Este miércoles relatores de la ONU emitieron críticas sobre el deterioro de los derechos humanos en el país; el gobierno de México afirma que es indispensable poner en contexto los hechos
El gobierno de México rechazó las críticas emitidas este miércoles por cuatro relatores de Naciones Unidas sobre el deterioro de los derechos humanos en el país tras el asesinato de dos miembros de una caravana humanitaria en el estado de Oaxaca.
El pasado 27 de abril, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, que integraban una caravana para evaluar el estado de los derechos humanos en Oaxaca, fueron asesinados en un ataque en el que otros activistas y periodistas resultaron heridos.
"Es indispensable poner en contexto la situación en Copala (la comunidad donde ocurrieron los hechos) para enterarnos de lo que pasó", dijo el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, en referencia al "conflicto existente hace tiempo en la comunidad indígena triqui”.
Según el diplomático, "tres grupos (de dicha comunidad indígena) están enfrentados desde hace tiempo y cualquier visita de una organización de ese tipo se debe hacer en condiciones de seguridad, no se puede llegar allí de cualquier manera”.
Agregó que "ni el gobierno federal ni el del estado sabían que esa caravana humanitaria se dirigía allí, y de haberlo sabido, o se les habría persuadido de no hacerlo o se les habría dado seguridad".
El embajador mexicano calificó de "inaceptable" la afirmación de los relatores de la ONU atribuyendo el asesinato a paramilitares.
"Allí no hay paramilitares que conozcamos, y además las investigaciones están empezando y los relatores tendrían que haber esperado antes de emitir su comunicado”, señaló.
Sobre cuál es entonces la hipótesis que maneja el Gobierno sobre los autores del ataque a la caravana, Gómez Camacho dijo que "tenemos la presunción de que es producto del conflicto entre los tres grupos enfrentados, aunque es difícil aún sacar conclusiones”.
El representante permanente de México insistió en que el ataque que causó la muerte de los dos humanitarios es "lamentable" y "no debería haber ocurrido”, así como en el respeto del gobierno con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Según la relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, "los defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a importantes amenazas a sus vidas en México como resultado de su trabajo”.
Para el relator especial en asuntos extrajudiciales, Philip Alston, "no hay justificación para los fallos en tomar pasos decididos cuando asesinan a defensores de derechos humanos, periodistas y demás. Los derechos humanos no pueden ser una víctima en la lucha contra el crimen y la droga”.
También se unieron a las condenas el relator especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población indígena, James Anaya, y el relator especial para la libertad de expresión y opinión, Frank La Rue.
Ginebra, Suiza
El gobierno de México rechazó las críticas emitidas este miércoles por cuatro relatores de Naciones Unidas sobre el deterioro de los derechos humanos en el país tras el asesinato de dos miembros de una caravana humanitaria en el estado de Oaxaca.
El pasado 27 de abril, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, que integraban una caravana para evaluar el estado de los derechos humanos en Oaxaca, fueron asesinados en un ataque en el que otros activistas y periodistas resultaron heridos.
"Es indispensable poner en contexto la situación en Copala (la comunidad donde ocurrieron los hechos) para enterarnos de lo que pasó", dijo el embajador de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, en referencia al "conflicto existente hace tiempo en la comunidad indígena triqui”.
Según el diplomático, "tres grupos (de dicha comunidad indígena) están enfrentados desde hace tiempo y cualquier visita de una organización de ese tipo se debe hacer en condiciones de seguridad, no se puede llegar allí de cualquier manera”.
Agregó que "ni el gobierno federal ni el del estado sabían que esa caravana humanitaria se dirigía allí, y de haberlo sabido, o se les habría persuadido de no hacerlo o se les habría dado seguridad".
El embajador mexicano calificó de "inaceptable" la afirmación de los relatores de la ONU atribuyendo el asesinato a paramilitares.
"Allí no hay paramilitares que conozcamos, y además las investigaciones están empezando y los relatores tendrían que haber esperado antes de emitir su comunicado”, señaló.
Sobre cuál es entonces la hipótesis que maneja el Gobierno sobre los autores del ataque a la caravana, Gómez Camacho dijo que "tenemos la presunción de que es producto del conflicto entre los tres grupos enfrentados, aunque es difícil aún sacar conclusiones”.
El representante permanente de México insistió en que el ataque que causó la muerte de los dos humanitarios es "lamentable" y "no debería haber ocurrido”, así como en el respeto del gobierno con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Según la relatora especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, "los defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a importantes amenazas a sus vidas en México como resultado de su trabajo”.
Para el relator especial en asuntos extrajudiciales, Philip Alston, "no hay justificación para los fallos en tomar pasos decididos cuando asesinan a defensores de derechos humanos, periodistas y demás. Los derechos humanos no pueden ser una víctima en la lucha contra el crimen y la droga”.
También se unieron a las condenas el relator especial de la ONU para los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población indígena, James Anaya, y el relator especial para la libertad de expresión y opinión, Frank La Rue.
Ginebra, Suiza
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