Por: Francisco Medina
La senadora María de los Ángeles Moreno señaló que el tema de la alimentación debería ser abordado como un asunto de seguridad nacional porque, agregó, no pueden existir generaciones de mexicanos – principalmente obreros y empleados asalariados – con un desarrollo intelectual y de productividad de bajo rendimiento.
La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, ya aprobada por el Senado de la República, lleva ese propósito: dar prioridad adecuada a una dieta balanceada en beneficio de millones de personas asalariadas. Se trata de que el 85 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en el país tengan comedores.
La Ley de Ayuda Alimentaria, indicó, plantea reglamentar el artículo 4º constitucional para promover la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en favor de empleados y obreros asalariados, con el fin de mejorar su estado nutricional, así como también prevenir enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente.
La senadora aclaró que se debe cancelar la idea de que dar vales de despensa o bien, alimentos a los trabajadores, es para que los empresarios no paguen impuestos. Ese no es el objetivo, aseveró la representante popular.
Invitó a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que, lo antes posible, aprueben la minuta relacionada con la materia.
Sostuvo que, en los tiempos actuales de crisis, es oportuno que la norma entre en vigor porque vendría a mitigar la situación económica de los trabajadores, quienes gastarían menos recursos en la compra de alimentos en tanto que serán, subrayó, beneficiados – en sus fábricas y empresas – con la instalación de comedores. Ahorrarán un gran porcentaje de su salario para dedicarlo a otras necesidades, añadió.
Una vez que los diputados federales de todos los partidos políticos, ya aprobaron el presupuesto de gasto para el 2010, exhortó a los representantes populares a dar el visto bueno a dicha ley, que fue aprobada en abril pasado. Anotó que “estamos en un año atípico, con un contexto económico desfavorable derivado de la situación económica nacional e internacional”
Precisó que autoridades, empresarios, congresistas y líderes de diversos sectores sociales, “tenemos el deber de impulsar soluciones factibles que ayuden a las familias y a los obreros a mejorar su poder adquisitivo y, en consecuencia, su calidad de vida”.
Recordó que el 13 de noviembre del 2007, se presentó ante el Senado de la República la iniciativa de ley, misma que fue promovida por los legisladores del grupo parlamentario del PRI. La propuesta la apoyaron también senadores de las demás fracciones de este cuerpo colegiado.
En este esfuerzo de la iniciativa, el apoyo de los patrones es voluntario y pueden realizarlo mediante diversos esquemas: el primero de ellos en lo relativo a comidas que se proporcionen a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos, que podrán ser contratados por el patrón o bien, por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos.
El segundo esquema es mediante despensas. Bajo esta modalidad se entregarán canastillas de alimentos, vales de despensa en formato impreso o electrónico a los trabajadores.
Señaló que por ningún motivo la ayuda podrá ser otorgada en efectivo porque se busca mejorar las condiciones de alimentación de los trabajadores, y evitar que se desvirtúe el objetivo de dicho apoyo. Asimismo, dijo, las experiencias de otros países demuestran que este tipo de mecanismos impiden que los trabajadores acudan al sector informal para proveerse de alimentos, lo cual propicia un mejor control fiscal.
Más adelante expuso que estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestran que una nutrición deficiente directamente está ligada al ausentismo, al aumento de enfermedades y a los accidentes laborales.
Recalcó que dado que el estado no puede satisfacer todas las necesidades de la clase obrera del país, , es fundamental la participación del sector privado para la aplicación de esta ley, la cual beneficiará -- por su gran impacto -- a productores, trabajadores, empresarios, y proveedores de alimentos.
Otras ventajas son en el sentido de que los trabajadores recibirán una alimentación adecuada y su calidad de vida mejorará, lo que reducirá riesgos de accidentes laborales y aumentará su productividad.
La provisión de despensas permitirá mejorar la nutrición de las familias de los trabajadores, debido a que con una alimentación adecuada se previenen deficiencias nutricionales, lo que redundará en la disminución de problemas de salud asociados a una mala alimentación, lo que la convierte en un instrumento de equidad social de gran importancia.
La senadora María de los Ángeles Moreno señaló que el tema de la alimentación debería ser abordado como un asunto de seguridad nacional porque, agregó, no pueden existir generaciones de mexicanos – principalmente obreros y empleados asalariados – con un desarrollo intelectual y de productividad de bajo rendimiento.
La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, ya aprobada por el Senado de la República, lleva ese propósito: dar prioridad adecuada a una dieta balanceada en beneficio de millones de personas asalariadas. Se trata de que el 85 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en el país tengan comedores.
La Ley de Ayuda Alimentaria, indicó, plantea reglamentar el artículo 4º constitucional para promover la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en favor de empleados y obreros asalariados, con el fin de mejorar su estado nutricional, así como también prevenir enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente.
La senadora aclaró que se debe cancelar la idea de que dar vales de despensa o bien, alimentos a los trabajadores, es para que los empresarios no paguen impuestos. Ese no es el objetivo, aseveró la representante popular.
Invitó a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que, lo antes posible, aprueben la minuta relacionada con la materia.
Sostuvo que, en los tiempos actuales de crisis, es oportuno que la norma entre en vigor porque vendría a mitigar la situación económica de los trabajadores, quienes gastarían menos recursos en la compra de alimentos en tanto que serán, subrayó, beneficiados – en sus fábricas y empresas – con la instalación de comedores. Ahorrarán un gran porcentaje de su salario para dedicarlo a otras necesidades, añadió.
Una vez que los diputados federales de todos los partidos políticos, ya aprobaron el presupuesto de gasto para el 2010, exhortó a los representantes populares a dar el visto bueno a dicha ley, que fue aprobada en abril pasado. Anotó que “estamos en un año atípico, con un contexto económico desfavorable derivado de la situación económica nacional e internacional”
Precisó que autoridades, empresarios, congresistas y líderes de diversos sectores sociales, “tenemos el deber de impulsar soluciones factibles que ayuden a las familias y a los obreros a mejorar su poder adquisitivo y, en consecuencia, su calidad de vida”.
Recordó que el 13 de noviembre del 2007, se presentó ante el Senado de la República la iniciativa de ley, misma que fue promovida por los legisladores del grupo parlamentario del PRI. La propuesta la apoyaron también senadores de las demás fracciones de este cuerpo colegiado.
En este esfuerzo de la iniciativa, el apoyo de los patrones es voluntario y pueden realizarlo mediante diversos esquemas: el primero de ellos en lo relativo a comidas que se proporcionen a los trabajadores en comedores, restaurantes u otros establecimientos, que podrán ser contratados por el patrón o bien, por terceros mediante el uso de vales impresos o electrónicos.
El segundo esquema es mediante despensas. Bajo esta modalidad se entregarán canastillas de alimentos, vales de despensa en formato impreso o electrónico a los trabajadores.
Señaló que por ningún motivo la ayuda podrá ser otorgada en efectivo porque se busca mejorar las condiciones de alimentación de los trabajadores, y evitar que se desvirtúe el objetivo de dicho apoyo. Asimismo, dijo, las experiencias de otros países demuestran que este tipo de mecanismos impiden que los trabajadores acudan al sector informal para proveerse de alimentos, lo cual propicia un mejor control fiscal.
Más adelante expuso que estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) demuestran que una nutrición deficiente directamente está ligada al ausentismo, al aumento de enfermedades y a los accidentes laborales.
Recalcó que dado que el estado no puede satisfacer todas las necesidades de la clase obrera del país, , es fundamental la participación del sector privado para la aplicación de esta ley, la cual beneficiará -- por su gran impacto -- a productores, trabajadores, empresarios, y proveedores de alimentos.
Otras ventajas son en el sentido de que los trabajadores recibirán una alimentación adecuada y su calidad de vida mejorará, lo que reducirá riesgos de accidentes laborales y aumentará su productividad.
La provisión de despensas permitirá mejorar la nutrición de las familias de los trabajadores, debido a que con una alimentación adecuada se previenen deficiencias nutricionales, lo que redundará en la disminución de problemas de salud asociados a una mala alimentación, lo que la convierte en un instrumento de equidad social de gran importancia.
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