Llama la atención la lista de dueños de las mil 417 estancias infantiles subrogadas, dijo la diputada
Ante los hechos ocurridos el 5 de junio del presente año en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la diputada Diva Hadámira Gastelum Bajo (PRI) propuso que el Estado retome su responsabilidad y garantice la seguridad de los infantes en las estancias tanto del IMSS como en las subrogadas.
Además planteó que en el manejo de la subrogación se pondere la transparencia, “ya que las guarderías se han convertido en un negocio de grandes dividendos”.
La legisladora recordó que en la sesión ordinaria del pasado miércoles presentó una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social en sus artículos 202, 203, 204 y 213, con el fin de que en las instancias infantiles se garantice a los menores su seguridad; integridad física y emocional.
Asimismo, para que los convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios que celebre el IMSS con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos y reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas, se otorguen mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-167 SSA1-1997.
Es momento, dijo la diputada federal, de reflexionar a fondo. “La tragedia en Sonora es el reflejo de una serie de fallas y omisiones en la planeación y realización de políticas públicas. El problema radica en que el Estado ha ido abdicando de sus responsabilidades.
“Hace varios años, el IMSS inició un proceso de privatización y depauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación”, refirió.
Destacó que la privatización y la subrogación han implicado la no supervisión y la falta de modelos de operación que garanticen la calidad de los servicios y la seguridad de las personas asistidas en las estancias.
Dijo que a la fecha, el IMSS puede atender sólo a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías, aun con las subrogadas, cubriendo apenas el 24 por ciento (228 mil infantes), frente a una demanda potencial de 935 mil.
Actualmente, abundó, existen mil 417 guarderías subrogadas y la lista de sus propietarios llama la atención y habla de una falta inaceptable de control y de transparencia.
“Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204”.
Recordó que en los primeros años después que la prestación de guarderías quedara inscrita en la Ley del Seguro Social, se construyeron y operaron 145 estancias, basadas en un modelo de atención de alta calidad, que fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.
Sin embargo, refirió Gastelum Bajo, de acuerdo con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2002, 2003 y 2005, se hizo evidente la falta de calidad de los servicios y de seguridad básica en las edificaciones.
Concluyó que todos estos cambios responden a la intención de desmantelar el Estado benefactor, de socializar los ahorros y cargar las pérdidas a los más desprotegidos para privatizar las ganancias y los privilegios.
Ante los hechos ocurridos el 5 de junio del presente año en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la diputada Diva Hadámira Gastelum Bajo (PRI) propuso que el Estado retome su responsabilidad y garantice la seguridad de los infantes en las estancias tanto del IMSS como en las subrogadas.
Además planteó que en el manejo de la subrogación se pondere la transparencia, “ya que las guarderías se han convertido en un negocio de grandes dividendos”.
La legisladora recordó que en la sesión ordinaria del pasado miércoles presentó una iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social en sus artículos 202, 203, 204 y 213, con el fin de que en las instancias infantiles se garantice a los menores su seguridad; integridad física y emocional.
Asimismo, para que los convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios que celebre el IMSS con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos y reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas, se otorguen mediante licitación pública, atendiendo la Norma Oficial Mexicana NOM-167 SSA1-1997.
Es momento, dijo la diputada federal, de reflexionar a fondo. “La tragedia en Sonora es el reflejo de una serie de fallas y omisiones en la planeación y realización de políticas públicas. El problema radica en que el Estado ha ido abdicando de sus responsabilidades.
“Hace varios años, el IMSS inició un proceso de privatización y depauperización de las guarderías. Se decidió que el costo por niño era muy alto y que debía ahorrarse en este rubro, por lo que se optó por disminuir el presupuesto por infante e iniciar el proceso de subrogación”, refirió.
Destacó que la privatización y la subrogación han implicado la no supervisión y la falta de modelos de operación que garanticen la calidad de los servicios y la seguridad de las personas asistidas en las estancias.
Dijo que a la fecha, el IMSS puede atender sólo a uno de cada cuatro niños que requieren guarderías, aun con las subrogadas, cubriendo apenas el 24 por ciento (228 mil infantes), frente a una demanda potencial de 935 mil.
Actualmente, abundó, existen mil 417 guarderías subrogadas y la lista de sus propietarios llama la atención y habla de una falta inaceptable de control y de transparencia.
“Lo más grave es que, según hemos visto después de la tragedia, no había un modelo de atención ni de supervisión que garantizara la seguridad de los niños ni la calidad de los servicios que describe con precisión la Ley del Seguro Social en los artículos 201 a 204”.
Recordó que en los primeros años después que la prestación de guarderías quedara inscrita en la Ley del Seguro Social, se construyeron y operaron 145 estancias, basadas en un modelo de atención de alta calidad, que fueron durante un tiempo orgullo de la seguridad social mexicana.
Sin embargo, refirió Gastelum Bajo, de acuerdo con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2002, 2003 y 2005, se hizo evidente la falta de calidad de los servicios y de seguridad básica en las edificaciones.
Concluyó que todos estos cambios responden a la intención de desmantelar el Estado benefactor, de socializar los ahorros y cargar las pérdidas a los más desprotegidos para privatizar las ganancias y los privilegios.
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