A casi un año de los hechos ocurridos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el diputado Emilio Serrano Jiménez dio a conocer uno de los contractos de servicios entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la guardería, en donde se destaca la firma del entonces director del Instituto, Juan Molinar Horcasitas.
El presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, dijo que el contrato establece una capacidad de 196 niños, en donde se compromete el Instituto a pagar dos mil 110.45 pesos por menor, y destacó que desde el principio existieron irregularidades porque las instalaciones no eran las adecuadas.
“Se supone que cuando aceptan la prestación de servicio de particulares deben llenar requisitos y condiciones que pone el Seguro Social, como son las instalaciones adecuadas, seguras, el personal debidamente capacitado y garantizar el servicio a los niños, pero está comprobado que el espacio de la guardería no llenaba las características y los requisitos”.
Las firmas que aparecen, resaltó, son la de Juan Molinar Horcasitas, como director del IMSS, y de Sandra Lucía Téllez Méndez, como prestadora de servicios de la guardería ABC, Sociedad Civil. Además, la de Fernando Gutiérrez Domínguez, director jurídico del IMSS, y por el aérea del solicitante, Dora García, titular de la coordinación de guarderías.
Puntualizó que el caso va muy lento, pues “estamos a 16 días de que se cumpla un año de este lamentable acontecimiento y todavía no queda nada claro”.
“Creo que la obligación y lo que debe hacer de inmediato la Procuraduría General de la República (PGR) es informarnos lo recabado y el trabajo que ha realizado; quiénes están involucrados y quiénes no”.
Denunció que a tres semanas de haberle girado una primer solicitud al procurador Arturo Chávez Chávez, sobre sus investigaciones al respecto, la PGR sigue sin dar respuesta alguna, por lo que anunció que en caso de no responder, se seguirán enviando solicitudes.
“Esperemos que muy pronto se agote el tema, se esclarezcan los hechos, se castigue a los culpables y se indemnice a los padres de las víctimas”, abundó.
En reunión de trabajo, el diputado José Luis Marcos León Perea (PRI) expresó que mucho se ha especulado sobre el tema y no se ha podido obtener la información de cómo van las investigaciones.
“Nosotros no somos investigadores; necesitamos estar informados, porque la Comisión no sólo se integró para el caso ABC, sino para poder ver hacia delante y saber qué se puede legislar y hacer para la tercerización de los servicios”.
Se requiere tener la información de lo que es mejor, si servicios subrogados o que éstos los den las propias instituciones, pues dicha situación de tercerización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se viene dando desde hace diez años,
Por Acción Nacional, el diputado Gustavo González Hernández se manifestó porque de dichos acontecimiento se efectúe una revisión del marco jurídico que regula el tipo de subrogaciones, así como conocer cuáles son los esquemas en que operan, a efecto de que funcionen mejor.
Añadió que dichos sucesos son lamentables, por lo que la autoridad competente tendrá que determinar qué pasó, si fue la municipal quien no supervisa bien los lugares donde se prestan esos servicios o si fue la estatal; “ciertamente tiene mucho peso esa investigación”.
La Comisión, resaltó, no cumplirá su misión si no “le entregamos al Pleno un esquema de cómo deben de desarrollarse este tipo de subrogaciones y de cómo debe vigilarse y supervisar para efecto de que operen de la mejor forma”.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) señaló que lo sucedido en Hermosillo representa un acto de indignación no sólo a los padres y familias, sino a toda la población que de alguna u otra manera no es reconocer una desgracia desde la perspectiva política sino de la humana.
Se debe, destacó, mantener un criterio que le dé garantía a la sociedad sin importar colores partidarios y donde no quede impune un hecho tan lamentable, así como recuperar la legalidad en las instituciones, “ya que el caso de la guardería puso en evidencia los turbios negocios que se hacen y puso al descubierto a las redes de negocios de políticos con familiares”.
Es necesario que el caso ABC, aparte de que no quede impune, tiene que garantizar a los mexicanos evitar este tipo de negocios oscuros que solamente le restan falta de credibilidad a las instituciones.
Del mismo modo, la comisión aprobó su plan de trabajo el cual plantea dar seguimiento a las investigaciones y resoluciones jurídicas para que se esclarezcan en su totalidad los sucesos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Se busca un análisis a fondo del marco legal y demás disposiciones normativas que permitan la celebración de contratos o convenios de subrogación de servicios con terceros, en su caso, la elaboración y modificaciones a las leyes y reglamentos en la materia, a efecto de transparentar la gestión y el ejercicio de los recursos para evitar que casos como el de la guardería se repitan.
Análisis del presupuesto reservado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, así como de las partidas presupuestarias que son objeto de la celebración de convenios o subrogación de servicios: grados de responsabilidad por parte de los servidores públicos y terceros.
El presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público, dijo que el contrato establece una capacidad de 196 niños, en donde se compromete el Instituto a pagar dos mil 110.45 pesos por menor, y destacó que desde el principio existieron irregularidades porque las instalaciones no eran las adecuadas.
“Se supone que cuando aceptan la prestación de servicio de particulares deben llenar requisitos y condiciones que pone el Seguro Social, como son las instalaciones adecuadas, seguras, el personal debidamente capacitado y garantizar el servicio a los niños, pero está comprobado que el espacio de la guardería no llenaba las características y los requisitos”.
Las firmas que aparecen, resaltó, son la de Juan Molinar Horcasitas, como director del IMSS, y de Sandra Lucía Téllez Méndez, como prestadora de servicios de la guardería ABC, Sociedad Civil. Además, la de Fernando Gutiérrez Domínguez, director jurídico del IMSS, y por el aérea del solicitante, Dora García, titular de la coordinación de guarderías.
Puntualizó que el caso va muy lento, pues “estamos a 16 días de que se cumpla un año de este lamentable acontecimiento y todavía no queda nada claro”.
“Creo que la obligación y lo que debe hacer de inmediato la Procuraduría General de la República (PGR) es informarnos lo recabado y el trabajo que ha realizado; quiénes están involucrados y quiénes no”.
Denunció que a tres semanas de haberle girado una primer solicitud al procurador Arturo Chávez Chávez, sobre sus investigaciones al respecto, la PGR sigue sin dar respuesta alguna, por lo que anunció que en caso de no responder, se seguirán enviando solicitudes.
“Esperemos que muy pronto se agote el tema, se esclarezcan los hechos, se castigue a los culpables y se indemnice a los padres de las víctimas”, abundó.
En reunión de trabajo, el diputado José Luis Marcos León Perea (PRI) expresó que mucho se ha especulado sobre el tema y no se ha podido obtener la información de cómo van las investigaciones.
“Nosotros no somos investigadores; necesitamos estar informados, porque la Comisión no sólo se integró para el caso ABC, sino para poder ver hacia delante y saber qué se puede legislar y hacer para la tercerización de los servicios”.
Se requiere tener la información de lo que es mejor, si servicios subrogados o que éstos los den las propias instituciones, pues dicha situación de tercerización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se viene dando desde hace diez años,
Por Acción Nacional, el diputado Gustavo González Hernández se manifestó porque de dichos acontecimiento se efectúe una revisión del marco jurídico que regula el tipo de subrogaciones, así como conocer cuáles son los esquemas en que operan, a efecto de que funcionen mejor.
Añadió que dichos sucesos son lamentables, por lo que la autoridad competente tendrá que determinar qué pasó, si fue la municipal quien no supervisa bien los lugares donde se prestan esos servicios o si fue la estatal; “ciertamente tiene mucho peso esa investigación”.
La Comisión, resaltó, no cumplirá su misión si no “le entregamos al Pleno un esquema de cómo deben de desarrollarse este tipo de subrogaciones y de cómo debe vigilarse y supervisar para efecto de que operen de la mejor forma”.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD) señaló que lo sucedido en Hermosillo representa un acto de indignación no sólo a los padres y familias, sino a toda la población que de alguna u otra manera no es reconocer una desgracia desde la perspectiva política sino de la humana.
Se debe, destacó, mantener un criterio que le dé garantía a la sociedad sin importar colores partidarios y donde no quede impune un hecho tan lamentable, así como recuperar la legalidad en las instituciones, “ya que el caso de la guardería puso en evidencia los turbios negocios que se hacen y puso al descubierto a las redes de negocios de políticos con familiares”.
Es necesario que el caso ABC, aparte de que no quede impune, tiene que garantizar a los mexicanos evitar este tipo de negocios oscuros que solamente le restan falta de credibilidad a las instituciones.
Del mismo modo, la comisión aprobó su plan de trabajo el cual plantea dar seguimiento a las investigaciones y resoluciones jurídicas para que se esclarezcan en su totalidad los sucesos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Se busca un análisis a fondo del marco legal y demás disposiciones normativas que permitan la celebración de contratos o convenios de subrogación de servicios con terceros, en su caso, la elaboración y modificaciones a las leyes y reglamentos en la materia, a efecto de transparentar la gestión y el ejercicio de los recursos para evitar que casos como el de la guardería se repitan.
Análisis del presupuesto reservado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, así como de las partidas presupuestarias que son objeto de la celebración de convenios o subrogación de servicios: grados de responsabilidad por parte de los servidores públicos y terceros.
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