El Frente Nacional de Legisladores demanda que se incluyan en el presupuesto federal los casi 500 mdp por expropiaciones de tierras ejidales y comunales
El Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural demandó incluir en el presupuesto federal para el próximo año una partida para liquidar adeudos por casi 500 millones de pesos por expropiaciones de tierras ejidales y comunales realizadas por los gobiernos federal, estatales y municipales, algunas de las cuales tienen más de 40 años.
De acuerdo con un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados por la priísta Narcedalia Ramírez Pineda, faltan de liquidarse a comunidades agrarias 291 decretos de expropiación que se hicieron por motivos de interés público como obras de infraestructura, regularización de la tenencia de la tierra, reservas territoriales y fomento al desarrollo urbano.
De acuerdo con la propuesta de legisladora apoyada por los integrantes del citado Frente, actualmente el adeudo a ejidos y comunidades es mayor porque el pago deberá considerar las variaciones del índice nacional de precios, de acuerdo a la jurisprudencia que sobre actualización por inflación determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para liquidar los adeudos pendientes solicita que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), entidad del gobierno federal responsable de dar seguimiento al pago de los montos de indemnización establecidos en decretos expropiatorios que afectan a ejidos y comunidades, cuente con los recursos para el efecto.
En este marco, Ramírez Pineda expuso que al no cumplirse con la obligación de pagar los adeudos vulnera el interés económico y el derecho de ejidos y comunidades al recibir la compensación pactada, además de que afecta el concepto de las expropiaciones como un mecanismo legal del Estado para la adquisición de tierras por motivos de interés público.
El punto de acuerdo destaca que no se han indemnizado más de 16 mil hectáreas, ante la inconformidad y desesperación de ejidos que un día fueron dotados de esas tierras por la reforma agraria, pero que otro día, según el reclamo de su desencanto, les fueron arrebatadas por la burocracia con el pretexto de la utilidad pública.
Del adeudo pendiente, las cifras más significativas se generaron entre 1971 y 1976 y, en un segundo rango de antigüedad, durante el periodo 1989-2000 y señala que el gobierno federal es el mayor deudor de los núcleos agrarios con el 62% de los decretos los cuales, en miles de pesos, representan el 23% del adeudo total. Los gobiernos estatales tienen, a su vez, un poco más del 50% de la deuda histórica.
La diputada indicó que hay ejidos que fueron expropiados para obras que no se realizaron y que buscan inútilmente revertir los decretos presidenciales; y que existen ejidatarios expulsados de sus tierras para dar paso a compañías mineras que contaminan sus manantiales con total impunidad, como sucede en Huizopa, mineral de Dolores, Chihuahua, o en regiones enteras de comunidades indígenas que son declaradas por la Secretaría de Medio Ambiente como zonas o reservas protegidas, pero que no les dan ninguna opción de vida que no sean la pobreza y el éxodo. México, D.F.
De acuerdo con un punto de acuerdo presentado en la Cámara de Diputados por la priísta Narcedalia Ramírez Pineda, faltan de liquidarse a comunidades agrarias 291 decretos de expropiación que se hicieron por motivos de interés público como obras de infraestructura, regularización de la tenencia de la tierra, reservas territoriales y fomento al desarrollo urbano.
De acuerdo con la propuesta de legisladora apoyada por los integrantes del citado Frente, actualmente el adeudo a ejidos y comunidades es mayor porque el pago deberá considerar las variaciones del índice nacional de precios, de acuerdo a la jurisprudencia que sobre actualización por inflación determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para liquidar los adeudos pendientes solicita que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), entidad del gobierno federal responsable de dar seguimiento al pago de los montos de indemnización establecidos en decretos expropiatorios que afectan a ejidos y comunidades, cuente con los recursos para el efecto.
En este marco, Ramírez Pineda expuso que al no cumplirse con la obligación de pagar los adeudos vulnera el interés económico y el derecho de ejidos y comunidades al recibir la compensación pactada, además de que afecta el concepto de las expropiaciones como un mecanismo legal del Estado para la adquisición de tierras por motivos de interés público.
El punto de acuerdo destaca que no se han indemnizado más de 16 mil hectáreas, ante la inconformidad y desesperación de ejidos que un día fueron dotados de esas tierras por la reforma agraria, pero que otro día, según el reclamo de su desencanto, les fueron arrebatadas por la burocracia con el pretexto de la utilidad pública.
Del adeudo pendiente, las cifras más significativas se generaron entre 1971 y 1976 y, en un segundo rango de antigüedad, durante el periodo 1989-2000 y señala que el gobierno federal es el mayor deudor de los núcleos agrarios con el 62% de los decretos los cuales, en miles de pesos, representan el 23% del adeudo total. Los gobiernos estatales tienen, a su vez, un poco más del 50% de la deuda histórica.
La diputada indicó que hay ejidos que fueron expropiados para obras que no se realizaron y que buscan inútilmente revertir los decretos presidenciales; y que existen ejidatarios expulsados de sus tierras para dar paso a compañías mineras que contaminan sus manantiales con total impunidad, como sucede en Huizopa, mineral de Dolores, Chihuahua, o en regiones enteras de comunidades indígenas que son declaradas por la Secretaría de Medio Ambiente como zonas o reservas protegidas, pero que no les dan ninguna opción de vida que no sean la pobreza y el éxodo. México, D.F.
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