Al igual que la SCT, la Reforma Agraria protestó por el amparo otorgado a ejidatarios representados por Fernández de Cevallos para la devolución de terrernos en Altamira
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se sumó a la protesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el amparo otorgado a ejidatarios representados por el abogado y ex funcionario del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cavallos, y solicitó anular el fallo judicial con el que se pretende devolver los terrenos donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.
La SRA a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) presentó ante un tribunal colegiado de Tamaulipas una solicitud de amparo contra la sentencia con la que se pretende declarar nulo el decreto de expropiación de los terrenos donde se levantó la terminal marítima y que actualmente alberga a empresas nacionales y extranjeras que realizan ahí operaciones millonarias de embarque y desembarque de mercancías y productos.
El UNIVERSAL dio a conocer en su edición del pasado 9 de junio que el despacho de los abogados y ex funcionarios del (PAN), Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, ganó un amparo a favor de dos grupos de ejidatarios afectados por la expropiación de terrenos, con lo cual se pretendía forzar a la SCT a pagar una suma de casi mil 500 millones de pesos a cambio de no exigir la devolución de los terrenos.
Lo anterior fue rechazado por la SCT que anunció su decisión de recurrir a todos los medios legales para impedir pagar dos veces por esos terrenos o que se afecte la producción en el puerto de Altamira, situación a la que ahora se suma la SRA que pidió en su petición de amparo anular la sentencia que beneficio a los representados por Fernández de Cevallos y Lozano Gracia y en su lugar reponer el proceso en todos sus términos.
La SRA argumentó en su petición a un tribunal colegiado de Tamaulipas que nunca fue emplazada como tercero perjudicado dentro del juicio ganado por los ejidatarios, pese a que con el fallo fue a todas luces le causa daños y perjuicios en caso de ejecutarse la sentencia como pretenden los representantes legales de los campesinos que se dicen afectados por la expropiación.
En este caso el Fifonafe y que es el único legitimado para ejercer la acción de reversión de tierras, tratándose de expropiación de bienes ejidales y comunales, se ve afectado porque debería devolver recursos financieros que le fueron entregados luego un acuerdo para no revertir en 1993 el decreto de expropiación sobre diversos terrenos que se encuentran dentro de la superficie que ahora reclaman los ejidatarios.
Por ello y al no ser emplazado el Fifonafe como tercero perjudicado en el juicio se violó las formalidades esenciales del procedimiento, pues se impidió a la dependencia el ser escuchado y presentar argumentos dentro del juicio donde se concedió el amparo a los ejidatarios que fueron representados por el despacho de Diego Fernández de Cevallos, llamado El Jefe Diego, y el ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia. México, D.F./Francisco Gómez (El Universal)
La SRA a través del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) presentó ante un tribunal colegiado de Tamaulipas una solicitud de amparo contra la sentencia con la que se pretende declarar nulo el decreto de expropiación de los terrenos donde se levantó la terminal marítima y que actualmente alberga a empresas nacionales y extranjeras que realizan ahí operaciones millonarias de embarque y desembarque de mercancías y productos.
El UNIVERSAL dio a conocer en su edición del pasado 9 de junio que el despacho de los abogados y ex funcionarios del (PAN), Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, ganó un amparo a favor de dos grupos de ejidatarios afectados por la expropiación de terrenos, con lo cual se pretendía forzar a la SCT a pagar una suma de casi mil 500 millones de pesos a cambio de no exigir la devolución de los terrenos.
Lo anterior fue rechazado por la SCT que anunció su decisión de recurrir a todos los medios legales para impedir pagar dos veces por esos terrenos o que se afecte la producción en el puerto de Altamira, situación a la que ahora se suma la SRA que pidió en su petición de amparo anular la sentencia que beneficio a los representados por Fernández de Cevallos y Lozano Gracia y en su lugar reponer el proceso en todos sus términos.
La SRA argumentó en su petición a un tribunal colegiado de Tamaulipas que nunca fue emplazada como tercero perjudicado dentro del juicio ganado por los ejidatarios, pese a que con el fallo fue a todas luces le causa daños y perjuicios en caso de ejecutarse la sentencia como pretenden los representantes legales de los campesinos que se dicen afectados por la expropiación.
En este caso el Fifonafe y que es el único legitimado para ejercer la acción de reversión de tierras, tratándose de expropiación de bienes ejidales y comunales, se ve afectado porque debería devolver recursos financieros que le fueron entregados luego un acuerdo para no revertir en 1993 el decreto de expropiación sobre diversos terrenos que se encuentran dentro de la superficie que ahora reclaman los ejidatarios.
Por ello y al no ser emplazado el Fifonafe como tercero perjudicado en el juicio se violó las formalidades esenciales del procedimiento, pues se impidió a la dependencia el ser escuchado y presentar argumentos dentro del juicio donde se concedió el amparo a los ejidatarios que fueron representados por el despacho de Diego Fernández de Cevallos, llamado El Jefe Diego, y el ex procurador de la República, Antonio Lozano Gracia. México, D.F./Francisco Gómez (El Universal)
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