Ejército en las calles no frenó al crimen: AI

Asegura que pese al despliegue aumentó la violencia de bandas

Amnistía Internacional (AI) criticó las deficiencias en la política de seguridad pública del gobierno mexicano, pues señaló que pese a que en 2008 desplegó 45 mil miembros del Ejército para combatir al crimen organizado en varias entidades, la violencia atribuida a estas redes delictivas aumentó y también se incrementaron los casos graves de “homicidios ilegítimos”, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros ilegales de las viviendas cometidos por militares.
Agregó que la policía, por su parte, también está implicada en homicidios, torturas, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias sin que existan mecanismos de rendición de cuentas ante esos abusos.
En su informe anual El estado de los derechos humanos en el mundo —que se dará a conocer hoy en el mundo—, esta organización civil señaló que la violencia contra la mujer y la tortura son un fenómeno generalizado en el país.
Destacó que en 2008, cinco periodistas mexicanos fueron asesinados y uno más fue secuestrado y en todos los casos el delito sigue impune. Lo mismo sucede, aseguró, con denuncias por amenazas, cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos que padecen los defensores de derechos humanos.
Citó como ejemplo el caso de las locutoras indígenas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, asesinadas el 7 de abril de 2008 y que trabajaban en la radio comunitaria de la región triqui. “Las autoridades negaron que el asesinato guardase relación con sus actividades periodísticas, pero no llevaron a cabo una investigación completa de los hechos”, dijo Amnistía Internacional.
En el capítulo correspondiente a México, AI señaló en materia de seguridad pública que a pesar del despliegue de elementos de la Policía Federal y militares en varios estados del país, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas, pues en 2008 casi 6 mil personas murieron en incidentes violentos y decenas de agentes de seguridad también perecieron o resultaron heridos.
En ese contexto, aseguró que se incrementaron los informes donde se implica a militares y policías en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil. Criticó que el sistema de justicia militar conserve la competencia de investigar y procesar a miembros del Ejército acusados de esos abusos y que, en el caso de la policía, no existan mecanismos de rendición de cuentas y no se reformen las corporaciones estatales y municipales.
“La falta de instituciones efectivas encargadas de investigar y enjuiciar violaciones de derechos humanos a escala federal o estatal limita gravemente la rendición de cuentas y el acceso a la justicia”, reiteró la organización no gubernamental, con sede en Londres.
Agregó que en 2008 se reformó la Constitución en la materia, pero “se bloquearon” las encaminadas a incorporar en la Carta Magna los tratados internacionales de derechos humanos.
Sobre la tortura, la organización civil destacó que aun cuando se trata de una práctica recurrente en el país, “se registraron pocos avances en la puesta en marcha de acciones judiciales efectivas contra los responsables”.
En otro tema, AI manifestó que “la violencia contra las mujeres en el hogar, la sociedad y el entorno laboral continuó siendo un fenómeno generalizado” el año pasado y hasta la fecha, censuró, el gobierno federal sigue sin publicar la Norma Oficial Mexicana relativa a la atención en los servicios de salud de las mujeres víctimas de violencia sexual. Liliana Alcántara (El Universal)