“El Grupo pone en riesgo la gobernabilidad de México”

Senadores piden que se le reclute; eso ya fracasó en Colombia: ONG.
Ex gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas y organizaciones civiles vinculadas con el tema de la seguridad expresaron su preocupación por la existencia de un grupo parapolicial dedicado a perseguir, interrogar y ejecutar a secuestradores.
Alejandro González, Felipe González y Ricardo Monreal, ex mandatarios de Aguascalientes, Baja California y Zacatecas, respectivamente, consideraron “peligrosísimo” que una organización armada opere al margen de la ley y pidieron a las autoridades que investiguen y frenen sus actividades.
César Cámacho Quiroz y Juan Francisco Rivero, presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, advirtieron que el Estado mexicano no puede tolerar y menos auspiciar la operación de grupos parapoliciacos.
Por separado, representantes de organizaciones niveles como los consejos para la Ley y los Derechos Humanos y Ciudadano de Justicia y Paz Penal sostuvieron que ejercer la justicia por mano propia sólo generará ingobernabilidad y aseguraron que en Colombia esta práctica ya fracasó.
El panista Felipe González y el ecologista Arturo Escobar señalaron que si son gente adiestrada se les incorpore a las instituciones como asesores o auxiliares del Ministerio Público. “Si son gente experta harían mucho bien dentro de los grupos que están dedicados a perseguir a los miserables secuestradores”, señaló González.
“Nunca oí hablar de ellos, ni siquiera cuando fui gobernador de Aguascalientes, pero tratándose de gente organizada que se toma la ley por su propia mano y es capaz de matar es necesario que se les frene”, añadió.
El ecologista Escobar rechazó pactar con esos grupos, “pero si ya están organizados, aprovechemos su organización para presionar a la autoridad, para presionarnos a nosotros, los servidores públicos, a dar resultados en materia de seguridad”.
Por separado, Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y ex gobernador de Baja California, dijo que nunca ha oído de esos grupos parapoliciacos.
“No tengo idea de su actuación. Si opera una cosa así es totalmente ilegal y no debería existir, pero habría que ver qué elementos se tienen para aclarar el punto.”
Anarquía y más violenciaEn la Cámara de Diputados los legisladores priistas César Camacho Quiroz y Francisco Rivera Bedoya, presidentes de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública, señalaron que la existencia de El Grupo pone en entredicho la capacidad del gobierno para combatir el secuestro y encamina al país a un escenario de anarquía y violencia.
Sin embargo, reconocieron que la decisión de tomar la justicia por mano propia evidencia la desesperación de la sociedad ante la falta de resultados en la lucha contra el crimen organizado.
Camacho Quiroz, ex gobernador del Estado de México, sostuvo que la operación del organismo parapoliciaco confirma que la autoridad ya fue rebasada por la violencia. “El Estado mexicano no puede tolerar ni auspiciar la existencia de esos grupos y la forma más efectiva de acabar con esa tentación es ofrecer resultados a la sociedad en la lucha contra la delincuencia”, sostuvo
José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, consideró que “tomar la justicia en propia mano” propiciará problemas de ingobernabilidad y sostuvo que esta experiencia ya se aplicó en Colombia con resultados contraproducentes.
“La experiencia de grupos paramilitares en Colombia es muy amarga, porque esos grupos terminaron desviándose y siendo parte del crimen organizado”, dijo.
Por su parte, Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, aseguró que la PGR debe perseguir al Grupo, pues de contrario se generará una descomposición social. “Sería tanto como decirle a la gente: ‘ármate, busca delincuentes y mátalos’”, refirió.
La secretaria general del PRD, Hortensia Aragón, calificó de injustificable la creación de este grupo parapoliciaco aun cuando las corporaciones del país hayan sido infiltradas por la delincuencia.
Angélica Mercado, Liliana Padilla, Fernando Damián y David Saúl Vela México, D.F. (Milenio)