En un punto de acuerdo, aprobado en comisiones y que hoy deberá ser votado por el pleno de la Comisión Permanente, pedirán información sobre los contratos celebrados, para qué y los montos de los mismos
El Congreso solicitará informes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) sobre los contratos que ha celebrado, para qué y los montos de los mismos.
EL UNIVERSAL documentó entre mayo y julio de 2008 que el Cisen contrató a una empresa, propiedad de Laura Ballesteros, vinculada a prominentes panistas, lo que derivó en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación y la presentación de una iniciativa de ley que intentó detener el PAN, pero que rescató el senador perredista Pablo Gómez al cierre del periodo ordinario de sesiones pasado.
Incluso, la Secretaría de la Función Pública mantiene abierta una investigación en torno a este caso.
En la argumentación de un Punto de Acuerdo aprobado en comisiones y que hoy deberá ser votado por el pleno de la Comisión Permanente recuerdan la investigación revelada por este diario.
"El 26 de mayo del año 2008 se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional pagó más de un millón de pesos a la empresa "Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, SC", por medio del contrato número 202006 relativo a la prestación de servicios profesionales para la elaboración del estudio cualitativo y análisis estadístico sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión. La empresa presentó irregularidades relacionadas con la falta de registros, que hacían dudosa la legalidad de sus actividades", señala el punto de acuerdo presentado el 8 de julio por el diputado Alfonso Suárez del Real (PRD).
Asimismo, en el punto de acuerdo solicitan también a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre las investigaciones realizadas en torno a ex empleados del Cisen, presuntamente vinculados a actividades de espionaje, cuyo caso se dio a conocer en julio pasado.
Por ello "la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación una relación pormenorizada de los contratos celebrados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que contenga el nombre o razón social del contratado, la actividad para la que fue contratado y el monto de dicho contrato.
"De la misma manera, solicita un informe respecto de los programas y estrategias desarrollados para la modernización y funcionamiento de ese Centro. Todo lo anterior, con respecto de aquella información que no se clasifique como reservada de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 51 de la Ley de Seguridad Nacional". Además solicita al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, "que informe a este órgano legislativo federal del estado en que se encuentran las investigaciones que derivaron en la emisión de órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de la propia PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos y otros derivados de actividades de espionaje político, así como sobre el cumplimiento de dichas órdenes de aprehensión". México, D.F./Jorge Ramos y Ricardo Gómez (El Universal)
EL UNIVERSAL documentó entre mayo y julio de 2008 que el Cisen contrató a una empresa, propiedad de Laura Ballesteros, vinculada a prominentes panistas, lo que derivó en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación y la presentación de una iniciativa de ley que intentó detener el PAN, pero que rescató el senador perredista Pablo Gómez al cierre del periodo ordinario de sesiones pasado.
Incluso, la Secretaría de la Función Pública mantiene abierta una investigación en torno a este caso.
En la argumentación de un Punto de Acuerdo aprobado en comisiones y que hoy deberá ser votado por el pleno de la Comisión Permanente recuerdan la investigación revelada por este diario.
"El 26 de mayo del año 2008 se dio a conocer que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional pagó más de un millón de pesos a la empresa "Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, SC", por medio del contrato número 202006 relativo a la prestación de servicios profesionales para la elaboración del estudio cualitativo y análisis estadístico sobre la composición de la LX Legislatura del Congreso de la Unión. La empresa presentó irregularidades relacionadas con la falta de registros, que hacían dudosa la legalidad de sus actividades", señala el punto de acuerdo presentado el 8 de julio por el diputado Alfonso Suárez del Real (PRD).
Asimismo, en el punto de acuerdo solicitan también a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre las investigaciones realizadas en torno a ex empleados del Cisen, presuntamente vinculados a actividades de espionaje, cuyo caso se dio a conocer en julio pasado.
Por ello "la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación una relación pormenorizada de los contratos celebrados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que contenga el nombre o razón social del contratado, la actividad para la que fue contratado y el monto de dicho contrato.
"De la misma manera, solicita un informe respecto de los programas y estrategias desarrollados para la modernización y funcionamiento de ese Centro. Todo lo anterior, con respecto de aquella información que no se clasifique como reservada de conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 51 de la Ley de Seguridad Nacional". Además solicita al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, "que informe a este órgano legislativo federal del estado en que se encuentran las investigaciones que derivaron en la emisión de órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de la propia PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los delitos de asociación delictuosa, intervención de comunicaciones privadas y revelación de secretos y otros derivados de actividades de espionaje político, así como sobre el cumplimiento de dichas órdenes de aprehensión". México, D.F./Jorge Ramos y Ricardo Gómez (El Universal)
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