Rafael Cruz Santiago quería descubrir las redes de corrupción existentes entre los reclutadores de la mano de obra de mexicanos para la agroindustria estadounidense, pero no pudo continuar con su labor: el 9 de abril de 2007, en Monterrey, fue hallado su cadáver con claras huellas de tortura.
Gustavo De la Rosa Hickerson y Luz Estela Castro, de Chihuahua, han sido amenazados de muerte por oponerse a la presencia militar en esa entidad.
En abril de 2007, Aline Castellanos planeaba viajar a Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los abusos de las autoridades durante el conflicto magisterial en Oaxaca, pero su domicilio fue allanado y su pasaporte sustraído. El 31 de agosto pasado, desconocidos dispararon e hirieron en tres ocasiones a Salomón Monárrez, secretario del Frente Cívico Sinaloense —organización civil cuyo fundador fue asesinado hace dos años.
Es así como los defensores de derechos humanos en México trabajan en condiciones de riesgo “considerable” y en un estado generalizado de indefensión y desprotección. Son víctimas de homicidio, amenazas y agresiones que van en aumento y que ocurren ante la “débil” acción de las autoridades para prevenir esos hechos, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
De enero de 2006 a agosto de 2009, esta oficina de la ONU documentó 128 agresiones —10 fueron homicidios— contra defensores de derechos humanos y asegura que 98.5% del total de esos casos están impunes.
Aunque en la mayoría de los asuntos resultó imposible ubicar a los autores de las agresiones, las víctimas responsabilizan a autoridades locales y al crimen organizado.
En su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, el organismo explica que una vez que los defensores de derechos humanos denuncian agresiones, las autoridades actúan con reticencia, lentitud y negligencia. Sólo en dos casos se ha procesado a los probables responsables.
En el reporte —que se hará público hoy— la ONU alerta que los activistas de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca están en mayor riesgo de indefensión, pues en esas entidades hay un incremento de violencia e inseguridad y las autoridades municipales incumplen con la protección cuando se trata de amenazas provenientes del crimen organizado.
Asegura que es evidente que la labor de defensa de los activistas “resulta incómoda” para algunos grupos y critica la ausencia de una política integral en la materia porque, indica, el Estado se ha limitado a actuar cuando se acude a instancias internacionales que demandan medidas de protección para los defensores de derechos humanos agredidos.
“Resulta preocupante que incluso dichas agresiones se lleguen a asumir como una realidad implícita en su labor y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, en su caso, investigadas y sancionadas”, destaca la oficina.
Las formas de agresión
El informe reporta que en 2006 se denunciaron 24 agresiones; en 2007 hubo un repunte para llegar a 40; en 2008 disminuyó a 32, y hasta agosto de este año se han denunciado 27 casos. “De continuar esta tendencia se sostendrá la cifra de 2008 o incluso podría aumentar”, alerta el organismo.
Las entidades donde se reporta el mayor número de ataques son: Oaxaca (26), Distrito Federal (20), Guerrero (19), Chiapas (13), Chihuahua (11) y Jalisco (10).
El resto ocurrió en Coahuila, estado de México, Nuevo León, Puebla, Morelos, Campeche, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Querétaro.
Sin embargo, la oficina de la ONU resalta que en Guerrero, Chihuahua y Oaxaca los defensores de derechos humanos ven más obstaculizada su labor ante la presencia de las fuerzas armadas, el narcotráfico, la descomposición y el debilitamiento de la policía municipal y la existencia de grupos armados.
En el periodo de referencia, 10 defensores fueron asesinados: Francisco Quiñones (Jalisco), Santiago Rafael Cruz (Nuevo León), Aldo Zamora (estado de México), Ricardo Murillo (Sinaloa), Teresa Bautista y Felícitas Martínez (Oaxaca), Lorenzo Fernández (Guerrero), Armando Villarreal (Chihuahua), Raúl Lucas y Manuel Ponce (Guerrero).
Las principales agresiones son: amenazas (35 casos) —en su mayoría mediante de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes anónimos dejados en sus lugares de trabajo—; uso arbitrario del sistema penal (26) —no para sancionar un delito sino para frenar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos—; hostigamiento (21) —hacen saber a la persona que ella y su familia son vigilados y que sus actividades profesionales son conocidas—; injerencias arbitrarias (12) —consistentes en robo de información y allanamiento de oficinas—; además de que en al menos 10 ocasiones, funcionarios o integrantes de medios de comunicación hicieron declaraciones que deslegitiman la labor de defensores de derechos humanos.
Hubo agresiones en contra de seis activistas, y tres atentados: Artemio Desiderio, del Comité Cerezo; Cristina Auerbach, defensora de los familiares de los mineros de Pasta de Conchos y la periodista Lydia Cacho.
En 52% de los casos se desconoció la fuente de los ataques, en el resto sí hay responsables identificados. Según denunciantes, agresiones físicas y amenazas son autoría de delincuentes vinculados con caciques o grupos con intereses económicos y políticos. El desprestigio es cometido por funcionarios públicos, medios de comunicación y titulares de organismos públicos de derechos humanos vinculados con el gobierno. Las autoridades son relacionadas con actos de hostigamiento y amenazas y elementos de las corporaciones policiacas han sido vinculados con robos y allanamientos.
Los motivos
La oficina de la ONU destaca que la inseguridad, el incremento de la violencia y la presencia del Ejército en las calles constituyen un nuevo reto para defensores. La impunidad es otro factor de riesgo.
Otros aspectos que acentúan el estado de vulnerabilidad, son los prejuicios en torno a los derechos humanos y a que la labor de los defensores no está debidamente reconocida ni valorada. “Entre los prejuicios y estigmas más recurrentes en su contra —cita— se encuentran los que señalan que defienden delincuentes; obstaculizan la labor de la justicia y el mantenimiento de la seguridad; se oponen al desarrollo; lucran con su labor; no canalizan sus demandas por las vías institucionales, sólo protestan y no contribuyen”.
La oficina destaca la labor de los activistas. “Ante el problema de desigualdad, pobreza y de altos niveles de discriminación y exclusión, las y los defensores dan voz a quien no la tiene y hacen públicas aquellas problemáticas que se encuentran invisibilizadas. Su experiencia y contacto con la realidad son fundamentales para la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Al documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos luchan en contra de la impunidad, impulsan la vigencia del estado de derecho, apoyan el derecho de las víctimas y detonan transformaciones hacia una sociedad más justa”.
Inseguridad
El organismo reitera que no se ha logrado consolidar una política de Estado que garantice que los defensores puedan realizar su labor con seguridad, y afirma que en entrevistas con autoridades federales y estatales pudo comprobar que este asunto “no está dentro de los temas prioritarios” a pesar de que es una obligación que asumió el Estado.
“Mas allá de pronunciamientos, la ausencia de programas y políticas especializadas, la falta de interlocución directa, el perfil poco especializado de las y los funcionarios designados para el tema y, en ocasiones, la débil respuesta de las autoridades, constituyen retos que el Estado debe superar”, recomienda. México, D.F.
Gustavo De la Rosa Hickerson y Luz Estela Castro, de Chihuahua, han sido amenazados de muerte por oponerse a la presencia militar en esa entidad.
En abril de 2007, Aline Castellanos planeaba viajar a Washington para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los abusos de las autoridades durante el conflicto magisterial en Oaxaca, pero su domicilio fue allanado y su pasaporte sustraído. El 31 de agosto pasado, desconocidos dispararon e hirieron en tres ocasiones a Salomón Monárrez, secretario del Frente Cívico Sinaloense —organización civil cuyo fundador fue asesinado hace dos años.
Es así como los defensores de derechos humanos en México trabajan en condiciones de riesgo “considerable” y en un estado generalizado de indefensión y desprotección. Son víctimas de homicidio, amenazas y agresiones que van en aumento y que ocurren ante la “débil” acción de las autoridades para prevenir esos hechos, denuncia la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
De enero de 2006 a agosto de 2009, esta oficina de la ONU documentó 128 agresiones —10 fueron homicidios— contra defensores de derechos humanos y asegura que 98.5% del total de esos casos están impunes.
Aunque en la mayoría de los asuntos resultó imposible ubicar a los autores de las agresiones, las víctimas responsabilizan a autoridades locales y al crimen organizado.
En su informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, el organismo explica que una vez que los defensores de derechos humanos denuncian agresiones, las autoridades actúan con reticencia, lentitud y negligencia. Sólo en dos casos se ha procesado a los probables responsables.
En el reporte —que se hará público hoy— la ONU alerta que los activistas de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca están en mayor riesgo de indefensión, pues en esas entidades hay un incremento de violencia e inseguridad y las autoridades municipales incumplen con la protección cuando se trata de amenazas provenientes del crimen organizado.
Asegura que es evidente que la labor de defensa de los activistas “resulta incómoda” para algunos grupos y critica la ausencia de una política integral en la materia porque, indica, el Estado se ha limitado a actuar cuando se acude a instancias internacionales que demandan medidas de protección para los defensores de derechos humanos agredidos.
“Resulta preocupante que incluso dichas agresiones se lleguen a asumir como una realidad implícita en su labor y no como situaciones extraordinarias que deben ser prevenidas y, en su caso, investigadas y sancionadas”, destaca la oficina.
Las formas de agresión
El informe reporta que en 2006 se denunciaron 24 agresiones; en 2007 hubo un repunte para llegar a 40; en 2008 disminuyó a 32, y hasta agosto de este año se han denunciado 27 casos. “De continuar esta tendencia se sostendrá la cifra de 2008 o incluso podría aumentar”, alerta el organismo.
Las entidades donde se reporta el mayor número de ataques son: Oaxaca (26), Distrito Federal (20), Guerrero (19), Chiapas (13), Chihuahua (11) y Jalisco (10).
El resto ocurrió en Coahuila, estado de México, Nuevo León, Puebla, Morelos, Campeche, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Querétaro.
Sin embargo, la oficina de la ONU resalta que en Guerrero, Chihuahua y Oaxaca los defensores de derechos humanos ven más obstaculizada su labor ante la presencia de las fuerzas armadas, el narcotráfico, la descomposición y el debilitamiento de la policía municipal y la existencia de grupos armados.
En el periodo de referencia, 10 defensores fueron asesinados: Francisco Quiñones (Jalisco), Santiago Rafael Cruz (Nuevo León), Aldo Zamora (estado de México), Ricardo Murillo (Sinaloa), Teresa Bautista y Felícitas Martínez (Oaxaca), Lorenzo Fernández (Guerrero), Armando Villarreal (Chihuahua), Raúl Lucas y Manuel Ponce (Guerrero).
Las principales agresiones son: amenazas (35 casos) —en su mayoría mediante de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes anónimos dejados en sus lugares de trabajo—; uso arbitrario del sistema penal (26) —no para sancionar un delito sino para frenar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos—; hostigamiento (21) —hacen saber a la persona que ella y su familia son vigilados y que sus actividades profesionales son conocidas—; injerencias arbitrarias (12) —consistentes en robo de información y allanamiento de oficinas—; además de que en al menos 10 ocasiones, funcionarios o integrantes de medios de comunicación hicieron declaraciones que deslegitiman la labor de defensores de derechos humanos.
Hubo agresiones en contra de seis activistas, y tres atentados: Artemio Desiderio, del Comité Cerezo; Cristina Auerbach, defensora de los familiares de los mineros de Pasta de Conchos y la periodista Lydia Cacho.
En 52% de los casos se desconoció la fuente de los ataques, en el resto sí hay responsables identificados. Según denunciantes, agresiones físicas y amenazas son autoría de delincuentes vinculados con caciques o grupos con intereses económicos y políticos. El desprestigio es cometido por funcionarios públicos, medios de comunicación y titulares de organismos públicos de derechos humanos vinculados con el gobierno. Las autoridades son relacionadas con actos de hostigamiento y amenazas y elementos de las corporaciones policiacas han sido vinculados con robos y allanamientos.
Los motivos
La oficina de la ONU destaca que la inseguridad, el incremento de la violencia y la presencia del Ejército en las calles constituyen un nuevo reto para defensores. La impunidad es otro factor de riesgo.
Otros aspectos que acentúan el estado de vulnerabilidad, son los prejuicios en torno a los derechos humanos y a que la labor de los defensores no está debidamente reconocida ni valorada. “Entre los prejuicios y estigmas más recurrentes en su contra —cita— se encuentran los que señalan que defienden delincuentes; obstaculizan la labor de la justicia y el mantenimiento de la seguridad; se oponen al desarrollo; lucran con su labor; no canalizan sus demandas por las vías institucionales, sólo protestan y no contribuyen”.
La oficina destaca la labor de los activistas. “Ante el problema de desigualdad, pobreza y de altos niveles de discriminación y exclusión, las y los defensores dan voz a quien no la tiene y hacen públicas aquellas problemáticas que se encuentran invisibilizadas. Su experiencia y contacto con la realidad son fundamentales para la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Al documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos luchan en contra de la impunidad, impulsan la vigencia del estado de derecho, apoyan el derecho de las víctimas y detonan transformaciones hacia una sociedad más justa”.
Inseguridad
El organismo reitera que no se ha logrado consolidar una política de Estado que garantice que los defensores puedan realizar su labor con seguridad, y afirma que en entrevistas con autoridades federales y estatales pudo comprobar que este asunto “no está dentro de los temas prioritarios” a pesar de que es una obligación que asumió el Estado.
“Mas allá de pronunciamientos, la ausencia de programas y políticas especializadas, la falta de interlocución directa, el perfil poco especializado de las y los funcionarios designados para el tema y, en ocasiones, la débil respuesta de las autoridades, constituyen retos que el Estado debe superar”, recomienda. México, D.F.
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