PGR decreta la “retención constitucional” de funcionarios

La Procuraduría General de la República decretó “la retención constitucional” del hasta ayer procurador general de Justicia de Michoacán y de los 28 detenidos anteayer por fuerzas federales, entre ellos los 10 presidentes municipales.
La PGR dijo que Miguel García Hurtado, quien ayer se separó de la Procuraduría estatal, se presentó de manera voluntaria ante el fiscal de la SIEDO, quien decretó su retención para ser investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La dependencia también confirmó que hasta anoche mantenía retenidos a todos los funcionarios y alcaldes que detuvo el martes pasado por su presunta relación con el cártel de La Familia Michoacana.
Desde el pasado martes, la PGR cuenta con un término de 96 horas para resolver la situación legal de los detenidos, y ayer informó que será hasta que se cumpla este plazo cuando dé a conocer si son consignados, arraigados o puestos en libertad.
Testigos protegidos vinculan a los presidentes municipales y servidores públicos del gobierno de Michoacán, detenidos el martes, con Nazario El Chayo Moreno y Jesús El Chango Méndez, principales líderes de La Familia en esa entidad, de acuerdo con la averiguación previa 398/2008 iniciada por la PGR.
A los 28 servidores públicos detenidos se sumó de manera voluntaria el ex procurador de Justicia de la entidad, Miguel Ángel García Hurtado.
El ex funcionario compareció ayer ante la SIEDO, a donde llegó poco después del mediodía y, hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había informado si sería detenido o se le dejaría en libertad.
En Michoacán, el movimiento de militares y tropas federales por municipios bajo influencia de La Familia prosiguió ayer.
Además, se informó que el despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado quedó a cargo de Jesús Montejano Ramírez, quien era subprocurador en Apatzingán.
Miguel García Hurtado e Ignacio Mendoza Jiménez, ex procurador de Justicia y ex subprocurador de Morelia, respectivamente, enviaron sus renuncias al gobernador para que puedan ser investigados de presunta relación con el crimen organizado.
El secretario de Gobierno, Fidel Calderón, desmintió la detención del presidente municipal de Nuevo Urecho, Francisco Estrada García. Precisó que no creció el número de funcionarios capturados.
(Con información de Azucena Silva) (El Universal)