Piden juicio político vs Emilio por controversia

Diputadas federales se unirán a la “marcha del hartazgo”, mañana.

Diputadas federales del PRD, del PRI, de Convergencia y de Alternativa Socialdemócrata interpusieron ayer una demanda de juicio político contra el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por negarse a cumplir la norma oficial que obliga a los hospitales públicos a atender a las víctimas de abuso sexual que soliciten la interrupción del embarazo.
La demanda fue suscrita por las legisladoras perredistas Maricela Contreras y Rosario Ortiz, las socialdemócratas Marina Arvizu y Elsa Conde, así como la convergente Martha Tagle y la priísta Bertha Yolanda Rodríguez.
En conferencia de prensa, las diputadas puntualizaron que la denuncia obedece a la recurrente violación del gobernador González Márquez a los derechos de las mujeres. “La gota que derramó el vaso fue que el señor ha iniciado una acción de inconstitucionalidad contra la Norma de Salud 046, denominada como Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres”, dijo Tagle. La NOM-0046-SSA2 2005 es el resultado del compromiso y la obligación del Estado mexicano para proveer servicios de salud, como la píldora de emergencia y la interrupción legal del embarazo, a las mujeres víctimas de violación, agregó.
La legisladora Maricela Contreras reprobó la negativa del gobierno de Jalisco a acatar la referida norma, cuando el registro oficial de la entidad reporta 7,494 violaciones, con una tasa de 10.7 por cada cien mil habitantes. Sostuvo, además, que el gobernador González Márquez ha destinado más de 443.5 millones de pesos a diferentes organismos de derecha, lo que en un lapso de tres años resulta excesivo.
Elsa Conde indicó que las diputadas federales estarán atentas a la aplicación de la NOM para demandar juicio político contra cualquier otro gobernador que se niegue a acatarla. La demanda de juicio político contra González Márquez fue entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para turnarla a la Subcomisión de Examen Previo.
No obstante, el recurso quedará al final de una larga lista de 120 demandas presentadas anteriormente, que aún siguen pendientes de ser dictaminadas por los diputados federales.
La solicitud de juicio político contra Emilio González es respaldada por nueve organismos civiles y académicos que defienden los derechos de las mujeres. El gobernador jalisciense, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), es el primero del país que se niega a cumplir una norma oficial en materia de salud, negativa que se suma a una serie de políticas en contra de los derechos de las mujeres, señalaron representantes de estas organizaciones, por lo cual se unirán el próximo sábado a la “marcha del hartazgo” en contra de los gobiernos panistas.
Asimismo, exigieron una audiencia pública al ombudsman estatal, Felipe Álvarez Cibrián, el próximo 1 de julio, para insistirle en que promueva también, una controversia constitucional en contra de la Ley de Protección al Derecho a la Vida (aprobada en marzo pasado), la cual impide la despenalización del aborto en Jalisco.
De negarles esta audiencia, promoverán juicio político en su contra “porque a su investidura compete la defensa de derechos humanos que ahora pretenden violentarse”, explicó la coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) María Guadalupe Ramos Ponce.
La activista destacó que en Jalisco “se pretende forzar a que continúen la gestación aquellas mujeres que fueron embarazadas producto de una violación”, cuando apenas hace dos semanas, el Estado mexicano presumió en Ginebra, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la norma 046, como una acción contundente para eliminar la violencia sexual contra las mujeres.
La promoción de la inconstitucionalidad de la NOM 046 contraviene los tratados suscritos por México y además no es congruente con los estándares internacionales de derechos humanos, pues “el embarazo forzoso está considerado por la ONU como una forma de tortura”, citó, y especialmente lamentable cuando niñas y adolescentes resultan embarazadas producto de violaciones, con frecuencia de familiares y hasta su propio padre (ver nota aparte).
Araceli Prieto Álvarez, represente de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco. Expresó su rechazo al diputado panista Alfredo Argüelles quien, a nombre de su bancada respaldó la demanda promovida por el gobernador no obstante que, tras aprobar la ley “antiaborto” la misma bancada y gobierno panista prometieron que quedarían a salvo las tres cláusulas de excepción, entre ellas, la despenalización en caso de violación.
DIF presionó a niña violada
En 2006, una trabajadora social del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Jalisco orilló a que una niña de trece años, violada y embarazada por un familiar, concluyera su gestación. La madre acudió al organismo en busca de apoyo y manifestó su negativa a que su hija cargara con el embarazo.
Sin embargo, la servidora les mostró videos científicamente incorrectos de abortos, para disuadirlas, señala el informe Víctimas por partida doble: Obstrucciones al aborto legal por violación en México, elaborado en 2006 por Human Rights Watch. Dicho informe describe el trato que reciben las víctimas de violación embarazadas, así como las tácticas agresivas para desalentar y postergar el acceso a abortos legales por violación, lo cual, refiere, ocurre especialmente en las procuradurías de justicia, los hospitales públicos y el DIF.
El informe también expone una impunidad continua y generalizada a los perpetradores de violación y concluye que las afectadas son “victimizadas por partida doble”: “la primera vez por el violador y la segunda por los funcionarios públicos que las ignoran e insultan, y que les niegan acceso a un aborto legal.”
Pronunciamientos
Desaprobamos los actos realizados por el Congreso de Jalisco para blindar a la Constitución en materia de interrupción legal del embarazo contraviniendo normas y acuerdos internacionales de derechos humanos.
Nos adherimos a las diputadas federales que presentaron demanda de juicio político contra el gobernador Emilio González Márquez ante el Congreso de la Unión por negarse a cumplir la Norma Oficial 046.
Exhortamos a las autoridades federales en la materia a que exijan a las autoridades locales el cese a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Exigimos al ombudsman jalisciense que ante este tipo de actos solicite ante el máximo tribunal la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma antiaborto.
Convocamos a una audiencia pública, el próximo 1 de julio, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, nos presente a la ciudadanía los argumentos jurídicos y de derechos humanos para el inicio de la acción de inconstitucionalidad.
Suscrito por nueve organismos de la sociedad civil.
Fernando Damián y Maricarmen Rello/México, D.F. (Milenio)