En el marco del día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a celebrarse mañana 28 de mayo, diputadas y diputados, así como representantes del Inmujeres debatieron sobre los derechos reproductivos de las mismas, el de decidir sobre su cuerpo y de recibir una mejor educación sexual.
Al participar en el Foro Nacional: “Mujeres por la defensa de nuestros derechos reproductivos y sociales”, el diputado Juventino Castro y Castro mencionó que lo que ha perdurado en el país es la desigualdad más indignante respecto al trato diferente que se le da a la mujer y que gratuitamente se ofrece al varón.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales puntualizó que la igualdad jurídica entre los géneros empieza por ser combatida mediante legislación aplicada, pero la discriminación sólo podrá ser superada si los mexicanos cambiamos nuestra cultura.
Al modificarse el Código Penal del Distrito Federal, en cuanto al aborto, expresó, se reconocieron los derechos intocados de la mujer para disponer de su cuerpo, pero la polémica no ha terminado y se ha enconado aun cuando las mexicanas han dado un paso notable.
“Ya se ha expuesto aquí que contra esto es lo que diversas legislaturas locales pretenden mediante un juego de palabras establecer que no se puede realizar un aborto ni siquiera por el caso de violación; esto es lo indignante y a eso hemos llegado en nuestra exageración de datos; por eso los hombres que simpatizamos con su causa estamos con ustedes”.
Dijo que la igualad entre el hombre y la mujer no se logra vía disposiciones o tratados internacionales, se obtiene mediante una sólida cultura de respeto a la mujer por parte de los varones, y en esto es básico la educación paternal y de los establecimientos educativos.
Por la Comisión de Derechos Humanos, su presidente, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez subrayó que en el tema del aborto, la ONU ha expresado que la principal situación del país es que como Estado-nación “no nos hacemos responsables de lo que hacen las entidades federativas”.
En México y en el tema de la mujer, dijo, soltamos a las entidades y “nos amparamos en que es una entidad y poco podemos hacer; no hay control y en ocasiones los partidos no tenemos control sobre los legisladores estatales”.
Se manifestó por una discusión amplia, informada y científica que ponga freno a las disputas supersticiosas, fanáticas e intolerantes. “Tiene que ser una discusión científica, pues la vida humana y el hombre empieza a las doce semanas, antes, no somos mujeres y hombres, no somos personas, no hay corteza cerebral”.
Es necesario, puntualizó, un sistema educativo que incluya desde los contenidos, los programas y de los directivos de la educación y de los maestros el tema de la igualad, los derechos de la mujer y el respeto a ellos, además de que le propicie su formación y no le quite oportunidades en el sistema educativo.
La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, subrayó que las libertades de las mujeres comenzaron el día en que se pudo elegir la vida, por lo que los derechos sexuales y reproductivos son inexcusables de la propia persona civil.
Abundó que otro derecho de las mujeres es el de vivir sin violencia, ya que “representa el producto de un esfuerzo de dominio y sumisión que se ejerce sobre las mujeres, ya sea de su cuerpo para usarlo sin que ella consienta o de su vida y libertad de movimiento”.
En el país, dijo, está por encima de la vida, de la libertad y de las oportunidades de una niña u adolescente, el que le hacen llevar su carga y estigma para toda la vida de una violación, a través de una maternidad forzada que tiene riesgo no solamente de acabar con la vida de la niña madre sino de ser forzada a ser madre de los hijos e incluso de su padre.
Desde la perspectiva de que una célula es una persona moral, subrayó, la píldora de emergencia se convierte en una bala que acaba con la vida de esa persona y, por lo tanto, se ha visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es abortiva contra ese ser con derechos o no.
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia), conminó a legisladores, dirigentes de partidos políticos, presidentes municipales, académicos y sociedad levanten la voz para manifestar que se necesita un México que garantice y reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos políticos, sociales y de salud reproductiva de las mujeres.
Mientras éstos se sigan violentando, dijo, no habrá una democracia plena, por lo que expresó que representa un retroceso, el penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto en caso de violación, “vemos cómo se ha recrudecido esta tendencia en los últimos años, al grado que las disputas han llegado a dirimirse en el máximo tribunal del país”.
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito, mencionó, es demanda de los derechos humanos, de justica social y de salud pública, “por supuesto no estamos a favor de la muerte, sino de los derechos humanos de las mujeres y de decidir en su cuerpo”.
A su vez, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María Elena Álvarez Bernal expuso que la sociedad exige a las instituciones atender de manera eficiente la salud de las mujeres sin distinción de los diversos ámbitos de divergencia.
Desde el Instituto, añadió, estamos a favor de procesos preventivos, “todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, por lo que se requiere de una mayor información sexual que permita evitar los embarazos de adolescentes, que permita que no sean víctimas del contagio del VIH Sida y fomentar la maternidad y paternidad responsable”.
Reiteró el compromiso del Inmujeres para continuar sumando esfuerzos con los tres poderes y la sociedad civil en materia de los derechos humanos de las mujeres e incluidos los sociales y reproductivos, y con ello fortalecer la actuación del Estado mexicano en la defensa de las garantías de las mujeres.
En su turno, la presidenta de la Comisión Especial sobre la no Discriminación, diputada Claudia Edith Anaya Mota manifestó que los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres con alguna discapacidad ha sido menor, “nosotras hemos tenido muchas más barredas para alcanzar que se nos conciba como seres sexuales”.
Agregó que normalmente, “cuando se ve a una mujer con discapacidad se piensa inmediatamente que no tiene deseos eróticos y sexuales, que no tiene pareja y no tiene derecho a una vida sexual y muchos menos reproductiva”.
Del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, su presidenta, Martha Lucía Mícher Camarena resaltó que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las mujeres víctimas de violación en el país deberán de recibir información sobre la anticoncepción de emergencia, “es decir, todas las mujeres y el gobierno deberán cumplir a cabalidad el artículo 4 constitucional”.
Armonizar la legislación relativa al aborto, en los niveles federales y estatales, indicó, es urgente. “En México, un agravio comparado a los derechos de la mujer significa que mientras en esta Ciudad se puede interrumpir un embarazo, a 180 kilómetros de aquí, por el mismo derechos se nos criminaliza”.
En materia de interrupción legal del embarazo, informó que en la Ciudad de México se han realizado más de 40 mil procedimientos, “pero más de 65 mil personas piden información; no es cierto que asesinamos, pues somos una entidad que protege, respeta y garantiza el derecho a decidir, establecido en el artículo 4 constitucional”.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI) precisó que en las comunidades rurales las mujeres siguen en una circunstancia de marginación absoluta, de rezago cultural y tradicional, porque todavía la fuerza de los hombres sigue siendo muy determinante para ellas.
Manifestó que en dichas comunidades las mujeres siguen atrás de los hombres en el control de los recursos esenciales, como el dinero, el crédito, la tierra y el acceso a los bienes materiales. “Aún viven con enormes carencias y necesidades, por ello, se deben impulsar políticas públicas más equitativas y con perspectiva de género”.
Del PRD, la diputada Leticia Quezada Contreras expresó que en esta Cámara son pocas y pocos quienes son sensibles y luchan por el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres, como lo es, su libertad al aborto.
Abundó que “el trabajo que debemos hacer va en dos vías, como el de reeducar a través de la educación y sensibilizar al interior de las élites de los partidos políticos, así como trabajar por los derechos reproductivos de las mujeres, ya sea el de salud, de decidir, a la libertad y a la autonomía; es indignante ver cómo se han violado los mismos”.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a los seres humanos, entre ellos, las mujeres, su derecho a la salud, a su vida y a mejorar sus condiciones. “Respecto al aborto, no es que se esté a favor del mismo, sino de las mujeres que son seres humanos y puedan tomar la decisión que más se apegue y atienda a sus necesidades, y que el Estado respeta la decisión y le asegure todas las condiciones para proteger su vida y su salud”.
Más adelante, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) indicó que no existe alguna cuota de género para cargos de elección popular, de ahí que se necesite profundizar dicha problemática no sólo en la vida institucional y pública, sino en las empresas privadas.
Al participar en el Foro Nacional: “Mujeres por la defensa de nuestros derechos reproductivos y sociales”, el diputado Juventino Castro y Castro mencionó que lo que ha perdurado en el país es la desigualdad más indignante respecto al trato diferente que se le da a la mujer y que gratuitamente se ofrece al varón.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales puntualizó que la igualdad jurídica entre los géneros empieza por ser combatida mediante legislación aplicada, pero la discriminación sólo podrá ser superada si los mexicanos cambiamos nuestra cultura.
Al modificarse el Código Penal del Distrito Federal, en cuanto al aborto, expresó, se reconocieron los derechos intocados de la mujer para disponer de su cuerpo, pero la polémica no ha terminado y se ha enconado aun cuando las mexicanas han dado un paso notable.
“Ya se ha expuesto aquí que contra esto es lo que diversas legislaturas locales pretenden mediante un juego de palabras establecer que no se puede realizar un aborto ni siquiera por el caso de violación; esto es lo indignante y a eso hemos llegado en nuestra exageración de datos; por eso los hombres que simpatizamos con su causa estamos con ustedes”.
Dijo que la igualad entre el hombre y la mujer no se logra vía disposiciones o tratados internacionales, se obtiene mediante una sólida cultura de respeto a la mujer por parte de los varones, y en esto es básico la educación paternal y de los establecimientos educativos.
Por la Comisión de Derechos Humanos, su presidente, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez subrayó que en el tema del aborto, la ONU ha expresado que la principal situación del país es que como Estado-nación “no nos hacemos responsables de lo que hacen las entidades federativas”.
En México y en el tema de la mujer, dijo, soltamos a las entidades y “nos amparamos en que es una entidad y poco podemos hacer; no hay control y en ocasiones los partidos no tenemos control sobre los legisladores estatales”.
Se manifestó por una discusión amplia, informada y científica que ponga freno a las disputas supersticiosas, fanáticas e intolerantes. “Tiene que ser una discusión científica, pues la vida humana y el hombre empieza a las doce semanas, antes, no somos mujeres y hombres, no somos personas, no hay corteza cerebral”.
Es necesario, puntualizó, un sistema educativo que incluya desde los contenidos, los programas y de los directivos de la educación y de los maestros el tema de la igualad, los derechos de la mujer y el respeto a ellos, además de que le propicie su formación y no le quite oportunidades en el sistema educativo.
La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a los Feminicidios Registrados en México, diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, subrayó que las libertades de las mujeres comenzaron el día en que se pudo elegir la vida, por lo que los derechos sexuales y reproductivos son inexcusables de la propia persona civil.
Abundó que otro derecho de las mujeres es el de vivir sin violencia, ya que “representa el producto de un esfuerzo de dominio y sumisión que se ejerce sobre las mujeres, ya sea de su cuerpo para usarlo sin que ella consienta o de su vida y libertad de movimiento”.
En el país, dijo, está por encima de la vida, de la libertad y de las oportunidades de una niña u adolescente, el que le hacen llevar su carga y estigma para toda la vida de una violación, a través de una maternidad forzada que tiene riesgo no solamente de acabar con la vida de la niña madre sino de ser forzada a ser madre de los hijos e incluso de su padre.
Desde la perspectiva de que una célula es una persona moral, subrayó, la píldora de emergencia se convierte en una bala que acaba con la vida de esa persona y, por lo tanto, se ha visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es abortiva contra ese ser con derechos o no.
La secretaria de la Mesa Directiva, diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (Convergencia), conminó a legisladores, dirigentes de partidos políticos, presidentes municipales, académicos y sociedad levanten la voz para manifestar que se necesita un México que garantice y reconozca el pleno ejercicio de los derechos humanos políticos, sociales y de salud reproductiva de las mujeres.
Mientras éstos se sigan violentando, dijo, no habrá una democracia plena, por lo que expresó que representa un retroceso, el penalizar el uso de anticonceptivos y el aborto en caso de violación, “vemos cómo se ha recrudecido esta tendencia en los últimos años, al grado que las disputas han llegado a dirimirse en el máximo tribunal del país”.
El acceso al aborto legal, seguro y gratuito, mencionó, es demanda de los derechos humanos, de justica social y de salud pública, “por supuesto no estamos a favor de la muerte, sino de los derechos humanos de las mujeres y de decidir en su cuerpo”.
A su vez, la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), María Elena Álvarez Bernal expuso que la sociedad exige a las instituciones atender de manera eficiente la salud de las mujeres sin distinción de los diversos ámbitos de divergencia.
Desde el Instituto, añadió, estamos a favor de procesos preventivos, “todos sabemos que es mejor prevenir que lamentar, por lo que se requiere de una mayor información sexual que permita evitar los embarazos de adolescentes, que permita que no sean víctimas del contagio del VIH Sida y fomentar la maternidad y paternidad responsable”.
Reiteró el compromiso del Inmujeres para continuar sumando esfuerzos con los tres poderes y la sociedad civil en materia de los derechos humanos de las mujeres e incluidos los sociales y reproductivos, y con ello fortalecer la actuación del Estado mexicano en la defensa de las garantías de las mujeres.
En su turno, la presidenta de la Comisión Especial sobre la no Discriminación, diputada Claudia Edith Anaya Mota manifestó que los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres con alguna discapacidad ha sido menor, “nosotras hemos tenido muchas más barredas para alcanzar que se nos conciba como seres sexuales”.
Agregó que normalmente, “cuando se ve a una mujer con discapacidad se piensa inmediatamente que no tiene deseos eróticos y sexuales, que no tiene pareja y no tiene derecho a una vida sexual y muchos menos reproductiva”.
Del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, su presidenta, Martha Lucía Mícher Camarena resaltó que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las mujeres víctimas de violación en el país deberán de recibir información sobre la anticoncepción de emergencia, “es decir, todas las mujeres y el gobierno deberán cumplir a cabalidad el artículo 4 constitucional”.
Armonizar la legislación relativa al aborto, en los niveles federales y estatales, indicó, es urgente. “En México, un agravio comparado a los derechos de la mujer significa que mientras en esta Ciudad se puede interrumpir un embarazo, a 180 kilómetros de aquí, por el mismo derechos se nos criminaliza”.
En materia de interrupción legal del embarazo, informó que en la Ciudad de México se han realizado más de 40 mil procedimientos, “pero más de 65 mil personas piden información; no es cierto que asesinamos, pues somos una entidad que protege, respeta y garantiza el derecho a decidir, establecido en el artículo 4 constitucional”.
La diputada Narcedalia Ramírez Pineda (PRI) precisó que en las comunidades rurales las mujeres siguen en una circunstancia de marginación absoluta, de rezago cultural y tradicional, porque todavía la fuerza de los hombres sigue siendo muy determinante para ellas.
Manifestó que en dichas comunidades las mujeres siguen atrás de los hombres en el control de los recursos esenciales, como el dinero, el crédito, la tierra y el acceso a los bienes materiales. “Aún viven con enormes carencias y necesidades, por ello, se deben impulsar políticas públicas más equitativas y con perspectiva de género”.
Del PRD, la diputada Leticia Quezada Contreras expresó que en esta Cámara son pocas y pocos quienes son sensibles y luchan por el derecho a decidir y la autonomía de las mujeres, como lo es, su libertad al aborto.
Abundó que “el trabajo que debemos hacer va en dos vías, como el de reeducar a través de la educación y sensibilizar al interior de las élites de los partidos políticos, así como trabajar por los derechos reproductivos de las mujeres, ya sea el de salud, de decidir, a la libertad y a la autonomía; es indignante ver cómo se han violado los mismos”.
La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (PT) destacó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle a los seres humanos, entre ellos, las mujeres, su derecho a la salud, a su vida y a mejorar sus condiciones. “Respecto al aborto, no es que se esté a favor del mismo, sino de las mujeres que son seres humanos y puedan tomar la decisión que más se apegue y atienda a sus necesidades, y que el Estado respeta la decisión y le asegure todas las condiciones para proteger su vida y su salud”.
Más adelante, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) indicó que no existe alguna cuota de género para cargos de elección popular, de ahí que se necesite profundizar dicha problemática no sólo en la vida institucional y pública, sino en las empresas privadas.
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