La Comisión asegura que con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a ejercer sus prerrogativas más esenciales bajo el principio de no discriminación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este viernes su preocupación por la eventual aprobación de la controvertida ley estatal SB1070, en Arizona, Estados Unidos, que faculta a los policías para detener e interrogar a sospechosos de ser indocumentados y sanciona el empleo de migrantes en dicha entidad.
La CNDH permanecerá atenta a la evolución de estos acontecimientos con un permanente llamado para que se vele de manera binacional por la vigencia de los derechos humanos de los migrantes en los dos países, indicó el organismo.
Recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los demás instrumentos internacionales en la materia, establecen que toda persona tiene derecho a ejercer sus prerrogativas más esenciales bajo el principio de no discriminación, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
La legislatura del estadounidense estado de Arizona, fronterizo con México, envió esta semana a la gobernadora Jan Brewer la controversial iniciativa de ley antiinmigrante para que la firme o la vete en un plazo que vence este sábado a las 17:00 horas, la cual ha generado diversas manifestaciones de rechazo en ambos país.
Hasta la mañana de este viernes la mandataria estatal no se había pronunciado al respecto, pero ayer jueves, en una rueda de prensa en la ciudad de Phoenix, anunció un Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza, que prevé más recursos para las fuerzas policiales y un aumento de las misiones aéreas de vigilancia en la línea divisoria con México.
Brewer acuso al gobierno federal de Estados Unidos de inacción frente a su responsabilidad de resguardar la frontera. "Nos han fallado", dijo en referencia a la administración del presidente Barack Obama.
El mandatario de Estados Unidos aseguró este viernes que el gobierno debe aprobar la reforma migratoria en el ámbito nacional porque de lo contrario se dejará la puerta abierta a la "irresponsabilidad Ajena".
Obama dijo que la inacción conducirá a iniciativas como el proyecto de ley de Arizona, al que calificó de ''mal encaminado''. El proyecto, de ser sancionado, convertiría en delito el hecho de estar ilegalmente en el país y obligaría a la policía a interrogar a las personas sobre su estatus inmigratorio si existieran sospechas sobre ellas, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias AP.
Obama dijo que dio instrucciones de estudiar el proyecto de Arizona para determinar si viola los derechos civiles de las personas.
Miles de estudiantes de Phoenix y otras ciudades de la entidad han marchado durante varios días hacia el Capitolio del estado de Arizona para demandar que la gobernadora Brewer vete la ley antiinmigrante.
En México las distintas bancadas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República han urgido a la Secretaría de Relaciones Exteriores emprender acciones que impidan su aplicación, por tratarse de una legislación regresiva contra los derechos humanos de más de 450 mil mexicanos indocumentados en el vecino país.
Ciudad de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó este viernes su preocupación por la eventual aprobación de la controvertida ley estatal SB1070, en Arizona, Estados Unidos, que faculta a los policías para detener e interrogar a sospechosos de ser indocumentados y sanciona el empleo de migrantes en dicha entidad.
La CNDH permanecerá atenta a la evolución de estos acontecimientos con un permanente llamado para que se vele de manera binacional por la vigencia de los derechos humanos de los migrantes en los dos países, indicó el organismo.
Recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los demás instrumentos internacionales en la materia, establecen que toda persona tiene derecho a ejercer sus prerrogativas más esenciales bajo el principio de no discriminación, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".
La legislatura del estadounidense estado de Arizona, fronterizo con México, envió esta semana a la gobernadora Jan Brewer la controversial iniciativa de ley antiinmigrante para que la firme o la vete en un plazo que vence este sábado a las 17:00 horas, la cual ha generado diversas manifestaciones de rechazo en ambos país.
Hasta la mañana de este viernes la mandataria estatal no se había pronunciado al respecto, pero ayer jueves, en una rueda de prensa en la ciudad de Phoenix, anunció un Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza, que prevé más recursos para las fuerzas policiales y un aumento de las misiones aéreas de vigilancia en la línea divisoria con México.
Brewer acuso al gobierno federal de Estados Unidos de inacción frente a su responsabilidad de resguardar la frontera. "Nos han fallado", dijo en referencia a la administración del presidente Barack Obama.
El mandatario de Estados Unidos aseguró este viernes que el gobierno debe aprobar la reforma migratoria en el ámbito nacional porque de lo contrario se dejará la puerta abierta a la "irresponsabilidad Ajena".
Obama dijo que la inacción conducirá a iniciativas como el proyecto de ley de Arizona, al que calificó de ''mal encaminado''. El proyecto, de ser sancionado, convertiría en delito el hecho de estar ilegalmente en el país y obligaría a la policía a interrogar a las personas sobre su estatus inmigratorio si existieran sospechas sobre ellas, de acuerdo con un cable de la agencia de noticias AP.
Obama dijo que dio instrucciones de estudiar el proyecto de Arizona para determinar si viola los derechos civiles de las personas.
Miles de estudiantes de Phoenix y otras ciudades de la entidad han marchado durante varios días hacia el Capitolio del estado de Arizona para demandar que la gobernadora Brewer vete la ley antiinmigrante.
En México las distintas bancadas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República han urgido a la Secretaría de Relaciones Exteriores emprender acciones que impidan su aplicación, por tratarse de una legislación regresiva contra los derechos humanos de más de 450 mil mexicanos indocumentados en el vecino país.
Ciudad de México
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