La Función Pública abrió expedientes contra cinco secretarios del presidente Calderón; entre los investigados hay algunos de sus más cercanos. Dos casos aún no se solucionan y tres se cerraron por falta de elementos
Al menos en los dos primeros años de la actual administración, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió investigaciones contra cinco miembros del gabinete del presidente Felipe Calderón.
En tres casos, los funcionarios con los más altos cargos en la administración pública federal resultaron absueltos.
Con base en las disposiciones emanadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la dependencia a cargo de Salvador Vega Casillas informó que las acusaciones fueron por casos de presunto abuso de autoridad, obstaculización de trámites y hasta por opinar por la venta de Aeroméxico, pero fueron cerrados sin sanción alguna por “falta de elementos”.
Las indagatorias que permanecían abiertas hasta enero de 2009 eran en contra de quien fue titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del actual secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
En el caso de Mouriño se trataba de los contratos presuntamente otorgados a empresas de su familia relacionados con la industria petrolera, según denunció en su momento Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La Función Pública no ha precisado el estatus de esa indagatoria.
Casos archivados
Los secretarios que han sido exonerados son Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo; Josefina Vázquez Mota, de Educación Pública (SEP), actual coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la 61 Legislatura, y Javier Lozano, del Trabajo.
La información fue entregada por la Secretaría de la Función Pública con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En julio pasado se hizo una nueva solicitud para actualizar la información, pero el 24 de agosto, la Función Pública prolongó el tiempo de respuesta por 20 días hábiles, que concluyen hasta el 22 de septiembre próximo.
A Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, se le abrió una investigación por haber emitido opiniones personales durante el proceso de venta de la compañía de aviación Aeroméxico, pero el caso fue archivado por falta de elementos.
El 4 de octubre de 2007, Elizondo Torres declaró que la venta de Aeroméxico beneficiaría a Mexicana, mientras que ese mismo día el entonces responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, deslindó al gobierno del proceso por no ser de su competencia.
Por esta intervención de Elizondo, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación en torno a esas aseveraciones, pero la envió al archivo “por falta de elementos.
Procesos en marcha
Abelardo Escobar Prieto, responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue acusado de “obstaculizar el trámite de titulación de terrenos nacionales”; la Secretaría de la Función Pública no ha informado sobre el curso que ha seguido esta indagatoria.
Josefina Vázquez Mota fue acusada de “abuso de autoridad”, pero el 18 de junio de 2008 se cerró el caso por falta de elementos, según informó escuetamente la SFP.
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una campaña de sabotaje contra el gobierno del Distrito Federal y del PRD; dicha indagatoria se fue “al archivo por falta de elementos, toda vez que no se acreditó la presunta irregularidad”. México, D.F./Jorge Ramos (El Universal)
En tres casos, los funcionarios con los más altos cargos en la administración pública federal resultaron absueltos.
Con base en las disposiciones emanadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la dependencia a cargo de Salvador Vega Casillas informó que las acusaciones fueron por casos de presunto abuso de autoridad, obstaculización de trámites y hasta por opinar por la venta de Aeroméxico, pero fueron cerrados sin sanción alguna por “falta de elementos”.
Las indagatorias que permanecían abiertas hasta enero de 2009 eran en contra de quien fue titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del actual secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto.
En el caso de Mouriño se trataba de los contratos presuntamente otorgados a empresas de su familia relacionados con la industria petrolera, según denunció en su momento Andrés Manuel López Obrador, el ex candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD). La Función Pública no ha precisado el estatus de esa indagatoria.
Casos archivados
Los secretarios que han sido exonerados son Rodolfo Elizondo Torres, de Turismo; Josefina Vázquez Mota, de Educación Pública (SEP), actual coordinadora de Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la 61 Legislatura, y Javier Lozano, del Trabajo.
La información fue entregada por la Secretaría de la Función Pública con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En julio pasado se hizo una nueva solicitud para actualizar la información, pero el 24 de agosto, la Función Pública prolongó el tiempo de respuesta por 20 días hábiles, que concluyen hasta el 22 de septiembre próximo.
A Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, se le abrió una investigación por haber emitido opiniones personales durante el proceso de venta de la compañía de aviación Aeroméxico, pero el caso fue archivado por falta de elementos.
El 4 de octubre de 2007, Elizondo Torres declaró que la venta de Aeroméxico beneficiaría a Mexicana, mientras que ese mismo día el entonces responsable de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, deslindó al gobierno del proceso por no ser de su competencia.
Por esta intervención de Elizondo, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación en torno a esas aseveraciones, pero la envió al archivo “por falta de elementos.
Procesos en marcha
Abelardo Escobar Prieto, responsable de la Secretaría de la Reforma Agraria, fue acusado de “obstaculizar el trámite de titulación de terrenos nacionales”; la Secretaría de la Función Pública no ha informado sobre el curso que ha seguido esta indagatoria.
Josefina Vázquez Mota fue acusada de “abuso de autoridad”, pero el 18 de junio de 2008 se cerró el caso por falta de elementos, según informó escuetamente la SFP.
Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, fue acusado de impulsar una campaña de sabotaje contra el gobierno del Distrito Federal y del PRD; dicha indagatoria se fue “al archivo por falta de elementos, toda vez que no se acreditó la presunta irregularidad”. México, D.F./Jorge Ramos (El Universal)
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