La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la procuraduría acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios “de oídas”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la Procuraduría General de la República acusó a las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con base en testigos falsos y en testimonios “de oídas”.
Además, entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que los tres agentes federales que dijeron haber sido retenidos por las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que “impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos”.
Por lo anterior, la CNDH pide al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, instruir al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos para que investiguen al personal involucrado.
Jacinta es una indígena otomí de Querétaro arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes federales, delito por el cual se le condenó a 21 años de prisión. Por presión de organizaciones no gubernamentales, su caso fue reabierto en abril. México, D.F./Ruth Rodríguez (El Universal)
Además, entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que los tres agentes federales que dijeron haber sido retenidos por las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que “impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de los hechos”.
Por lo anterior, la CNDH pide al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, instruir al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos para que investiguen al personal involucrado.
Jacinta es una indígena otomí de Querétaro arrestada el 3 de agosto de 2006, acusada de haber secuestrado a seis agentes federales, delito por el cual se le condenó a 21 años de prisión. Por presión de organizaciones no gubernamentales, su caso fue reabierto en abril. México, D.F./Ruth Rodríguez (El Universal)
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