Por: Francisco Medina
Senadores del PAN, PRI y PRD se reunieron con víctimas de pederastia, quienes pidieron a los legisladores apresuren la aprobación de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados relativa a la tipificación de la Pederastia en el Código Penal Federal.
Los senadores reiteraron su disposición para trabajar sobre el tema a través de la modernización del marco legislativo, a fin de facilitar la persecución y sanción de este tipo de acciones.
El senador René Arce Islas, del PRD, llamó a los agraviados a seguir de cerca el trabajo que se realizará en el Senado y enriquecerlo con el objetivo de construir los consensos para sacar adelante las reformas urgentes.
El senador Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, señaló que ante el flagelo en el que se ha convertido para los infantes la pederastia, es preciso poner el tema en el centro de la discusión, a fin de contribuir desde la legislación a la atención de este delito.
Del PRD, la senadora Claudia Sofía Corichi señaló que los senadores están comprometidos para trabajar el tema durante el receso, de modo que en el próximo periodo de sesiones se tengan resultados claros, particularmente en cuestión de impartición de justicia.
El senador Luis Alberto Villarreal García, del PAN, resaltó que este tipo de delitos deben ser imprescriptibles, por lo delicado y por el daño que representa para las personas, y calificó como muy grave que sobre ello exista una cadena de complicidades que involucran a la sociedad, las instituciones y autoridades.
El senador Guillermo Tamborrel Suárez, del PAN, dijo que se buscará una herramienta jurídica sólida que permita sancionar, pero sobre todo evitar que estas personas sigan dañando a más; “no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo como ministerios públicos y jueces se corrompen”.
Por otra parte, los ciudadanos agraviados entregaron a los senadores un documento firmado por todos, donde se incluyen los asuntos pendientes que tiene la Minuta por dictaminar.
La exdiputada Claudia Cruz, del Instituto de Atención Ciudadana para la Justicia y Democracia, afirmó que a diferencia de la violación y el abuso sexual, la pederastia representa asumir el poder frente a los infantes, lo cual hace indispensable que se tenga un especial seguimiento de este tipo de delincuentes.
Resaltó que entre las demandas de las víctimas están el reclamo de justicia, la protección durante el proceso y la garantía de un tratamiento médico y psicológico oportuno.
Leticia Valdés, Joaquín Aguilar, Mónica Ruiz, Jesús Romero y Eric Barragán coincidieron en que la impunidad, la corrupción y la complicidad en la persecución de la pederastia, hace que se pierda la esperanza, pero también constituye el motor para trabajar en la erradicación de este tipo de actos que atentan contra la dignidad y sano desarrollo de las personas.
A través de sus testimonios, expusieron el ir y venir frente a las autoridades que en la mayoría de los casos se manejan con opacidad e instaron a los senadores a hacer de la pederastia un delito que no prescriba, pues ello constituye un obstáculo en la búsqueda de justicia, y “muchas de las víctimas aceptan hablarlo años después”.
El abogado José Bonilla, de la Fundación de la Mano con Justicia, A.C. y defensor de víctimas de abuso sexual, sostuvo que este delito afecta de manera permanente al niño y sus familias.
Por ello, urgió la necesidad de establecer un marco legal que permita que durante el proceso penal no se arriesgue a los niños a retroceder en la superación del hecho traumático.
Aprueba Senado reformas a Ley de Seguridad Nacional
Por: Francisco Medina
El Senado aprobó con 105 votos a favor reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que otorgan certeza jurídica y operatividad a la Fuerza Armada Permanente --Ejército, Marina y Fuerza Aérea—para preservar la seguridad interior y el combate a la delincuencia organizada.
En el dictamen se precisa que en las tareas de auxilio de la Fuerza Armada, las conductas de sus miembros que pudieran ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes.
“El personal de las instituciones de seguridad pública y de la Fuerza Armada Permanente deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas”, se agrega.
Para ello se establece un protocolo que contempla mecanismos de identificación de los efectivos que participen en las acciones y los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, la Legislatura o el Ejecutivo de una entidad federativa presentarán su solicitud al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, quien remitirá el proyecto al Presidente de la República para su aprobación.
El proyecto también se enviará a la Cámara de Senadores, o en sus recesos, a la Comisión Permanente para que revise su legalidad.
Dicha declaratoria –se advierte-- no procederá cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos de resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo y tampoco por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político-electoral o de índole social.
La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse o modificarse mientras subsistan las causas que le dieron origen, pero en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá derechos humanos y garantías constitucionales.
Entre otras reformas, se señala que el personal de las instancias de Seguridad Nacional estará obligado a guardar el secreto y confidencialidad de la información que conozca en o con motivo de su función.
Al fijar su posición, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, afirmó que en el dictamen “no se resolvió de fondo” lo relativo al fuero militar, ya que es una demanda de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Reconoció el papel de las Fuerzas Armadas y su lealtad que han guardado con el Estado, “pero así como se acepta la necesidad de su presencia transitoria en la lucha contra el crimen organizado, también deben quedar a disposición de autoridades civiles cuando violen derechos humanos de la población”.
El legislador añadió: “No hay razón para que los militares se juzguen así mismos cuando cometan delitos comunes. El fuero militar debe corresponder a ilícitos contra la propia disciplina militar”.
Por Convergencia, el senador Eugenio Govea Arcos expresó que más allá de las reformas al citado ordenamiento y del esfuerzo de las Fuerzas Armadas, se requiere “un trabajo mayor y eficaz” para tener resultados tangibles que refuercen la confianza en las instituciones y la seguridad nacional.
De otra forma, advirtió, “con acciones o medidas insuficientes sólo crearemos escenarios para el autoritarismo. No olvidemos que los servicios de seguridad adquieren tintes fascistas cuando se convierten en instrumentos de represión y control al servicio de la elite dirigente”.
Por su parte, el senador Jorge Legorreta Ordorica, del PVEM, manifestó que el daño causado por un desastre natural o por factores de orden ambiental climático, químico y físico también se consideró como un problema de seguridad nacional.
Calificó como un gran avance en materia de seguridad nacional que los miembros del Ejército puedan ser juzgados por autoridades civiles cuando hayan cometido abusos, violaciones o excesos en sus funciones.
Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado, del PRD, destacó que en medio de una crisis de seguridad pública que pone en riesgo la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, así como la normalidad y la viabilidad del Estado mexicano, “su solución no puede quedar sólo en el ámbito del poder Ejecutivo”.
Dijo que el tema de la seguridad ha sido polémico, pero la izquierda participativa y propositiva logró modificar la concepción original de la Iniciativa y mantuvo el equilibrio en el ejercicio del poder al salvaguardar los derechos humanos.
“La izquierda apoyaría el dictamen porque esta crisis de seguridad no es un asunto de partidos políticos”, remarcó.
Por su parte, el priísta Jesús Murillo Karam, señaló que el Artículo 89 de la Constitución, fracción VI, faculta al Presidente de la República para hacer uso de la Fuerza Armada Permanente cuando se pone en riego la seguridad interior o desde el exterior la seguridad nacional.
Fue diseñado desde el siglo antepasado para prever rebeliones y levantamientos, por lo que al discutir el dictamen se definieron las circunstancias en que ahora se afecta la seguridad interior.
El acuerdo fue que el Ejército, que manifestaba su inquietud por la legitimidad de su actuar, estuviera protegido por la legalidad de la reglamentación.
Con ello, dijo el senador por Hidalgo, se protegen los Derechos Humanos consagrados en la Constitución, que no pueden ser eliminados ni restringidos, y se garantiza que deberán ser sujetos a un protocolo que permita identificar el actuar en determinado momento.
En representación de la bancada del Partido Acción Nacional, el senador Felipe González González, señaló que la Ley de Seguridad Nacional da un marco jurídico a las Fuerzas Armadas Permanentes cuando participen en el combate al crimen, garantizarles su seguridad y también limitar su acción.
Expuso que 420 municipios del país no tienen policía local porque dicen no contar con recursos; 236 tienen de uno a cinco policías; 206 de seis a 10, por lo que la cuestión es ¿qué capacidad tienen para enfrentar a la delincuencia organizada?
En la discusión en lo general, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, aclaró que no debe entenderse que se está enjuiciando el ejercicio de los militares, sino armonizando la legislación con los compromisos que tiene el país en materia de derechos humanos.
En tanto, el senador René Arce, del PRD, indicó que están equivocados los que piensan que al pedir que el fuero militar no proteja a los que comentan delitos, es un agravio al Ejército, pues “no, tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución”.
Reconoció que si bien no comparte la forma en la que se involucró a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, sí es comprensible que su participación en este momento es una demanda en diversas regiones del país, por gobiernos de diferentes signos. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para sus afectos Constitucionales.
Senadores del PAN fallan en su compromiso por aprobar reformas a ley de medios: Carlos Sotelo
Por: Francisco Medina
El senador Carlos Sotelo García, del PRD, afirmó que la bancada del PAN en la Cámara Alta realizó maniobras legislativas para impedir cualquier tipo de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de que el gobierno de Felipe Calderón mantenga los mecanismos de control sobre un sector importante de dicha industria.
En conferencia de prensa, el legislador colimense lamentó que una vez más, “la bancada de Acción Nacional vuelve a fallar en su compromiso de avanzar en el dictamen” en materia de medios de comunicación.
“No habrá reforma a la Ley de Medios en este periodo”, anunció, al tiempo que expresó su desconfianza por la postura que asumieron los legisladores del blanquiazul el pasado 14 de abril cuando se acordó avanzar en la reforma integral que permitiera garantizar el acceso libre y equitativo a los medios públicos.
“Yo desde aquel momento expresé mis dudas y mi desconfianza de si esto no era solamente una maniobra para impedir cualquier tipo de reforma, sea parcial, sea pequeña, sea mediana o sea integral, que el país estaba esperando que en aspectos relevantes de la legislación pudiera sí concretarse una reforma y certidumbre jurídica para la industria”, declaró.
Criticó que actualmente existe una legislación que no permite el desarrollo de los medios alternativos de comunicación, concretamente los de carácter indígena, comunitario y público.
Dijo que hay “una serie de acciones gubernamentales y jurídicas para que el gobierno de Calderón siga manteniendo mecanismo de control sobre un sector importante de la industria y además en una perspectiva facciosa de carácter electoral para disponer de espectro radioeléctrico en objetivos que no son de Estado, ni son de interés público sino de interés para un pequeño grupo que está en el gobierno federal”.
Desde su punto de vista, “la iniciativa del Partido Acción Nacional y su conducta del 8 de abril a la fecha ha sido una tomadura de pelo, poco seria”.
“Yo confirmó mi percepción de que todo fue simplemente una maniobra para poder atajar cualquier tipo de reforma a la legislación en materia de radio y televisión y de telecomunicaciones, y que el gobierno de Calderón siga manteniendo mecanismo de control, de subordinación o por lo menos de intentarlo de los medios electrónicos de comunicación para su gobierno, para su proyecto partidario”, aseveró.
El senador Carlos Sotelo sostuvo que “entre más se acerca la elección presidencial del 2012, el margen de maniobra, el campo de posibilidades para accionar a favor de una reforma de medios, pues, se achicará enormemente”.
Asimismo, lamentó que en este tema como en otros varios más “lo que apreciamos es la ausencia de un gobierno federal, no hay gobierno en este país, no hay conducción”.
Es “lamentable la poca seriedad con la que han tomado este asunto, que el gobierno de Calderón viene tomando decisiones en los hechos, mantiene su decreto del 2008 para el tema de combos, por el cual pide que los concesionarios que quieran acceder a este beneficio vayan a Gobernación a tener el aval”, enfatizó.
Senadores del PAN, PRI y PRD se reunieron con víctimas de pederastia, quienes pidieron a los legisladores apresuren la aprobación de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados relativa a la tipificación de la Pederastia en el Código Penal Federal.
Los senadores reiteraron su disposición para trabajar sobre el tema a través de la modernización del marco legislativo, a fin de facilitar la persecución y sanción de este tipo de acciones.
El senador René Arce Islas, del PRD, llamó a los agraviados a seguir de cerca el trabajo que se realizará en el Senado y enriquecerlo con el objetivo de construir los consensos para sacar adelante las reformas urgentes.
El senador Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, señaló que ante el flagelo en el que se ha convertido para los infantes la pederastia, es preciso poner el tema en el centro de la discusión, a fin de contribuir desde la legislación a la atención de este delito.
Del PRD, la senadora Claudia Sofía Corichi señaló que los senadores están comprometidos para trabajar el tema durante el receso, de modo que en el próximo periodo de sesiones se tengan resultados claros, particularmente en cuestión de impartición de justicia.
El senador Luis Alberto Villarreal García, del PAN, resaltó que este tipo de delitos deben ser imprescriptibles, por lo delicado y por el daño que representa para las personas, y calificó como muy grave que sobre ello exista una cadena de complicidades que involucran a la sociedad, las instituciones y autoridades.
El senador Guillermo Tamborrel Suárez, del PAN, dijo que se buscará una herramienta jurídica sólida que permita sancionar, pero sobre todo evitar que estas personas sigan dañando a más; “no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo como ministerios públicos y jueces se corrompen”.
Por otra parte, los ciudadanos agraviados entregaron a los senadores un documento firmado por todos, donde se incluyen los asuntos pendientes que tiene la Minuta por dictaminar.
La exdiputada Claudia Cruz, del Instituto de Atención Ciudadana para la Justicia y Democracia, afirmó que a diferencia de la violación y el abuso sexual, la pederastia representa asumir el poder frente a los infantes, lo cual hace indispensable que se tenga un especial seguimiento de este tipo de delincuentes.
Resaltó que entre las demandas de las víctimas están el reclamo de justicia, la protección durante el proceso y la garantía de un tratamiento médico y psicológico oportuno.
Leticia Valdés, Joaquín Aguilar, Mónica Ruiz, Jesús Romero y Eric Barragán coincidieron en que la impunidad, la corrupción y la complicidad en la persecución de la pederastia, hace que se pierda la esperanza, pero también constituye el motor para trabajar en la erradicación de este tipo de actos que atentan contra la dignidad y sano desarrollo de las personas.
A través de sus testimonios, expusieron el ir y venir frente a las autoridades que en la mayoría de los casos se manejan con opacidad e instaron a los senadores a hacer de la pederastia un delito que no prescriba, pues ello constituye un obstáculo en la búsqueda de justicia, y “muchas de las víctimas aceptan hablarlo años después”.
El abogado José Bonilla, de la Fundación de la Mano con Justicia, A.C. y defensor de víctimas de abuso sexual, sostuvo que este delito afecta de manera permanente al niño y sus familias.
Por ello, urgió la necesidad de establecer un marco legal que permita que durante el proceso penal no se arriesgue a los niños a retroceder en la superación del hecho traumático.
Aprueba Senado reformas a Ley de Seguridad Nacional
Por: Francisco Medina
El Senado aprobó con 105 votos a favor reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que otorgan certeza jurídica y operatividad a la Fuerza Armada Permanente --Ejército, Marina y Fuerza Aérea—para preservar la seguridad interior y el combate a la delincuencia organizada.
En el dictamen se precisa que en las tareas de auxilio de la Fuerza Armada, las conductas de sus miembros que pudieran ser constitutivas de delito que afecten a personas civiles serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes.
“El personal de las instituciones de seguridad pública y de la Fuerza Armada Permanente deberán respetar los derechos humanos y las garantías de las personas”, se agrega.
Para ello se establece un protocolo que contempla mecanismos de identificación de los efectivos que participen en las acciones y los principios de racionalidad, proporcionalidad, profesionalismo, honestidad y uso legítimo de la fuerza.
Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, la Legislatura o el Ejecutivo de una entidad federativa presentarán su solicitud al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, quien remitirá el proyecto al Presidente de la República para su aprobación.
El proyecto también se enviará a la Cámara de Senadores, o en sus recesos, a la Comisión Permanente para que revise su legalidad.
Dicha declaratoria –se advierte-- no procederá cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos de resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo y tampoco por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político-electoral o de índole social.
La vigencia de la declaratoria podrá prorrogarse o modificarse mientras subsistan las causas que le dieron origen, pero en ningún caso podrá ser por tiempo indefinido ni suspenderá o restringirá derechos humanos y garantías constitucionales.
Entre otras reformas, se señala que el personal de las instancias de Seguridad Nacional estará obligado a guardar el secreto y confidencialidad de la información que conozca en o con motivo de su función.
Al fijar su posición, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, afirmó que en el dictamen “no se resolvió de fondo” lo relativo al fuero militar, ya que es una demanda de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Reconoció el papel de las Fuerzas Armadas y su lealtad que han guardado con el Estado, “pero así como se acepta la necesidad de su presencia transitoria en la lucha contra el crimen organizado, también deben quedar a disposición de autoridades civiles cuando violen derechos humanos de la población”.
El legislador añadió: “No hay razón para que los militares se juzguen así mismos cuando cometan delitos comunes. El fuero militar debe corresponder a ilícitos contra la propia disciplina militar”.
Por Convergencia, el senador Eugenio Govea Arcos expresó que más allá de las reformas al citado ordenamiento y del esfuerzo de las Fuerzas Armadas, se requiere “un trabajo mayor y eficaz” para tener resultados tangibles que refuercen la confianza en las instituciones y la seguridad nacional.
De otra forma, advirtió, “con acciones o medidas insuficientes sólo crearemos escenarios para el autoritarismo. No olvidemos que los servicios de seguridad adquieren tintes fascistas cuando se convierten en instrumentos de represión y control al servicio de la elite dirigente”.
Por su parte, el senador Jorge Legorreta Ordorica, del PVEM, manifestó que el daño causado por un desastre natural o por factores de orden ambiental climático, químico y físico también se consideró como un problema de seguridad nacional.
Calificó como un gran avance en materia de seguridad nacional que los miembros del Ejército puedan ser juzgados por autoridades civiles cuando hayan cometido abusos, violaciones o excesos en sus funciones.
Por su parte, el senador Tomás Torres Mercado, del PRD, destacó que en medio de una crisis de seguridad pública que pone en riesgo la paz, la tranquilidad de los ciudadanos, así como la normalidad y la viabilidad del Estado mexicano, “su solución no puede quedar sólo en el ámbito del poder Ejecutivo”.
Dijo que el tema de la seguridad ha sido polémico, pero la izquierda participativa y propositiva logró modificar la concepción original de la Iniciativa y mantuvo el equilibrio en el ejercicio del poder al salvaguardar los derechos humanos.
“La izquierda apoyaría el dictamen porque esta crisis de seguridad no es un asunto de partidos políticos”, remarcó.
Por su parte, el priísta Jesús Murillo Karam, señaló que el Artículo 89 de la Constitución, fracción VI, faculta al Presidente de la República para hacer uso de la Fuerza Armada Permanente cuando se pone en riego la seguridad interior o desde el exterior la seguridad nacional.
Fue diseñado desde el siglo antepasado para prever rebeliones y levantamientos, por lo que al discutir el dictamen se definieron las circunstancias en que ahora se afecta la seguridad interior.
El acuerdo fue que el Ejército, que manifestaba su inquietud por la legitimidad de su actuar, estuviera protegido por la legalidad de la reglamentación.
Con ello, dijo el senador por Hidalgo, se protegen los Derechos Humanos consagrados en la Constitución, que no pueden ser eliminados ni restringidos, y se garantiza que deberán ser sujetos a un protocolo que permita identificar el actuar en determinado momento.
En representación de la bancada del Partido Acción Nacional, el senador Felipe González González, señaló que la Ley de Seguridad Nacional da un marco jurídico a las Fuerzas Armadas Permanentes cuando participen en el combate al crimen, garantizarles su seguridad y también limitar su acción.
Expuso que 420 municipios del país no tienen policía local porque dicen no contar con recursos; 236 tienen de uno a cinco policías; 206 de seis a 10, por lo que la cuestión es ¿qué capacidad tienen para enfrentar a la delincuencia organizada?
En la discusión en lo general, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, aclaró que no debe entenderse que se está enjuiciando el ejercicio de los militares, sino armonizando la legislación con los compromisos que tiene el país en materia de derechos humanos.
En tanto, el senador René Arce, del PRD, indicó que están equivocados los que piensan que al pedir que el fuero militar no proteja a los que comentan delitos, es un agravio al Ejército, pues “no, tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución”.
Reconoció que si bien no comparte la forma en la que se involucró a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, sí es comprensible que su participación en este momento es una demanda en diversas regiones del país, por gobiernos de diferentes signos. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para sus afectos Constitucionales.
Senadores del PAN fallan en su compromiso por aprobar reformas a ley de medios: Carlos Sotelo
Por: Francisco Medina
El senador Carlos Sotelo García, del PRD, afirmó que la bancada del PAN en la Cámara Alta realizó maniobras legislativas para impedir cualquier tipo de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de que el gobierno de Felipe Calderón mantenga los mecanismos de control sobre un sector importante de dicha industria.
En conferencia de prensa, el legislador colimense lamentó que una vez más, “la bancada de Acción Nacional vuelve a fallar en su compromiso de avanzar en el dictamen” en materia de medios de comunicación.
“No habrá reforma a la Ley de Medios en este periodo”, anunció, al tiempo que expresó su desconfianza por la postura que asumieron los legisladores del blanquiazul el pasado 14 de abril cuando se acordó avanzar en la reforma integral que permitiera garantizar el acceso libre y equitativo a los medios públicos.
“Yo desde aquel momento expresé mis dudas y mi desconfianza de si esto no era solamente una maniobra para impedir cualquier tipo de reforma, sea parcial, sea pequeña, sea mediana o sea integral, que el país estaba esperando que en aspectos relevantes de la legislación pudiera sí concretarse una reforma y certidumbre jurídica para la industria”, declaró.
Criticó que actualmente existe una legislación que no permite el desarrollo de los medios alternativos de comunicación, concretamente los de carácter indígena, comunitario y público.
Dijo que hay “una serie de acciones gubernamentales y jurídicas para que el gobierno de Calderón siga manteniendo mecanismo de control sobre un sector importante de la industria y además en una perspectiva facciosa de carácter electoral para disponer de espectro radioeléctrico en objetivos que no son de Estado, ni son de interés público sino de interés para un pequeño grupo que está en el gobierno federal”.
Desde su punto de vista, “la iniciativa del Partido Acción Nacional y su conducta del 8 de abril a la fecha ha sido una tomadura de pelo, poco seria”.
“Yo confirmó mi percepción de que todo fue simplemente una maniobra para poder atajar cualquier tipo de reforma a la legislación en materia de radio y televisión y de telecomunicaciones, y que el gobierno de Calderón siga manteniendo mecanismo de control, de subordinación o por lo menos de intentarlo de los medios electrónicos de comunicación para su gobierno, para su proyecto partidario”, aseveró.
El senador Carlos Sotelo sostuvo que “entre más se acerca la elección presidencial del 2012, el margen de maniobra, el campo de posibilidades para accionar a favor de una reforma de medios, pues, se achicará enormemente”.
Asimismo, lamentó que en este tema como en otros varios más “lo que apreciamos es la ausencia de un gobierno federal, no hay gobierno en este país, no hay conducción”.
Es “lamentable la poca seriedad con la que han tomado este asunto, que el gobierno de Calderón viene tomando decisiones en los hechos, mantiene su decreto del 2008 para el tema de combos, por el cual pide que los concesionarios que quieran acceder a este beneficio vayan a Gobernación a tener el aval”, enfatizó.
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