En un documento enviado a la Cámara de Diputados sostiene que no procede la reparación del daño porque sólo se admitieron 'dudas', mas no su inocencia
La Procuraduría General de la República (PGR) rechazó reparar el daño causado a una indígena otomí que pasó tres años en prisión bajo cargos de secuestro y fue liberada luego de que las autoridades admitieron ''dudas'' sobre su culpabilidad.
La PGR señaló el martes en un documento enviado a la Cámara de Diputados que no procede la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial porque sólo se admitieron ''dudas'', mas no su inocencia.
Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, exigieron a las autoridades compensar a Francisco, de 46 años, quien fue liberada la semana pasada después de estar en prisión desde 2006 acusada del secuestro de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la piratería y tráfico de drogas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, a más de 190 kilómetros al noroeste de la ciudad de México.
La PGR consideró que la ''duda razonable'' sólo implica retirar los cargos, ''pero de ninguna manera por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia'' de Francisco.
El caso de la mujer atrajo la atención nacional e internacional tras advertirse contradicciones e inconsistencias en su proceso.
Francisco fue sentenciada en 2006 a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de los agentes.
Amnistía Internacional la declaró en agosto de 2009 como ''prisionera de conciencia'', con lo cual era vista como una persona inocente que fue encarcelada sólo por tratarse de una indígena con limitado acceso a la justicia. México, D.F.
La PGR señaló el martes en un documento enviado a la Cámara de Diputados que no procede la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial porque sólo se admitieron ''dudas'', mas no su inocencia.
Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, exigieron a las autoridades compensar a Francisco, de 46 años, quien fue liberada la semana pasada después de estar en prisión desde 2006 acusada del secuestro de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la piratería y tráfico de drogas en Santiago Mexquititlán, Querétaro, a más de 190 kilómetros al noroeste de la ciudad de México.
La PGR consideró que la ''duda razonable'' sólo implica retirar los cargos, ''pero de ninguna manera por haberse acreditado el reconocimiento de inocencia'' de Francisco.
El caso de la mujer atrajo la atención nacional e internacional tras advertirse contradicciones e inconsistencias en su proceso.
Francisco fue sentenciada en 2006 a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de los agentes.
Amnistía Internacional la declaró en agosto de 2009 como ''prisionera de conciencia'', con lo cual era vista como una persona inocente que fue encarcelada sólo por tratarse de una indígena con limitado acceso a la justicia. México, D.F.
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