En un mes, además de la renovación total de la Cámara de Diputados, se elegirán gobernadores en seis de los 32 estados de México y alcaldes y legisladores locales en 11.
En un mes se celebrarán en México las elecciones intermedias y el ambiente está tenso. Hay enojo de la oposición por la supuesta utilización electoral del tema del narcotráfico, inquietud por la situación económica y una fuerte campaña a favor de la anulación del voto.
Los comicios del 5 de julio, en los que se espera una abstención de alrededor del 60 por ciento, definirán la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados para los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón. También será un acomodo de piezas rumbo a las presidenciales de 2012.
Varias encuestas indican que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó de 1929 a 2000, le lleva ventaja al Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Calderón.
Con ese panorama, la bancada oficialista podría perder su mayoría simple en la Cámara baja, que renovará sus 500 bancas.
Pero no todo está dicho. "En las presidenciales de 2006 el PAN logró remontar una desventaja muy fuerte. Vamos a ver qué sucede al final en esta elección", dijo a dpa Clara Jusidman, presidenta honoraria y fundadora de la organización civil INCIDE Social, dedicada a temas políticos y sociales.
Desde que comenzaron las campañas, e incluso desde antes, el narcotráfico estuvo tensando la relación entre los principales partidos opositores y el gobierno, además de que ha sido una de las cartas principales del PAN para pedir un voto de apoyo al presidente.
"En estas elecciones decidimos si seguimos con la lucha contra las drogas o si volvemos a ignorar el problema. No dejes a México en manos del crimen", dice un promocional del PAN, repetido insistentemente en televisión.
El PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), la segunda fuerza en la cámara baja, criticaron el "uso electoral" de este tema, en particular después de un operativo del Ejército que condujo a la detención de diez alcaldes y 20 funcionarios de distintos partidos en Michoacán, sin que el gobernador Leonel Godoy, del PRD, fuera notificado.
A esa polémica, más la recesión económica y la pérdida de empleos, se ha sumado una campaña promovida por algunas organizaciones, analistas y periodistas para la anulación de la papeleta electoral, en una especie de voto de castigo a todas las agrupaciones políticas.
El voto en blanco no existe en México, y en la práctica el voto anulado de manera intencional no cuenta, sino que se registra en el mismo apartado que los votos anulados por errores, como marcar el nombre de dos candidatos en la papeleta.
Para Jusidman, los comicios serán "muy cruciales", tanto porque servirán para medir el nivel de desencanto de los electores como por el hecho de que serán una puesta a prueba de la reforma electoral realizada en 2007, después de los problemas y tensiones vividos en las presidenciales.
En un mes, además de la renovación total de la Cámara de Diputados, se elegirán gobernadores en seis de los 32 estados de México y alcaldes y legisladores locales en 11.
"Hay una especie de desinterés de los ciudadanos que no perciben cambios fundamentales en su vida. Esto se refleja en un desánimo general y en esta campaña de anulación del voto", dijo Jusidman.
Para los críticos del movimiento de protesta, inutilizar el voto carece de sentido y hasta sería peligroso. Podría "dinamitar" la democracia, alertó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza. O también responder a una "agenda oculta" para deslegitimar a los partidos. México, D.F. DPA (Milenio)
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