La Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Economía un punto de acuerdo que propone exhortar al titular del Ejecutivo federal a que solicite a la Secretaría de Economía (SE) retirar la concesión de la Mina de Cobre Mexicana de Cananea a la empresa Minera México, SA de CV.
El diputado proponente, Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM), consideró en la exposición de motivos que “hay incapacidad manifiesta de la empresa para sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea”.
Dijo que los 35 mil habitantes enfrentan una “situación socialmente dramática”, ya que la economía de la región depende de la minería y que a más de dos años de huelga se han cerrado comercios, perdido empleos en otras áreas asociadas y suspendido los servicios de gas, agua y energía eléctrica.
Por ello, la propuesta plantea que la SE promueva un programa especial de reactivación económica en la región que incluya la dotación de servicios básicos.
“Lo que está pasando en Cananea debe ser considerado en el planteamiento que se haga para una reforma laboral que concilie los derechos de los trabajadores con los de una comunidad que, como Cananea, tiene en la explotación de esa fuente de recursos su sustento y forma de vida”, señaló.
Adelgazar la administración pública federal
El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) presentó un punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Administración Pública Federal, a fin de recortar “la obesidad” de la estructura gubernamental.
Luego de referir que el Ejecutivo propuso la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria y de Turismo, el legislador dijo que la administración pública “es muy obesa, así como poco racional, moderna, profesional y eficaz, pero que se requiere un análisis de fondo y no coyuntural para analizar funcionamiento y cumplimiento de objetivos de las diversas dependencias de la administración pública. La proposición fue enviada a la Comisión de Vigilancia de la Auditaría Superior de la Federación.
Acreditación de educación preescolar en centros comunitarios
A fin de exhortar a la SEP a agilizar los trámites para que se extienda la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la Acreditación de la Educación Preescolar en centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, la diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) presentó un punto de acuerdo.
La legisladora dijo que el programa referido llegó a su término, al concluir el ciclo escolar 2008-2009, por lo que actualmente estos centros comunitarios se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.
“Hacemos un llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se agilicen los trámites de la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa”, expresó. El documento fue enviado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Comisión Especial para la agroindustria azucarera
A la Junta de Coordinación Política se remitieron dos puntos de acuerdo por los que se propone la creación una Comisión Especial para atender los problemas relativos a la agroindustria azucarera.
La primera propuesta fue presentada por la diputada Guadalupe García Almanza (Convergencia) que expresó en tribuna: “Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, la caída de los precios de exportación y una mayor utilización de jarabes de maíz de alta fructosa y edulcorantes sintéticos; además enfrentamos fuerte endeudamiento de ingenios, excesiva regulación y escasez de créditos”.
Señaló que con la apertura comercial del sector en 2008 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector azucarero requiere de una protección adecuada, pues se encuentra amenazado por las condiciones en que nuestro país firmó las cartas paralelas del TLC.
El diputado Tomás Carrillo Sánchez (PRI) presentó el segundo punto de acuerdo y dijo que el sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en 15 entidades, con influencia en 227 municipios.
El sector, enfatizó, representa el 0.5 por ciento del Producto Interno Agropecuario y 8.4 por ciento del PIB alimentario, además, subrayó emplea a 2.5 millones de personas.
Dijo que el cultivo de caña de azúcar es visto como un nicho de oportunidad para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, ya que puede generar fuertes inversiones en el sector agrícola e industrial que atenuarían el agudo desempleo. Por ello planteó crear la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.
El diputado proponente, Carlos Samuel Moreno Terán (PVEM), consideró en la exposición de motivos que “hay incapacidad manifiesta de la empresa para sostener la titularidad de la concesión, en perjuicio de los habitantes de Cananea”.
Dijo que los 35 mil habitantes enfrentan una “situación socialmente dramática”, ya que la economía de la región depende de la minería y que a más de dos años de huelga se han cerrado comercios, perdido empleos en otras áreas asociadas y suspendido los servicios de gas, agua y energía eléctrica.
Por ello, la propuesta plantea que la SE promueva un programa especial de reactivación económica en la región que incluya la dotación de servicios básicos.
“Lo que está pasando en Cananea debe ser considerado en el planteamiento que se haga para una reforma laboral que concilie los derechos de los trabajadores con los de una comunidad que, como Cananea, tiene en la explotación de esa fuente de recursos su sustento y forma de vida”, señaló.
Adelgazar la administración pública federal
El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) presentó un punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría de desempeño al funcionamiento programático de la Administración Pública Federal, a fin de recortar “la obesidad” de la estructura gubernamental.
Luego de referir que el Ejecutivo propuso la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, de la Reforma Agraria y de Turismo, el legislador dijo que la administración pública “es muy obesa, así como poco racional, moderna, profesional y eficaz, pero que se requiere un análisis de fondo y no coyuntural para analizar funcionamiento y cumplimiento de objetivos de las diversas dependencias de la administración pública. La proposición fue enviada a la Comisión de Vigilancia de la Auditaría Superior de la Federación.
Acreditación de educación preescolar en centros comunitarios
A fin de exhortar a la SEP a agilizar los trámites para que se extienda la vigencia del Programa Especial 2005-2009 para la Acreditación de la Educación Preescolar en centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, la diputada Elsa María Martínez Peña (Nueva Alianza) presentó un punto de acuerdo.
La legisladora dijo que el programa referido llegó a su término, al concluir el ciclo escolar 2008-2009, por lo que actualmente estos centros comunitarios se encuentran impedidos para impartir educación preescolar con reconocimiento oficial.
“Hacemos un llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se agilicen los trámites de la aprobación del acuerdo 358, por el que se extiende la vigencia del Programa”, expresó. El documento fue enviado a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Comisión Especial para la agroindustria azucarera
A la Junta de Coordinación Política se remitieron dos puntos de acuerdo por los que se propone la creación una Comisión Especial para atender los problemas relativos a la agroindustria azucarera.
La primera propuesta fue presentada por la diputada Guadalupe García Almanza (Convergencia) que expresó en tribuna: “Tenemos un sector azucarero con una excesiva producción frente a un mercado restringido, la caída de los precios de exportación y una mayor utilización de jarabes de maíz de alta fructosa y edulcorantes sintéticos; además enfrentamos fuerte endeudamiento de ingenios, excesiva regulación y escasez de créditos”.
Señaló que con la apertura comercial del sector en 2008 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector azucarero requiere de una protección adecuada, pues se encuentra amenazado por las condiciones en que nuestro país firmó las cartas paralelas del TLC.
El diputado Tomás Carrillo Sánchez (PRI) presentó el segundo punto de acuerdo y dijo que el sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en 15 entidades, con influencia en 227 municipios.
El sector, enfatizó, representa el 0.5 por ciento del Producto Interno Agropecuario y 8.4 por ciento del PIB alimentario, además, subrayó emplea a 2.5 millones de personas.
Dijo que el cultivo de caña de azúcar es visto como un nicho de oportunidad para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, ya que puede generar fuertes inversiones en el sector agrícola e industrial que atenuarían el agudo desempleo. Por ello planteó crear la Comisión Especial para analizar los problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar.
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