Senadores revisarán Ley antisecuestro

Por: Edmundo Olivares Alcalá

Los senadores de las distintas fracciones parlamentarias revisarán la propuesta “Ley antisecuestro” que envió el primer mandatario de la nación, Felipe Calderón, entre otras cosas propone la prisión vitalicia para los secuestradores que incurran en diversas actividades delictivas.
Contempla colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a los secuestradores que salgan de cárcel, después de purgar una condena, para prevenir nuevas conductas delictivas.
Intervenir comunicaciones privadas telefónicas, cuando así lo amerite la investigación en torno a un secuestro y se justifique ante el Ministerio Público.
Así mismo los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deberán proporcionar información de inmediato y sin demora cuando les sea requerida e incluso, por órdenes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), suspender una línea telefónica.
Abra "operaciones encubiertas", infiltrar agentes policiacos a las organizaciones delictivas para conocer su operación y recurrir a informantes anónimos, la protección de personas y apoyos a las víctimas.
También incluye que las autoridades creen unidades especiales para prevenir estos delitos, y los jueces podrán embargar bienes de los secuestradores cuando el producto, instrumentos u objetos sancionados por la ley no sean localizados.
Los delincuentes que se hagan pasar como efectivos para cometer un secuestro, y sus víctimas sean menores de edad, embarazadas, mayores de 60 años o tengan inferioridad física y mental, se le impondrán de 30 años a prisión vitalicia.
Además, se prevé de 40 años de cárcel a prisión vitalicia para aquellos casos en los que la víctima muera por cualquiera de los sujetos activos.
Endurece además las penas a los servidores públicos y cuando se encarcele a un secuestrador se propone que sea en una entidad distinta a en donde cometió el delito.
En materia de secuestro, como el secuestro exprés, la detención de una persona en calidad de rehén, y la simulación de un secuestro, la intimidación y la intermediación en una negociación de secuestro, será tipificado como delito grave.
La propuesta penaliza con mayor rigor el encubrimiento y sanciona a servidores públicos que no coadyuven con el Ministerio Público en estos ilícitos.