En el documento entregado a la embajada española, se hace mención de las acciones orquestadas por parte de esta organización, dentro de las cuales está la creación de un modelo psicológico de sometimiento y alienación parental con el que eran capacitados los responsables de los albergues para que fuera implementado en los mismos y que pretendía que paulatinamente las niñas y niños se fueran alejando de sus familiares e incluso los denunciaran por supuesto abandono, maltrato físico o abuso sexual a fin de que pudieran solicitar y obtener la guarda y custodia o hasta la patria potestad, para presuntamente entregarlos en adopción ilegal sin descartar que pudieran ser también víctimas de delitos de índole sexual.
Castilla Marroquín informó que se tiene conocimiento de que los menores eran objeto de sedación a través de medicamentos, adoctrinamiento y fanatismo religioso, así como severos castigos como el dejarlos a la intemperie durante la noche, encerrarlos en cuartos obscuros por largo tiempo u obligarlos a realizar esfuerzos físicos desmedidos cuando incumplían con las instrucciones que les daban.
Cabe resaltar que este es un tema de preocupación nacional, ya que el modus operandi de esta organización delincuencial es sofisticado y sus principales víctimas son familias vulnerables y con un alto nivel de marginación, advirtió.
En este sentido, el legislador panista mencionó que a Paniagua se le identifica como presidente de la Asociación Civil “Reintegración Social”, según consta en la escritura 10712, de fecha 7 de mayo de 2003, dada por el notario número 237 del Distrito Federal, lo que constata vínculo entre la Asociación Religiosa Iglesia Cristiana Restaurada, Reintegración Social (figura legal que administraba los albergues) y Casitas del Sur.
Asimismo, reiteró el llamado a la Secretaría de Gobernación para que se cancele de inmediato el registro de la Iglesia Cristiana Restaurada, así como de la Iglesia Cristiana México Nuevo, ya que existe un estrecho vínculo entre ambas y se les identifica como parte de una misma organización. Cabe resaltar que los estatutos de ésta última, establecen en su artículo IV, inciso quinto: “el impedimento de acusar ante la Ley al hermano para obtener la salvación", lo cual demuestra la ilegalidad en que se funda dicha iglesia.
Por último, afirmó que se tiene conocimiento de la existencia de 24 albergues vinculados con la Iglesia Cristiana Restaurada que operan en los estados de México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Coahuila y el DF, por lo que hizo un llamado a los Gobiernos Locales y Federal para que establezcan operativos de supervisión sobre las condiciones de los albergues y se investigue si existen más desapariciones en dichas entidades.
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