Con solo un voto en contra, el Pleno senatorial aprobó en lo general la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer el marco legal que regula la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado
El Pleno senatorial aprobó, en lo general, con un voto en contra, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer el marco legal que regula la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.
Con esta reforma se cancela toda posibilidad de establecer un estado de excepción en México, o la suspensión de garantías individuales, ante una crisis de seguridad interior.
La ley establece que por ningún motivo el Ejército permanecerá por tiempo indefinido en las calles.
Los partidos de oposición PRD, PT y PRI realizaron un último esfuerzo para transformar el fuero militar y enunciar el tema en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional.
"Tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución", dijo el senador perredista René Arce, disidente político en los 70.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que no se puede legalizar la participación de las Fuerzas Armadas sin tocar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Y criticó que no se establezca en un transitorio la fecha del regreso de militares a los cuarteles.
La discusión legislativa de este tema "no fue fácil", pues PRI y PRD querían impulsar desde este documento que los militares fueran juzgados por tribunales civiles de tipo penal en caso de incurrir en un delito mientras realizan tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tuvo que acudir al Senado el jueves pasado para reunirse a puerta cerrada con el autor de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el senador priísta Jesús Murillo Karam, y con la Junta de Coordinación Política. Ahí, les pidió aprobar el marco legal, y prometió que a más tardar en septiembre el Ejecutivo enviaría una iniciativa para modificar el fuero militar.
Tomás Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que desplegar al Ejército en las calles será una decisión de Estado y no por capricho del Presidente en turno.
El senador perredista advirtió que esta ley no exime a los tres órdenes de gobierno avanzar en la limpieza de los cuerpos policíacos.
En tanto, el perredista Pablo Gómez resaltó que la izquierda mexicana logró establecer que el Ejército no podrá reprimir movimientos sociales o conflictos político-electorales bajo el argumento de la inseguridad.
Ciudad de México
El Pleno senatorial aprobó, en lo general, con un voto en contra, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, para establecer el marco legal que regula la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico.
Con esta reforma se cancela toda posibilidad de establecer un estado de excepción en México, o la suspensión de garantías individuales, ante una crisis de seguridad interior.
La ley establece que por ningún motivo el Ejército permanecerá por tiempo indefinido en las calles.
Los partidos de oposición PRD, PT y PRI realizaron un último esfuerzo para transformar el fuero militar y enunciar el tema en el párrafo segundo del artículo 72 de la Ley de Seguridad Nacional.
"Tenemos que proteger al Ejército de que lo que cometan algunos de sus miembros no dañe a la institución", dijo el senador perredista René Arce, disidente político en los 70.
El coordinador del PT, Ricardo Monreal, dijo que no se puede legalizar la participación de las Fuerzas Armadas sin tocar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Y criticó que no se establezca en un transitorio la fecha del regreso de militares a los cuarteles.
La discusión legislativa de este tema "no fue fácil", pues PRI y PRD querían impulsar desde este documento que los militares fueran juzgados por tribunales civiles de tipo penal en caso de incurrir en un delito mientras realizan tareas de seguridad pública.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tuvo que acudir al Senado el jueves pasado para reunirse a puerta cerrada con el autor de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, el senador priísta Jesús Murillo Karam, y con la Junta de Coordinación Política. Ahí, les pidió aprobar el marco legal, y prometió que a más tardar en septiembre el Ejecutivo enviaría una iniciativa para modificar el fuero militar.
Tomás Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, resaltó que desplegar al Ejército en las calles será una decisión de Estado y no por capricho del Presidente en turno.
El senador perredista advirtió que esta ley no exime a los tres órdenes de gobierno avanzar en la limpieza de los cuerpos policíacos.
En tanto, el perredista Pablo Gómez resaltó que la izquierda mexicana logró establecer que el Ejército no podrá reprimir movimientos sociales o conflictos político-electorales bajo el argumento de la inseguridad.
Ciudad de México
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