Cisen subrogó servicios esenciales para el Estado: PRD

Presenta un punto de acuerdo en el Congreso para solicitar a la PGR información sobre las investigaciones a ex empleados del centro de investigación federal

El PRD en el Congreso solicitó informes sobre contratos celebrados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), porque “desde 2008 ha sido objeto de múltiples señalamientos que cuestionan sus actividades, caracterizándolas como parciales, infructuosas y poco serias”.
EL UNIVERSAL documentó entre mayo y julio de 2008 que el Cisen contrató a una empresa, propiedad de Laura Ballesteros, vinculada a prominentes panistas, lo que derivó en una investigación de la Auditoría Superior de la Federación y la presentación de una iniciativa de ley que intentó detener el PAN, pero que rescató el senador perredista Pablo Gómez al cierre del periodo ordinario de sesiones pasado.
El diputado Alfonso Suárez del Real presentó punto de acuerdo en el que solicita también a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre las investigaciones realizadas en torno a ex empleados del Cisen, presuntamente vinculados a actividades de espionaje, cuyo caso se dio a conocer la semana pasada.
El diputado sostiene que no sólo se ha calificado de poco serio el trabajo del Cisen, sino que su labor ha sido “tendente a realizar un seguimiento de diversas figuras políticas en vez de atender lo que, en esencia, debería ser su actividad primordial: la investigación de actividades que pudieran lesionar las instituciones democráticas y la pervivencia del Estado Mexicano”.
Para Suárez del Real el Cisen dio nuevas muestras de su ineficacia al informarse que la Procuraduría General de la República habría iniciado una averiguación previa en relación a actividades de espionaje desarrolladas por ex empleados del propio Centro.
Sin embargo, “ya desde hace más de un año, el señalamiento principal en contra del principal órgano civil de investigación del Estado Mexicano se centraba en que esta instancia habría subrogado algunas de sus actividades con lo cual estaría vulnerando su naturaleza jurídica y, en consecuencia, poniendo en riesgo la Seguridad Nacional de nuestro país”.
El diputado censuró que el Cisen recurra a esto a pesar de los esfuerzos de los legisladores para fortalecerlo, al incrementar sustanciosamente su presupuesto, con la intención única de establecer las condiciones mínimas para su adecuado funcionamiento.
“Sea con la investigación realizada por la empresa Consultores en Diseño de Estrategia Político Administrativa, que realizó una encuesta a los legisladores –como reveló EL UNIVERSAL- o con la utilización de los servicios de la empresa Centros de Servicio de Aviación Ejecutiva, responsables del mantenimiento del avión en el que falleció el anterior Secretario de Gobernación, lo único que queda demostrado es que esta instancia no es útil ni funcional y que el gobierno federal intenta desviar nuestra atención, para encubrir la subrogación de servicios esenciales para el Estado mexicano”.
Por ello, Suárez del Real consideró “imprescindible que el titular de ese Centro –Guillermo Valdés Castellanos- rinda un informe respecto de todos los contratos que ha celebrado, las actividades que ha realizado durante este período y, especialmente, proporcione información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron destinados, sin ampararse en la secrecía que le otorga la Ley de Seguridad Nacional ya que, como ha quedado demostrado, las actividades a las que se dedica ese Centro poco tienen que ver con ella”.
Cabe mencionar que a petición expresa con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, el Cisen mantiene reservados la mayoría de los contratos que celebra.No obstante, Suárez del Real propone que “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional una relación pormenorizada de los contratos celebrados por esa instancia que contenga el nombre o razón social del contratado, la actividad para la que fue contratado y el monto del contrato”.
También “se solicita al Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional informe respecto a los programas y estrategias desarrollados para la modernización y funcionamiento de esa Instancia”.
Y que “la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Procurador General de la República información pormenorizada del desarrollo de las investigaciones respecto a la Averiguación Previa iniciada por esa instancia que derivó en la emisión de la orden de captura en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios de la propia Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre los que se encuentran los señores Luis Miguel Dena Escalera, Alejandro Rodríguez Rosas y Yoseph Sheba Porat”. México, D.F./Jorge Ramos y Ricardo Gómez (El Universal)