La desincorporación, tramo del tránsito a un “Estado solidario”

El eje principal del gobierno de Carlos Salinas fue “pasar de un Estado propietario y protagónico de la vida económica a un Estado solidario que asuma un claro compromiso con la justicia social”.

El eje principal del gobierno de Carlos Salinas fue “pasar de un Estado propietario y protagónico de la vida económica a un Estado solidario que asuma un claro compromiso con la justicia social”.
Así, el entonces Presidente implusó la privatización de propiedades del gobierno, como Imevisión (hoy Tv Azteca), Teléfonos de México y los bancos, que habían sido nacionalizados en 1982 por José López Portillo.
En 1990, la administración salinista impulsó una reforma legal con la cual las instituciones de crédito pasaron de ser una entidad de la administración pública a sociedades anónimas.
Para cumplir esa norma, la Secretaría de Hacienda creó el Comité de Desincorporación Bancaria, que fue presidido por el entonces subsecretario Guillermo Ortiz, y estuvo conformado por el director del Banco de México (que aún no era autónomo), Miguel Mancera, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, Guillermo Prieto Fortuna, entre otros.
Fueron tres etapas en las que se desarrolló el proyecto: la de valuación de las instituciones; la de registro y autorización de los posibles adquirientes, y la de enajenación de la participación accionaria del gobierno federal en dichas instituciones.
El proceso se realizó a través de la enajenación de los títulos representativos de su capital social, una vez convertidos estos en acciones. Los paquetes accionarios de cada institución fueron enajenados mediante el procedimiento de subasta.
Dichos paquetes fueron adquiridos por grupos de personas o sociedades controladoras de grupos financieros, previo el otorgamiento de las respectivas autorizaciones.
En total, fueron 18 instituciones bancarias que se privatizaron, entre ellos: Banamex, Banca Cremi, Banca Serfín (actualmente Santander), Bancomer, Banco Internacional (hoy HSBC) y Banco Mercantil del Norte (actualmente Banorte).
Cinco años después, en 1995, esta venta fue cuestionada cuando el gobierno debió destinar miles de millones de pesos para evitar la quiebra de los bancos y la pérdida de los ahorros de los clientes. México, D.F. (Milenio)
Paloma Alcántara