Estados reclaman recursos para nuevos juzgados orales

Ebrard llama a no politizar la justicia y la seguridad

Ante gobernadores de cinco entidades, Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, acusó que temas como la seguridad y la impartición de justicia se han politizado, “y basta verlo con toda la propaganda que hay en la calle”, por lo que urgió a alejar el tema de una tentación a corto plazo, así como a pensar en más allá del 5 de julio.
Durante el foro de debate en torno a la seguridad y la justicia, a un año de la reforma constitucional en materia penal, el perredista también dijo que esa reforma legal no puede llevarse con éxito si antes no se garantizan recursos nacionales para ejecutarla.
Explicó que sólo en el DF se debe incrementar de 70 a 300 el número de juzgados, lo que representa una inversión por ocho mil millones de pesos.
Esos juzgados, en los que se llevarían procesos orales, no se pueden poner en operación sólo con recursos locales, señaló el mandatario capitalino, quien recordó que, cuando hace un año se aprobó la reforma constitucional, ésta no vino acompañada de los recursos económicos federales para aplicarla.
Con estos temas, el titular del GDF dio pie a un debate dentro de este foro al que también asistieron los gobernadores del estado de México, Morelos, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León.
Lo álgido de la discusión se presentó cuando el mandatario de Morelos, Marco Antonio Adame, le reviró a Ebrard al calificar como falso debate los argumentos de que la reforma constitucional en materia penal es cara.
Además, afirmó que hablar de politización de temas como la seguridad y la justicia puede ser una táctica dilatoria para no demostrar voluntad política en la aplicación de esas reformas.
Sin embargo, Ebrard no se quedó solo en la defensa de sus argumentos, pues el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, destacó que se deben asignar recursos federales a estos dos grandes rubros, pero lejos de posiciones partidistas o regionales. Consideró que debe prevalecer una visión global en la que se tome en cuenta el índice delictivo para la distribución de esos recursos. México, D.F./Alberto Cuenca (El Universal)