La Secretaría de Agricultura ha efectuado 11 mil 827 procedimientos de cancelación del subsidio al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), de los cuales una parte no precisada ha sido por siembra de productos ilegales
La Secretaría de Agricultura ha efectuado 11 mil 827 procedimientos de cancelación del subsidio al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), de los cuales una parte no precisada ha sido por siembra de productos ilegales.
En conferencia de prensa, ofrecida por el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el coordinador jurídico de la dependencia, Adolfo González Muñoz, y la directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar, destacaron la depuración que se realizará al padrón de Procampo a partir de septiembre, para lo cual se erogarán 400 millones de pesos este año y el 2010.
En esta limpia que se hará al padrón, que consta de 2.7 millones de beneficiarios, Cárdenas dijo que se dará de baja cualquier persona en cuyo caso se detecten irregularidades, sin importar al partido al que pertenezca, o si es funcionario público, pues se privilegiará la transparencia y que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Todos eran priístas
Rechazó que la creación de Procampo haya obedecido estrictamente a un propósito político. “Me parece que para ser justos con la historia y hablando con la verdad, obedece también a un cambio estructural que venía dándose, que ya no aguantaba más, que el modelo anterior se había ahogado en corrupción e ineficacia, y que se tomaron determinaciones legales muy importantes, entre ellas la creación del Procampo”.
Subrayó que si prevalecen personas del PRI en el programa, “pues obviamente recordemos que en el viejo sistema toda la gente del campo prácticamente debía pertenecer al PRI, eso no es una mentira; o eras de una organización o eras de la otra, pero todas estaban enmarcadas en la bandera tricolor”.
Cárdenas sostuvo en este marco que no es ilícito ser funcionario público, en alusión a la información que se ha difundido en torno a que funcionarios públicos o familiares han sido beneficiados con Procampo.
Se le preguntó por qué su madre, Margarita Jiménez, se dio de baja del Procampo, a lo cual respondió que tanto él como su mamá tienen propiedades desde hace muchos años y se han dedicado al campo. Pero cuando la señora Jiménez supo que su hijo sería secretario de Agricultura, decidió que se le retirara el apoyo, al igual que al funcionario.
Las cancelaciones
Sobre la inclusión de narcotraficantes o familiares de éstos en Procampo, el coordinador jurídico de la Secretaría, Adolfo González, subrayó que la responsabilidad penal es personal.
Tanto este funcionario como Cárdenas Jiménez dijeron que no tienen información de cuántas hectáreas que reciben o recibían apoyo de Procampo han sido utilizadas para la siembra de productos ilegales.
No obstante, González precisó que se han dado de baja 11 mil 827 casos, de los cuales 5 mil 349 fueron a través de procesos en que, dijo, se incluyen siembras ilegales —sin precisar el número—, y 5 mil 125 se cancelaron por caducidad de derecho y mil 576 por autoexclusión.
González Muñoz reiteró que hay coordinación con la Secretaría de la Defensa, PGR y procuradurías estatales, para proporcionarles información y que la autoridad judicial realice lo pertinente, pues la Secretaría de Agricultura no es instancia de procuración de justicia.
Cárdenas dijo no estar de acuerdo con quienes dicen que el esquema de subsidios multiplicará la pobreza del campo. México, D.F./Julián Sánchez (El Universal)
En conferencia de prensa, ofrecida por el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el coordinador jurídico de la dependencia, Adolfo González Muñoz, y la directora en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), Graciela Aguilar, destacaron la depuración que se realizará al padrón de Procampo a partir de septiembre, para lo cual se erogarán 400 millones de pesos este año y el 2010.
En esta limpia que se hará al padrón, que consta de 2.7 millones de beneficiarios, Cárdenas dijo que se dará de baja cualquier persona en cuyo caso se detecten irregularidades, sin importar al partido al que pertenezca, o si es funcionario público, pues se privilegiará la transparencia y que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Todos eran priístas
Rechazó que la creación de Procampo haya obedecido estrictamente a un propósito político. “Me parece que para ser justos con la historia y hablando con la verdad, obedece también a un cambio estructural que venía dándose, que ya no aguantaba más, que el modelo anterior se había ahogado en corrupción e ineficacia, y que se tomaron determinaciones legales muy importantes, entre ellas la creación del Procampo”.
Subrayó que si prevalecen personas del PRI en el programa, “pues obviamente recordemos que en el viejo sistema toda la gente del campo prácticamente debía pertenecer al PRI, eso no es una mentira; o eras de una organización o eras de la otra, pero todas estaban enmarcadas en la bandera tricolor”.
Cárdenas sostuvo en este marco que no es ilícito ser funcionario público, en alusión a la información que se ha difundido en torno a que funcionarios públicos o familiares han sido beneficiados con Procampo.
Se le preguntó por qué su madre, Margarita Jiménez, se dio de baja del Procampo, a lo cual respondió que tanto él como su mamá tienen propiedades desde hace muchos años y se han dedicado al campo. Pero cuando la señora Jiménez supo que su hijo sería secretario de Agricultura, decidió que se le retirara el apoyo, al igual que al funcionario.
Las cancelaciones
Sobre la inclusión de narcotraficantes o familiares de éstos en Procampo, el coordinador jurídico de la Secretaría, Adolfo González, subrayó que la responsabilidad penal es personal.
Tanto este funcionario como Cárdenas Jiménez dijeron que no tienen información de cuántas hectáreas que reciben o recibían apoyo de Procampo han sido utilizadas para la siembra de productos ilegales.
No obstante, González precisó que se han dado de baja 11 mil 827 casos, de los cuales 5 mil 349 fueron a través de procesos en que, dijo, se incluyen siembras ilegales —sin precisar el número—, y 5 mil 125 se cancelaron por caducidad de derecho y mil 576 por autoexclusión.
González Muñoz reiteró que hay coordinación con la Secretaría de la Defensa, PGR y procuradurías estatales, para proporcionarles información y que la autoridad judicial realice lo pertinente, pues la Secretaría de Agricultura no es instancia de procuración de justicia.
Cárdenas dijo no estar de acuerdo con quienes dicen que el esquema de subsidios multiplicará la pobreza del campo. México, D.F./Julián Sánchez (El Universal)
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