jueves, 28 de mayo de 2009

Advierte ASF que 31.1% de irregularidades pertenecen a estados y municipios

Alma Alcaraz Hernández, secretaria de esa instancia, detalló que el impacto económico de dichas irregularidades ascendió a 60 mil 723 millones de pesos, de los que 18 mil 867 millones 363 pesos fueron de estados y municipios.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados reveló que de las irregularidades detectadas en la revisión de la Cuenta Pública 2007 el 31.1 por ciento correspondieron a estados y municipios.
La secretaria de esa instancia legislativa, Alma Alcaraz Hernández, detalló que el impacto económico global de las irregularidades detectadas ese año ascendió a 60 mil 723 millones de pesos, de los que 18 mil 867 millones 363 pesos fueron de estados y municipios.
Las presuntas irregularidades en los estados y municipios han crecido en los últimos años, ya en la Cuenta Pública 2005 el impacto económico fue de dos mil 813 millones de pesos, en 2006 de 14 mil 311 millones de pesos y en 2007 de 18 mil 867 millones de pesos, detalló.
Durante la mesa de trabajo Revisión de la Cuenta Pública 2007 en Estados y Municipios, la diputada del PAN manifestó que: "con los datos anteriores nos estamos dando cuenta del crecimiento importante que se ha dado en el número de auditorías y en la calidad de éstas".
En ese sentido, informó que con base en el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2007, se efectuaron 962 revisiones, de las cuales 49 corresponden al Informe de Avance de la Gestión Financiera (IAGF) y 913 a la Cuenta Pública.
Señaló que se hicieron 544 auditorías a entidades federativas, municipios y demacraciones territoriales del Distrito Federal, de las que 150 estuvieron a cargo de las Entidades de Fiscalización Superior (EFSL) y 394 a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Antonio Ortega Martínez, indicó que con este análisis se realiza un "acto de democracia verdadera" porque los servidores públicos han sometido al escrutinio de la representación popular el ejercicio de su gestión.
En este sentido reconoció que los funcionarios públicos sean partícipes de un Estado democrático donde es auditado tanto su control político como jurisdiccional en caso de que se revelen irregularidades administrativas.
Ortega Martínez refirió que es vital analizar la Cuenta Pública de 2007, a fin de que el dictamen que elabore la Comisión de Presupuesto pueda ser sometido al Pleno antes de finalizar el año, tal y como lo establece la Constitución. México, D.F. Notimex (La Jornada)

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