“Que nadie se jale la marca”, bromeó el funcionario, y precisó que los operativos “no buscan inquietar innecesariamente a los estados”. También lamentó que se trate de vincular al PRD con el narcotráfico.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que operativos como el aplicado en Michoacán la semana pasada se realizan en defensa de la política, el servicio público y los partidos. El objetivo, dijo, es eliminar cualquier margen de maniobra a las organizaciones criminales que tratan de corromperlos.
El gobierno federal, “con el respaldo de todos los partidos, sigue su tarea de realizar las investigaciones que sean necesarias para salvar la política, defender las instituciones y los propios organismos políticos de presiones y tentaciones de la criminalidad”, aseguró.
En conferencia de prensa, el responsable de la política interna pidió, en términos futbolísticos, “que nadie se jale la marca; estos operativos son en defensa de todos los partidos políticos como institutos fundamentales para la vida democrática de México”.
Gómez Mont aseguró que en ese trabajo se busca “no entorpecer, frustrar o inquietar innecesariamente a los gobiernos de los estados”, y lamentó que en el caso de Michoacán “algunas personas quieran cuestionar o vincular (al perredismo) con la organización criminal” La Familia.
El titular de Gobernación reconoció que el PRD se ha comportado de manera responsable en estos casos. “Ha suministrado información relevante al gobierno para que pueda hacer su tarea y no tengo queja de ellos”, sostuvo.
Insistió en que ese partido ha cooperado para lograr la coordinación de las instituciones de seguridad y “como secretario de Gobernación se lo reconozco y se lo agradezco”.
“El gobierno cuenta con el respaldo de los gobernadores y, en este caso, el de Michoacán acepta que el operativo era necesario (...) Estoy en contacto con el gobernador Godoy, y hoy por hoy el gobierno federal hace su trabajo, buscando en todo momento no entorpecer, frustrar o inquietar innecesariamente a los estados.”
Investigaciones en marcha
Gómez Mont informó que en la tarea de cerrar cualquier margen de maniobra a las organizaciones criminales hay investigaciones en marcha. “Unas puertas abren otras puertas y lo que resulte de las indagatorias tendrá que ser valorado por los jueces”, indicó.
Precisó que las pesquisas se realizan con “seriedad”, de acuerdo con las leyes, y aseguró que la intervención de las autoridades judiciales “las fijan los hechos que se van descubriendo”.
El funcionario federal añadió que las investigaciones se realizarán con la mayor amplitud posible, “en función de hechos ciertos”.
Reafirmó que el gobierno de la República respaldará a las autoridades locales cuando sean amenazadas por la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Michoacán o Chihuahua. “Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque esta administración está comprometida con rescatar a la política de las presiones y de las tentaciones de las organizaciones criminales”, insistió.
Al refirirse al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto de 2008, afirmó que “en los últimos meses se reconstruyó el sistema nacional (de seguridad pública), que ahora tiene dientes y obliga a la coordinación entre estados, municipios y Federación”.
Esto permitirá, añadió, consolidar las bases de datos nacionales para evitar —por ejemplo— que no se contrate a policías con antecedentes criminales, que se conozcan las órdenes de aprehensión contra sujetos concretos, así como el modo de operar de las organizaciones criminales, entre otros aspectos.
El secretario reconoció que hay un cumplimiento “disparejo” de dicho acuerdo, pero destacó que se han logrado espacios de maniobra para reconstruir las instituciones de seguridad del país.
“El acuerdo no era un instrumento mágico; es el encuadramiento de propósitos y objetivos para reconstruir las instituciones de seguridad y justicia”, añadió.
Obispos amenazados
El grupo delictivo denominado La Familia michoacana ha amenazado con extorsionar a dos obispos de Michoacán, pero no lo ha logrado, denunció la Arquidiócesis de México, y afirmó que el gobierno federal ya no puede dar marcha atrás en su estrategia de combate al crimen organizado.
En el editorial del semanario Desde la Fe, titulado “Los políticos y el crimen organizado”, asegura que el operativo en ese estado “nos pone de frente a una dolorosa realidad que comenzó hace algunos años en nuestro país: los políticos coludidos con el narcotráfico.
“Se sabe de algunos obispos que han recibido amenazas de extorsión del grupo delictivo La Familia a cambio de evitarles problemas y hasta atentados personales. Hasta ahora nada han logrado estos criminales en relación con los prelados, pero sí lo han hecho con muchos gobernantes municipales, corporaciones policiacas y pequeños y medianos empresarios, quienes prefieren ceder a la extorsión antes que ver amenazada la seguridad de sus negocios o familias.”
“Así operan esos grupos; esto lo saben y lo sufren todos en Michoacán y en otras partes del país. A esto debemos añadir la lista de políticos que, por conveniencias personales, están directamente involucrados con los grupos de delincuentes”.
Mauricio Pérez. México, D.F. (Milenio)
El gobierno federal, “con el respaldo de todos los partidos, sigue su tarea de realizar las investigaciones que sean necesarias para salvar la política, defender las instituciones y los propios organismos políticos de presiones y tentaciones de la criminalidad”, aseguró.
En conferencia de prensa, el responsable de la política interna pidió, en términos futbolísticos, “que nadie se jale la marca; estos operativos son en defensa de todos los partidos políticos como institutos fundamentales para la vida democrática de México”.
Gómez Mont aseguró que en ese trabajo se busca “no entorpecer, frustrar o inquietar innecesariamente a los gobiernos de los estados”, y lamentó que en el caso de Michoacán “algunas personas quieran cuestionar o vincular (al perredismo) con la organización criminal” La Familia.
El titular de Gobernación reconoció que el PRD se ha comportado de manera responsable en estos casos. “Ha suministrado información relevante al gobierno para que pueda hacer su tarea y no tengo queja de ellos”, sostuvo.
Insistió en que ese partido ha cooperado para lograr la coordinación de las instituciones de seguridad y “como secretario de Gobernación se lo reconozco y se lo agradezco”.
“El gobierno cuenta con el respaldo de los gobernadores y, en este caso, el de Michoacán acepta que el operativo era necesario (...) Estoy en contacto con el gobernador Godoy, y hoy por hoy el gobierno federal hace su trabajo, buscando en todo momento no entorpecer, frustrar o inquietar innecesariamente a los estados.”
Investigaciones en marcha
Gómez Mont informó que en la tarea de cerrar cualquier margen de maniobra a las organizaciones criminales hay investigaciones en marcha. “Unas puertas abren otras puertas y lo que resulte de las indagatorias tendrá que ser valorado por los jueces”, indicó.
Precisó que las pesquisas se realizan con “seriedad”, de acuerdo con las leyes, y aseguró que la intervención de las autoridades judiciales “las fijan los hechos que se van descubriendo”.
El funcionario federal añadió que las investigaciones se realizarán con la mayor amplitud posible, “en función de hechos ciertos”.
Reafirmó que el gobierno de la República respaldará a las autoridades locales cuando sean amenazadas por la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Michoacán o Chihuahua. “Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque esta administración está comprometida con rescatar a la política de las presiones y de las tentaciones de las organizaciones criminales”, insistió.
Al refirirse al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito el 21 de agosto de 2008, afirmó que “en los últimos meses se reconstruyó el sistema nacional (de seguridad pública), que ahora tiene dientes y obliga a la coordinación entre estados, municipios y Federación”.
Esto permitirá, añadió, consolidar las bases de datos nacionales para evitar —por ejemplo— que no se contrate a policías con antecedentes criminales, que se conozcan las órdenes de aprehensión contra sujetos concretos, así como el modo de operar de las organizaciones criminales, entre otros aspectos.
El secretario reconoció que hay un cumplimiento “disparejo” de dicho acuerdo, pero destacó que se han logrado espacios de maniobra para reconstruir las instituciones de seguridad del país.
“El acuerdo no era un instrumento mágico; es el encuadramiento de propósitos y objetivos para reconstruir las instituciones de seguridad y justicia”, añadió.
Obispos amenazados
El grupo delictivo denominado La Familia michoacana ha amenazado con extorsionar a dos obispos de Michoacán, pero no lo ha logrado, denunció la Arquidiócesis de México, y afirmó que el gobierno federal ya no puede dar marcha atrás en su estrategia de combate al crimen organizado.
En el editorial del semanario Desde la Fe, titulado “Los políticos y el crimen organizado”, asegura que el operativo en ese estado “nos pone de frente a una dolorosa realidad que comenzó hace algunos años en nuestro país: los políticos coludidos con el narcotráfico.
“Se sabe de algunos obispos que han recibido amenazas de extorsión del grupo delictivo La Familia a cambio de evitarles problemas y hasta atentados personales. Hasta ahora nada han logrado estos criminales en relación con los prelados, pero sí lo han hecho con muchos gobernantes municipales, corporaciones policiacas y pequeños y medianos empresarios, quienes prefieren ceder a la extorsión antes que ver amenazada la seguridad de sus negocios o familias.”
“Así operan esos grupos; esto lo saben y lo sufren todos en Michoacán y en otras partes del país. A esto debemos añadir la lista de políticos que, por conveniencias personales, están directamente involucrados con los grupos de delincuentes”.
Mauricio Pérez. México, D.F. (Milenio)
No hay comentarios:
Publicar un comentario