miércoles, 11 de agosto de 2010

Narro y Córdova Villalobos contra la criminalización del aborto


El rector de la UNAM y el secretario de Salud rechazaron criminalizar a las mujeres que abortan espontáneamente.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. José Narro Robles aseguró que “no puede solidarizarse” con las autoridades judiciales de Guanajuato que han metido a la cárcel a la mujeres que sufrieron abortos espontáneos.

“Yo no puedo solidarizarme con quienes criminalizan a las mujeres que voluntariamente, o menos, involuntariamente tienen una condición de aborto.

Al preguntarle sobre la determinación de encarcelar a más de 6 mujeres que abortaron por distintas razones, bajo el delito de homicidio calificado, Narro Robles refirió que “México tiene que abrirse mucho más en este campo” y discutir los derechos que tienen las mujeres para decidir sobre sus cuerpos..

En el Encuentro Académico Fondo Sectorial de Investigación en Salud 20100, que se celebra en la Facultad de Medicina, Córdova Villalobos también reiteró su rechazo a criminalizar a las mujeres que abortan espontáneamente.

El aspirante a candidato del PAN para dirigir el gobierno de Guanajuato, explicó que aún cuando no conoce a detalle de dichos casos, así como las 120 averiguaciones previas contra mujeres en Guanajuato, la ley es muy clara en torno a la interrupción del un embarazo sin premeditación.

“Yo no me he metido en eso. Yo ya he dicho: aborto espontáneo no debe de ser penalizado, porque hay millones de mujeres que tienen abortos espontáneos”, dijo.

En Guanajuato, alrededor de 160 mujeres enfrentan un proceso penal por haber sufrido un aborto espontáneo, seis fueron sentenciadas hasta con 35 años de cárcel y otras nueve enfrentan la justicia en libertad condicionada.

La directora del Centro de Atención a la Mujer “Las Libres”, Verónica Cruz Sánchez, documentó los casos y alertó que las denuncias por aborto aumentaron: de enero a la fecha se han reportado 30.

En Guanajuato, el delito de aborto se castiga con cárcel y con la posibilidad de la libertad provisional; sin embargo, para castigarlas con la pena máxima, las autoridades del estado han configurado el delito de homicidio en razón de parentesco.

Las mujeres sentenciadas por homicidio en razón de parentesco sufrieron violencia sexual, no tuvieron acceso a los servicios de salud pública e ingresaron a la cárcel entre los 18 y 19 años de edad.

“Los hombres que las embarazaron no se responsabilizaron, las abandonaron y, lo más grave, testificaron contra ellas”, abundó Verónica Cruz.

Entre las sentenciadas se encuentran indígenas, mujeres que no saben leer ni escribir, “Frías es madre de tres hijos, producto de distintas violaciones que sufrió a lo largo de su vida por un vecino que la atacaba durante las madrugadas. El miedo, las amenazas y la vergüenza influyeron para que se quedara callada.

Salí a traer el rastrojo… sentí dolor en la panza, y sentí cómo se me escurría algo entre las piernas. Los dolores eran cada vez más fuertes, me dejé caer encima del rastrojo, comencé a pujar para que saliera… pasé mi mano por su nariz, no sentí su respiración, esperé a que llorara… estaba muerto”, declaró ante la autoridad judicial y la cual aparece en el expediente, y que la declaro culpable con 30 años.
Ciudad de México

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