Anoche, la PGR ordenó la retención de los 29 servidores públicos capturados en el operativo del martes y les notificó que ya son indiciados; la medida incluye al ex procurador de Justicia del estado.
Las declaraciones de un testigo protegido, varias llamadas anónimas recibidas por la PGR, audios y una narcolista con nombres de funcionarios michoacanos son la base de la pesquisa que concluyó el pasado martes con la detención de 27 servidores públicos de esa entidad.
Por ello, el estatus legal de los servidores públicos cambió anoche a indiciados y se ordenó su retención. Esta medida incluye a Miguel García Hurtado, ex procurador estatal, quien se presentó de manera voluntaria a declarar; sin embargo, contra este ex funcionario existía ya una orden de localización y presentación.
Autoridades de la dependencia federal revelaron que un testigo identificado como Francisco aseguró que varios servidores públicos brindaron protección a La Familia michoacana.
Durante los seis meses que duró la indagatoria, la institución recibió denuncias anónimas, en las que se acusó a otros funcionarios estatales de estar vinculados con el narcotráfico, por lo que comenzaron a serinvestigados.
Por otra parte, a principios de año fue detenida una persona (cuya identidad no ha sido revelada) con una lista en la que aparecen 65 nombres, entre ellos los servidores públicos, que presumiblemente recibían dinero para proteger a las células de La Familia.
En ese documento, puntualizaron las autoridades de la PGR, hay nombres de presidentes municipales y jefes policiacos, quienes recibían entre 50 mil y 200 mil pesos. También se menciona quiénes eran los contactos de la organización criminal.
La indagatoria cobró fuerza con la captura de integrantes y operadores de ese cártel, realizada por elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal. En marzo pasado, soldados capturaron a Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Valencia, identificado por la SIEDO como lugarteniente de La Familia, cuyo centro de operación era el municipio de Tepalcatepec.
Este sujeto es hermano de Uriel Farías, alcalde de dicha localidad, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público federal como parte de la indagatoria.
Eso motivó que se ordenara intervenir líneas telefónicas, por lo que la PGR cuenta con grabaciones en las que se escucha a los integrantes de La Familia comunicándose presuntamente con los funcionarios.
Anoche, peritos de la PGR comenzaron a practicar pruebas de voz a los servidores públicos para cotejar si son las mismas que se escuchan en los audios en poder de la SIEDO.
DefensoresCésar Ceja, abogado de los ediles de Apatzingán y Buenavista, Genaro Guízar Valencia y Osbaldo Esquivel Lucatero, respectivamente, confirmó la existencia de la narcolista. El documento les fue mostrado por personal ministerial de la propia SIEDO y ahí aparacen los nombres de sus clientes.
Consultado por este diairo, el abogado mencionó que sus defendidos están acusados de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
—¿Hay una acusación directa?
—Se basan en una prueba documental que no tiene ninguna firma, ningún sello, sin ninguna validez jurídica. Es una simple hoja de computadora que cualquier persona puede hacer, pero carece de validez. Esa es la prueba en lo que se basa la PGR para acusarlos.
—¿De quién es?
—No abunda en detalles, sólo tiene los nombres de las personas que fueron presentadas y del municipio del que vienen.
—¿Es de La Familia michoacana o de quién?
—Supuestamente fue encontrada en el vehículo de una persona detenida, pero no sé sabe de qué persona se trata.
—¿Se les acusa de haber recibido dinero?
—No manejan ninguna cantidad específica. Se habla de 50 mil pesos, pero en otros casos de 100 mil o 200 mil pesos. Por otra parte, no se precisa si son semanales o mensuales, pero insisto en que fue hecha ex profeso.
Ceja refirió que en el caso se tomaron en cuenta declaraciones de un testigo protegido que imputa conductas delictivas a sus clientes e indicó que no existen elementos para que sean arraigados.
En tanto, el abogado Juan Rivero Legarreta, defensor del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, aseguró que la PGR ha cometido un sinnúmero de violaciones en el caso.
“Si la PGR tiene elementos suficientes para integrar una averiguación por qué no la consignó ante un juez para que éste librara las órdenes de aprehensión. Si uno tiene elementos de prueba de un homicidio o delito contra la salud debe consignarlos y el juez debe emitir las correspondientes órdenes de aprehensión”, expresó.
Entrevistado en MILENIO Televisión por Ciro Gómez Leyva, el abogado confió en que se amplíe el plazo para poder presentar pruebas de descargo y que el edil puda quedar en libertad este sábado.
Ixtlahuac fue capturado en el Palacio de Gobierno entre las 11 y las 11:30 horas del martes, informó el abogado. Fue “una detención muy violenta, muy fuerte”, pero hizo notar que su cliente “no fue maltratado”.
ClavesBeneplácito de EU• La senadora demócrata Dianne Feinstein y el nuevo zar de la frontera, Alan Bersin, aplaudieron el arresto de 10 alcaldes de Michoacán por presuntos vínculos con el narcotráfico y pidieron fortalecer la cooperación en el combate a las drogas.
• Feinstein y Bersin participaron en San Diego, California, en una reunión de autoridades locales, estatales y federales de Estados Unidos y representantes de México, en la que se discutieron los esfuerzos bilaterales en la lucha contra el narco y la violencia.
Rubén Mosso y Diego E. Osorno. México, D.F. y Morelia, Mich. (Milenio)
jueves, 28 de mayo de 2009
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