Estancadas, reformas contra “sobornos”

Penas de hasta 2 mil veces el salario mínimo quedaron varadas al no avanzar en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Salud, que pretendía penalizar la práctica de la dicotomía, sostuvo Ernesto Saro Boardman (PAN), presidente de la Comisión de Salud del Senado.
“No estoy de acuerdo con esas prácticas e incluso hay una iniciativa aprobada hace más de un año en el Senado y está detenida en Diputados, no la han aprobado”, sostuvo el legislador.
EL UNIVERSAL publicó ayer que médicos entrevistados aceptan que cada mes reciben en promedio a unos 120 visitadores de las compañías farmacéuticas, quienes les financian viajes a congresos y simposios a través del mundo, y les obsequian desde muestras de fármacos, plumas y kits para escritorio, hasta instrumental.
“Esa práctica se llama dicotomía: tú no puedes dar un beneficio a un médico para que recete tu producto. Al médico le puedes dar información o muestras para iniciar tratamientos, pero a algunos les dan comisión, dinero de plano. Obviamente no estamos de acuerdo”, dijo el senador.
“Lamentablemente se dan estas prácticas. Yo he visto contratos firmados de médicos que se les dice que se les va a rentar el consultorio en el centro médico fulano pero está obligado a que sus pacientes se surtan en la farmacia de dicho centro y usar el quirófano del mismo centro, tantas veces por mes o tantas veces por año”, denunció el senador.
El objeto de la minuta referida por el senador Saro, según se establece en la descripción de la misma, “tiene el fin de evitar que los laboratorios clínicos u otros servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, ofrezcan cualquier tipo de participación económica a los médicos y/o funcionarios, como premio o gratificación, por la canalización de pacientes para la realización de análisis clínicos u otros servicios médicos y paramédicos”.
Además, “hace referencia a que dicha práctica, no sólo constituye un acto de corrupción, sino también de fraude, con consecuencias de calidad, éticas, laborales, fiscales y económicas”.
La iniciativa fue presentada inicialmente por la diputada Irma Figueroa (PRD) el 6 de diciembre de 2005; posteriormente pasó al Senado el 26 de abril de 2006, quien la dictaminó el 1 de marzo de 2007 y hasta ahí llegó.
La iniciativa proponía la adición de un artículo 48 bis, para impedir cualquier acuerdo entre médicos y personas físicas o morales que presten servicios a la salud a cambio de atención o venta de medicamentos a pacientes, mientras que las sanciones a dicho artículo se proponían en el artículo 419. México, D.F. Jorge Ramos (El Universal)