Reforma penal, empantanada: ONG

Red Ciudadana la evalúa a un año de su aprobación

A un año de haberse aprobado la reforma constitucional en materia penal el panorama es gris. Se aprecia empantanamiento, tortuguismo e incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de implementarla, coinciden diversas organizaciones ciudadanas agrupadas en la Red Ciudadana de Seguridad y Justicia y argumentan que estos últimos 12 meses han estado marcados por “golpes espectaculares” al narcotráfico y falta de cambios de fondo en justicia.
Mañana los principales funcionarios relacionados con la justicia y la seguridad del país asistirán a un foro nacional convocado por organizaciones ciudadanas para hacer un balance del primer año de la reforma penal.
El 17 de junio de 2008 el presidente Felipe Calderón firmó el decreto promulgatorio de la reforma constitucional de seguridad y justicia. En el aspecto relativo a la reforma de justicia se sustituye el sistema inquisitivo escrito por el acusatorio oral y se da un plazo máximo de implementación de ochos años.
En los artículos transitorios se asentó que a los dos meses de publicación de la reforma, se tenía que crear la coordinación para la implementación que incluiría los tres Poderes de la Unión, a la sociedad civil y la academia. Diez meses después del término señalado en la Constitución —la semana pasada— se creó esta comisión que ahora sólo se encuentra instalada pero que se desconoce cual es su agenda.
Los transitorios también contemplan que se promovería la legislación secundaria para aplicar esta reforma, por ejemplo el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, etcétera y que se establecerían en los presupuestos recursos para aplicar la reforma, nada de esto ha sucedido.
“Estamos ante una situación de empantanamiento, tortuguismo, incumpliendo o franca oposición de una reforma que mandó el Constituyente permanente y se aprobó”, asegura Emilio Rabasa investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Ciudad de México y miembro de la Red.
“Creo que hay un concepto erróneo en el gobierno federal, y en algunos estatales, de este binomio seguridad y justicia. Se tiene la idea de que para que haya justicia primero tiene que haber seguridad. Es decir, creen que para que podamos implementar esta reforma tenemos primero que derrotar a la delincuencia organizada, al narcotráfico, y que mientas que esto no se logre no se puede avanzar con la parte de justicia. Esto es un gran error de concepción, creo que habrá seguridad, sólo si hay justicia, exactamente al revés”.
“Los políticos tienen una visión de corto plazo en la que son mucho más vendibles las falsas soluciones como elevar penas o ejecutar acciones muy concretas que puedan publicitar pero se trata de una reforma más compleja”, opina Layda Negrete, estudiosa del sistema de justicia penal y de seguridad pública
“Hay un círculo vicioso delincuencia-corrupción- impunidad. Es decir tenemos más delincuencia, que genera más corrupción y que permite mayor impunidad, y si no rompemos este círculo difícilmente vamos a logara el ambiente de seguridad que estamos buscando. Si bien se dan golpes espectaculares los ciudadanos seguimos padeciendo terriblemente los delitos de todos los días. Afortunadamente se han atrapado a muchos criminales pero desafortunadamente los niveles de secuestro, de robo, de extorsión, de asaltos, siguen al alza en todo el país, y los niveles de impunidad que se han documentado siguen en cifras superiores a 90 por ciento. Mientras la posibilidad de que atrapen al criminal, al delincuente sea de 10 por ciento el incentivo para ellos sigue siendo muy alto, les es muy rentable seguir delinquiendo”, asegura Alejandro Villanueva, también integrante de la Red.
“Habemos muchos millones de ciudadanos que vemos la urgencia de cambios estructurales, de raíz, que no se le simplemente se le meta más dinero a lo que siempre hemos venido haciendo sino que sea un verdadero cambio”, añade Villanueva quien afirma que el Foro Nacional Seguridad con Justicia de este miércoles será un oportunidad de pasar revista a los avances y atrasos de la reforma.
El foro
“El motivo del foro es que se cumple un año de haberse aprobado la reforma constitucional en materia penal y la Red de apoyo a esta reforma consideró que era indispensable que se hiciera una convocatoria a los poderes políticos, a autoridades que tienen las encomienda de implementar la reforma para saber que es lo que han hecho este año y que planes y proyectos contemplan. Se ha cumplido un año y es tiempo de saber que está sucediendo al respecto”, explica Ernesto Canales miembro de la Red.
“Es importante que las autoridades responsables sepan que existe un grupo ciudadano que está pendiente de sus acciones” añade Canales.
La Red es un grupo de organizaciones civiles que trabajan para cambiar el sistema penal. A un año de haberse aprobado la reforma constitucional en materia penal el panorama es gris. Se aprecia empantanamiento, tortuguismo e incumplimiento por parte de las autoridades encargadas de implementarla, coinciden diversas organizaciones ciudadanas agrupadas en la Red Ciudadana de Seguridad y Justicia y argumentan que estos últimos 12 meses han estado marcados por “golpes espectaculares” al narcotráfico y falta de cambios de fondo en justicia.
Mañana los principales funcionarios relacionados con la justicia y la seguridad del país asistirán a un foro nacional convocado por organizaciones ciudadanas para hacer un balance del primer año de la reforma penal.
El 17 de junio de 2008 el presidente Felipe Calderón firmó el decreto promulgatorio de la reforma constitucional de seguridad y justicia. En el aspecto relativo a la reforma de justicia se sustituye el sistema inquisitivo escrito por el acusatorio oral y se da un plazo máximo de implementación de ochos años.
En los artículos transitorios se asentó que a los dos meses de publicación de la reforma, se tenía que crear la coordinación para la implementación que incluiría los tres Poderes de la Unión, a la sociedad civil y la academia. Diez meses después del término señalado en la Constitución —la semana pasada— se creó esta comisión que ahora sólo se encuentra instalada pero que se desconoce cual es su agenda.
Los transitorios también contemplan que se promovería la legislación secundaria para aplicar esta reforma, por ejemplo el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, etcétera y que se establecerían en los presupuestos recursos para aplicar la reforma, nada de esto ha sucedido.
“Estamos ante una situación de empantanamiento, tortuguismo, incumpliendo o franca oposición de una reforma que mandó el Constituyente permanente y se aprobó”, asegura Emilio Rabasa investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, campus Ciudad de México y miembro de la Red.
“Creo que hay un concepto erróneo en el gobierno federal, y en algunos estatales, de este binomio seguridad y justicia. Se tiene la idea de que para que haya justicia primero tiene que haber seguridad. Es decir, creen que para que podamos implementar esta reforma tenemos primero que derrotar a la delincuencia organizada, al narcotráfico, y que mientas que esto no se logre no se puede avanzar con la parte de justicia. Esto es un gran error de concepción, creo que habrá seguridad, sólo si hay justicia, exactamente al revés”.
“Los políticos tienen una visión de corto plazo en la que son mucho más vendibles las falsas soluciones como elevar penas o ejecutar acciones muy concretas que puedan publicitar pero se trata de una reforma más compleja”, opina Layda Negrete, estudiosa del sistema de justicia penal y de seguridad pública
“Hay un círculo vicioso delincuencia-corrupción- impunidad. Es decir tenemos más delincuencia, que genera más corrupción y que permite mayor impunidad, y si no rompemos este círculo difícilmente vamos a logara el ambiente de seguridad que estamos buscando. Si bien se dan golpes espectaculares los ciudadanos seguimos padeciendo terriblemente los delitos de todos los días. Afortunadamente se han atrapado a muchos criminales pero desafortunadamente los niveles de secuestro, de robo, de extorsión, de asaltos, siguen al alza en todo el país, y los niveles de impunidad que se han documentado siguen en cifras superiores a 90 por ciento. Mientras la posibilidad de que atrapen al criminal, al delincuente sea de 10 por ciento el incentivo para ellos sigue siendo muy alto, les es muy rentable seguir delinquiendo”, asegura Alejandro Villanueva, también integrante de la Red.
“Habemos muchos millones de ciudadanos que vemos la urgencia de cambios estructurales, de raíz, que no se le simplemente se le meta más dinero a lo que siempre hemos venido haciendo sino que sea un verdadero cambio”, añade Villanueva quien afirma que el Foro Nacional Seguridad con Justicia de este miércoles será un oportunidad de pasar revista a los avances y atrasos de la reforma.
El foro
“El motivo del foro es que se cumple un año de haberse aprobado la reforma constitucional en materia penal y la Red de apoyo a esta reforma consideró que era indispensable que se hiciera una convocatoria a los poderes políticos, a autoridades que tienen las encomienda de implementar la reforma para saber que es lo que han hecho este año y que planes y proyectos contemplan. Se ha cumplido un año y es tiempo de saber que está sucediendo al respecto”, explica Ernesto Canales miembro de la Red.
“Es importante que las autoridades responsables sepan que existe un grupo ciudadano que está pendiente de sus acciones” añade Canales.
La Red es un grupo de organizaciones civiles que trabajan para cambiar el sistema penal. Carlos Benavides (El Universal)