México acepta anomalías en indagación de feminicidios

Gobierno espera fallo tras última audiencia de Corte Interamericana

El gobierno de México aceptó que existieron serias irregularidades en la investigación del asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el juicio que se sigue en su contra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ayer se realizó la última audiencia del proceso, por lo que sólo habrá que esperar el fallo durante el segundo semestre de este año.
Como parte de la diligencia, en la delegación mexicana participaron autoridades de la cancillería mexicana y la procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González, quienes señalaron que a pesar de las deficiencias en las pesquisas en torno a estos asesinatos la Corte debe aceptar que desde 2005 se han subsanado.
Entre los argumentos en su defensa, el gobierno mexicano, se aseguró que de los 447 asesinatos contra mujeres perpetrados entre 1993 y 2008, hasta el momento 62% ya fueron esclarecidos, mientras 172 presuntos homicidas han sido detenidos y procesados.
El juicio se inició luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso la denuncia contra el gobierno mexicano por violaciones al derecho a la vida e integridad personal, a la protección judicial y a la Convención de Derechos de la Mujer de Belem do Pará, entre otros.
Restan algunos meses para que la Corte determine si el gobierno mexicano actuó de forma indebida en la investigación de los homicidios de Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos se localizaron en mayo del 2001, en el “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez.
En las diligencias México aceptó que entre 2001 y 2004 se cometieron irregularidades en la investigación de estas muertes, tales como negligencia en la identificación de cuerpos, en la preservación de la escena del crimen, manejo inadecuado de evidencias y expedientes, y no se agotaron las líneas de investigación existentes.
Por ello, como parte del juicio, el gobierno mexicano incluso propuso una solución que incluyó una indemnización económica a las familias de las víctimas, aunque será la Corte la que al final concluya si a partir de las pruebas aportadas por ambas partes, se debe o no aplicar una sanción a México. México, D.F. (El Universal)