El coordinador de los senadres del Partido del Trabajo puso en duda la Constitucionalidad del Operativo Michoacán, en materia de soberanía de los estados
La bancada del PT en el Senado presentará una iniciativa de reforma para eliminar el fuero militar y obligar a los miembros del Ejército que cometan abusos a ser juzgados ante autoridades civiles.
El coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, aceptó que actualmente el Ejército mexicano está “bajo la lupa” de organismos de derechos humanos, por la guerra que libra contra el narco, y la denuncia de abusos contra la sociedad civil.
Puso en duda la Constitucionalidad del Operativo Michoacán, en materia de soberanía de los estados.
"De los efectos inevitables de la guerra no convencional contra el crimen que el gobierno federal ha desplegado desde hace tres años, es que el Ejército se encuentra actualmente en la mira, en el escrutinio y bajo la lupa de organismos internacionales de justicia.
"En este momento se discuten los alcances del fuero militar en caso de violaciones de derechos humanos de los civiles, pero a medida que avance la estrategia de militarización de la seguridad pública vendrán otros puntos a discusión, como la constitucionalidad de la estrategia de seguridad pública, el papel de los congresos locales, los alcances de las fuerzas policiales locales, la soberanía de los estados, entre otros".
Monreal avaló la lucha contra el crimen organizado, aunque consideró que se trata de un combate "de buenos principios pero de malos modales".
Dijo que no es conveniente “desgastar” al Ejército, pues terminará por minar al propio gobierno del presidente Felipe Calderón, el único apoyo que tiene luego de las elecciones del 5 de julio.
“Siempre hemos sostenido que la guerra contra el crimen organizado tiene principios inobjetables, pero métodos altamente cuestionables. Es una guerra de buenos principios, pero de malos modales, y si estas estrategias fallidas se prolongan, van a terminar desacreditando los principios colectivamente aceptados. Entre otros, la aceptación social del Ejército como una de las instituciones más confiables para librar esta guerra”.
En ese sentido, se sumó a la petición de solicitar la comparecencia de los responsables de la Seguridad Pública. México, D.F./Jorge Ramos y Ricardo Gómez (El Universal)
El coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal, aceptó que actualmente el Ejército mexicano está “bajo la lupa” de organismos de derechos humanos, por la guerra que libra contra el narco, y la denuncia de abusos contra la sociedad civil.
Puso en duda la Constitucionalidad del Operativo Michoacán, en materia de soberanía de los estados.
"De los efectos inevitables de la guerra no convencional contra el crimen que el gobierno federal ha desplegado desde hace tres años, es que el Ejército se encuentra actualmente en la mira, en el escrutinio y bajo la lupa de organismos internacionales de justicia.
"En este momento se discuten los alcances del fuero militar en caso de violaciones de derechos humanos de los civiles, pero a medida que avance la estrategia de militarización de la seguridad pública vendrán otros puntos a discusión, como la constitucionalidad de la estrategia de seguridad pública, el papel de los congresos locales, los alcances de las fuerzas policiales locales, la soberanía de los estados, entre otros".
Monreal avaló la lucha contra el crimen organizado, aunque consideró que se trata de un combate "de buenos principios pero de malos modales".
Dijo que no es conveniente “desgastar” al Ejército, pues terminará por minar al propio gobierno del presidente Felipe Calderón, el único apoyo que tiene luego de las elecciones del 5 de julio.
“Siempre hemos sostenido que la guerra contra el crimen organizado tiene principios inobjetables, pero métodos altamente cuestionables. Es una guerra de buenos principios, pero de malos modales, y si estas estrategias fallidas se prolongan, van a terminar desacreditando los principios colectivamente aceptados. Entre otros, la aceptación social del Ejército como una de las instituciones más confiables para librar esta guerra”.
En ese sentido, se sumó a la petición de solicitar la comparecencia de los responsables de la Seguridad Pública. México, D.F./Jorge Ramos y Ricardo Gómez (El Universal)
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