Una proporción similar de entrevistados opinó también que se debería juzgar por falsos testimonios a esos agentes de la AFI, cuyas acusaciones se ha reconocido públicamente están llenas de contradicciones.
El sábado pasado en el diario español El País, Pablo Ordaz iniciaba su reportaje con una pregunta “¿Pudo doña Jacinta, una mujer indígena de 1.50 metros de estatura y 80 kilos de peso, secuestrar sin armas a seis policías de élite?”, e inmediatamente después sentenciaba: “Todo el mundo en su sano juicio respondería que no, menos un juez de Querétaro, en el centro de México, que la condenó sin escucharla a 21 años de prisión y la mantuvo entre rejas tres años y un mes. Hasta ayer. La Fiscalía General de la República, abrumada por la presión mediática, no tuvo más remedio que confesar que no tenía pruebas contra Jacinta Francisco Marcial, vendedora de nieves y aguas frescas”.
Ese mismo día nosotros preguntamos en una encuesta nacional qué, a juicio de los entrevistados, debería pasar con ese juez de Querétaro al que hace referencia Ordaz ahora que se ha reconocido que no se tenían elementos para sentenciar a Jacinta, y siete de cada 10 nos respondieron que al señor lo deberían cesar porque no puede ser juzgador quien sentenció habiendo tantas irregularidades en el caso.
Una proporción similar de entrevistados opinó también que se debería juzgar por falsos testimonios a esos agentes de la AFI, cuyas acusaciones se ha reconocido públicamente están llenas de contradicciones.
“Queda otra pregunta —termina Ordaz— más difícil de responder que la que abre esta crónica: ¿cuántas Jacintas más, mujeres indígenas y pobres, dormirán esta noche injustamente en alguna prisión mexicana?”, y nosotros se lo preguntamos también a las personas que entrevistamos y 73% respondió que son muchos otros los que, de manera injusta, están en prisión, y al preguntarles expresamente sobre Teresa y Alberta, las otras dos mujeres sentenciadas por las mismas causas que a Jacinta, ocho de cada 10 coincidieron en que permanecen presas injustamente y también deben ser puestas en libertad, porque si para el caso de Jacinta se consideró que no se tenían suficientes pruebas, entonces en los juicios de las otras dos mujeres tampoco se tuvieron.
Al final de la entrevista le preguntamos a los encuestados qué pensaban en general del sistema de impartición de justicia mexicano, y como muestra de qué tan laxos somos en este país para juzgar a nuestras autoridades, aún cuando siete de cada 10 se habían pronunciado negativamente en las cuestiones sobre el juicio de Jacinta, Alberta y Teresa, y una proporción similar piensa que hay muchos casos de injusticia similares en nuestro país, aún así al preguntarles sobre la calidad de la impartición de justicia en México, el porcentaje de quienes la calificaron negativamente apenas fue de 49%, mientras que 43% de los entrevistados nos dijo que el sistema es bueno, aunque se comenten algunos errores. México, D.F
Ese mismo día nosotros preguntamos en una encuesta nacional qué, a juicio de los entrevistados, debería pasar con ese juez de Querétaro al que hace referencia Ordaz ahora que se ha reconocido que no se tenían elementos para sentenciar a Jacinta, y siete de cada 10 nos respondieron que al señor lo deberían cesar porque no puede ser juzgador quien sentenció habiendo tantas irregularidades en el caso.
Una proporción similar de entrevistados opinó también que se debería juzgar por falsos testimonios a esos agentes de la AFI, cuyas acusaciones se ha reconocido públicamente están llenas de contradicciones.
“Queda otra pregunta —termina Ordaz— más difícil de responder que la que abre esta crónica: ¿cuántas Jacintas más, mujeres indígenas y pobres, dormirán esta noche injustamente en alguna prisión mexicana?”, y nosotros se lo preguntamos también a las personas que entrevistamos y 73% respondió que son muchos otros los que, de manera injusta, están en prisión, y al preguntarles expresamente sobre Teresa y Alberta, las otras dos mujeres sentenciadas por las mismas causas que a Jacinta, ocho de cada 10 coincidieron en que permanecen presas injustamente y también deben ser puestas en libertad, porque si para el caso de Jacinta se consideró que no se tenían suficientes pruebas, entonces en los juicios de las otras dos mujeres tampoco se tuvieron.
Al final de la entrevista le preguntamos a los encuestados qué pensaban en general del sistema de impartición de justicia mexicano, y como muestra de qué tan laxos somos en este país para juzgar a nuestras autoridades, aún cuando siete de cada 10 se habían pronunciado negativamente en las cuestiones sobre el juicio de Jacinta, Alberta y Teresa, y una proporción similar piensa que hay muchos casos de injusticia similares en nuestro país, aún así al preguntarles sobre la calidad de la impartición de justicia en México, el porcentaje de quienes la calificaron negativamente apenas fue de 49%, mientras que 43% de los entrevistados nos dijo que el sistema es bueno, aunque se comenten algunos errores. México, D.F
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